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Onda expansiva de convención colorada llegará a la Justicia con acciones de inconstitucionalidad

Movimientos internos plantearán inconstitucionalidad de prórroga de mandatos resuelta en la ANR. Foto: Archivo

Movimientos internos plantearán inconstitucionalidad de prórroga de mandatos resuelta en la ANR. Foto: Archivo

La convención colorada del sábado pasado, que resolvió prorrogar los mandatos de las autoridades partidarias, lejos de pacificar los ánimos internos terminó agitándolos, fundamentalmente entre aquellos liderazgos y movimientos que no necesariamente interpretan la unidad partidaria proclamada desde la conducción como un espacio abstraído del ejercicio republicano y democrático, y que se disponen a judicializar lo resuelto en la convocatoria.

“Esto supera cualquier ficción por su temeridad”, señaló el doctor Edmundo Rolón, del movimiento Nueva República, que ya el viernes antes de la Convención encaminó un amparo en la Justicia Electoral, que fue rechazado porque “el juez sencillamente se negó a estudiar el fondo de la cuestión”, según dijo. Agregó que en la ocasión le comentaron que “el magistrado estaba asustado, que no hay garantías, y cuando un juez no se anima a entender en un tema es que estamos en la barbarie de vuelta”.

Rolón opinió que “lo más grave” de lo resuelto el sábado en la Convención partidaria de la ANR “es que interrumpe el estado de derecho, decidiendo algo contra la Constitución Nacional, el Código Electoral y el Estatuto del partido, que no hacen referencias a un mandato o plazo superior de mandato a los 5 años”.

“Entonces, lo que el viernes cuando presentamos nuestro amparo era una amenaza, una situación inminente, hoy es un hecho consumado y abiertamente ilegal”, afirmó. Dijo que contrariamente a lo que sostienen el titular colorado Pedro Alliana de que la prórroga es sólo hasta 2022 “no es cierto”, porque la extensión se decidió “hasta que existan nuevas autoridades electas”, y por el calendario electoral “esta misma cúpula que hoy usurpa la conducción del partido se va a mantener hasta después de 2023”. “Y estamos hablando entonces de una extensión de mandato de siete, ocho o nueve años”, calculó.

Rolón afirmó que “estamos frente a una ilegalidad que forma parte de un proceso de debilitamiento y usurpación del partido; y un partido política es un ente de derecho público, fundamental en una democracia representativa”.

Como la Enmienda

El ex diputado y dirigente colorado comparó lo sucedido el fin de semana con lo ocurrido cuando Horacio Cartes buscaba la enmienda constitucional para habilitar la figura de la reelección presidencial, lo que se sabe derivó en la violenta noche del 31-M donde fue asesinado el joven liberal Rodrigo Quintana.

“Considero que es algo parecido, eso también era ilegal, era una inconstitucionalidad total”, dijo Rolón, argumentando que a diferencia de aquella situación en que “se quería modificar algo por fuera de lo previsto, que era la amenaza real, en este caso tenemos un hecho consumado de violación constitucional”.

Analizó que esto puede observarse a simple vista, sin necesidad de “entrar a investigar la forma en que se realizó la Convención, el medio tecnológico, la plataforma virtual, que también habría que auditar, si fue legal o no, si los acreditados eran quienes realmente decían ser”.

Rolón consideró que “Paraguay tiene que recuperar el estado de derecho, porque con estos antecedentes mañana podrían plantear la extensión de mandato de los parlamentarios, hasta del Presidente de la República”.

Judicializar

El abogado y exdiputado adelantó que su movimiento no se quedará sentado frente a este hecho consumado que consideran abiertamente ilegal, y que encaminarán una acción de inconstitucionalidad que declare nula la resolución de la Convención respecto de la prórroga de los mandatos y obligue a la conducción partidaria a convocar a elecciones internas para renovación de autoridades.

Sobre las afirmaciones del presidente colorado, de que la controvertida decisión de extender su permanencia al frente del partido es “legal y con elementos probatorios”, Rolón argumentó que “acá los únicos elementos probatorios son la Constitución y las leyes”, y le recomendó a Alliana “centrarse y centrar su actuar en la ley, porque él como hombre público no puede hacer ni promover lo que se hizo; no puede actuar de forma contraria a la Constitución, al Estatuto y el Código Electoral, ni él ni el resto de la camarilla que tiene secuestrado al partido colorado”. Rolón afirmó que “tampoco los convencionales tienen la facultad de violar la Constitución”, porque “acá no se trata de mayorías, ni de fuerza, se trata de lo que está permitido y no está permitido; y lo que hicieron no está permitido”.

Dijo que sobre esto la discusión “no es política, no tiene que ver con los votos, ni con las mayorías (en las que Alliana sostiene respaldarse)”, porque “estamos hablando de algo que no es legal, y por lo tanto es nulo”.

Consideró que por esta misma razón los argumentos de Alliana de garantizarle a Mario Abdo Benítez la necesaria gobernabilidad con la extensión de los mandatos “no tiene sentido” y suena a “extorsión”, porque “no veo por qué ajustarse a lo que dice la ley tendría que afectar la gobernabilidad del gobierno, si somos colorados como el gobierno; yo no tengo ningún interés que al gobierno de Abdo le vaya mal; si le va mal no tenemos chance de tener la confianza de la ciudadanía en 2023”.

“Nosotros queremos corregir el desatinado actuar del Partido que extorsiona al gobierno y lo hace cómplice de estos atropellos a las instituciones”, señaló Rolón, invitando a los demás sectores democráticos de la ANR a llevar la situación a la Justicia.

Sobre las amenazas del senador Enrique Riera de promover también una acción de inconstitucionalidad desde su movimiento, Rolón señaló que espera que el parlamentario cumpla, porque “hasta el momento Enrique sólo hace buenos discursos, pero no se lo ve decidido del todo, y este es un momento en que tenemos que dar el ejemplo de nuestro compromiso republicano y adecuarnos a la ley”.

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