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Fabián Cáceres: “Fondos sociales son fálcilmente incorporables al PGN”

El exgerente técnico de la ANDE, ingeniero Fabían Cáceres, puso en tela de juicio la legalidad de los fondos socxiales de las binacionales. Foto: Archivo

El exgerente técnico de la ANDE, ingeniero Fabían Cáceres, puso en tela de juicio la legalidad de los fondos socxiales de las binacionales. Foto: Archivo

El ingeniero Fabián Cáceres Cadogan, exgerente técnico de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y quien renunciara junto al entonces presidente de la empresa, el ingeniero Pedro Ferreira, en los días en que salió a la luz la polémica acta por Itaipú que puso al presidente Mario Abdo Benítez a las puertas de un juicio político, cuestionó el origen de los fondos sociales de las binacionales, a la vez que afirmó que son “fácilmente incorporables” al Presupuesto General de Gastos.

“El Tratado de Itaipú tiene una parte principal y después tiene sus tres anexos; en el Tratado se establecen las normativas que se consideraron que en el tiempo no iban a variar, y en los anexos lo que se entendió que podría ir ajustándose, como el famoso Anexo C, que refiere a costos, ingresos, pero en ninguna parte estipula estos fondos sociales y ambientales”, señaló Cáceres a El Nacional.

Dijo que esto es así, porque “el objeto de Itaipú es el aprovechamiento de los recursos hidráulicos del río Paraná para generar electricidad, contribuir a partir de ahí al desarrollo del país”, pero en septiembre de 2003, el Consejo de Administración de la usina “modificó el objeto, y para no contar que lo habían modificado, redefinieron la Misión de Itaipú, incorporando el aspecto social y ambiental”.

De hecho, en la página web de la Binacional se lee como Misión de Itaipú “generar energía eléctrica de calidad, con responsabilidad social y ambiental, contribuyendo con el desarrollo sostenible en el Paraguay y en el Brasil”.

“Con esa definición que fue aprobada por el Consejo, que no se elevó a las altas partes del Tratado, que no se hizo Nota Reversal, ni se dio intervención a los parlamentos de Paraguay y Brasil, se crearon las figuras de los gastos sociales, y se incorporaron diversas instancias, como unidades y nuevas direcciones”, señaló Cáceres. Afirmó que en 2015, la misma Contraloría General de la República “en una evaluación había considerado que esto no era legal, que debería haberse aprobado por los canales institucionales de los dos países”.

La explicación del exfuncionario de la ANDE es por lo menos curiosa, sino oportuna, por cuanto el principal argumento del veto del Gobierno son los Tratados que dieron origen a ambas binacionales, solo modificables mediante notas reversales ratificadas por los parlamentos, o en instancias de negociación como la de 2023. La conclusión hasta suena lógica: Si los fondos sociales no figuran en los Tratados, no hay nada que objetar.

Cáceres señaló que así como “es muy cuestionado el origen” de estos fondos, también su utilización se hace “por fuera de las normativas vigentes dentro de las leyes nacionales, sin control de la Contraloría, y al margen de la Ley de Contrataciones Públicas”.

“La priorización de uso que hacen es también totalmente política; ellos deciden a qué escuela ayudar, qué puente hacer, cuando el Estado tiene al Ministerio de Obras Públicas, de Salud; tiene al Ministerio de Educación, que son los organismos naturales para canalizar el presupuesto de inversión pública”, agregó.

“Está todo desnaturalizado, ese dinero es de los paraguayos y debería ir al Presupuesto General de Gastos, y al margen de las discusiones hay un mecanismo sencillo que es la transferencia de las binacionales a instituciones públicas como la ANDE”, afirmó.

Mecanismo

El exgerente Técnico de la empresa estatal de energía, aclaró que su opinión no se dirige contra del Decreto N° 4.362 del presidente Abdo Benítez vetando el proyecto de Ley N° 6640/2020, que incorpora los fondos sociales de Itaipú y Yacyretá al Presupuesto General de Gastos para destinarlos a Salud y Educación, y tampoco contra el proyecto, sino que se orienta a mostrar que esos recursos son “fácilmente transferibles” sin necesidad de una ley adicional.

“Estoy totalmente convencido que esa transferencia se puede hacer, tal vez no como se planteó, sino transfiriendo los fondos a la ANDE y que a partir de ahí entren a formar parte del PGN”, indicó Cáceres.

Explicó que “ya existe un mecanismo que está vigente: la ANDE recibe todos los años las compensaciones que le corresponden conforme el Anexo C; año a año la ANDE presupuesta y entra en el Presupuesto, y se destina a lugares donde se necesita; la ANDE transfiere a Hacienda el aporte intergubernamental, unos U$S 20 millones”. “Es un mecanismo sencillo, el Consejo de Itaipú se reúne y propone que estos gastos sociales se transfieran por ese sistema y no hay problemas”, agregó.

“Ahora mismo, hoy mismo, se puede reunir el Consejo de Itaipú y aprobar esa transferencia”, afirmó. Explicó que de ahí en más, la ANDE solo necesita pedirle a Hacienda una ampliación presupuestaria para incorporarlos”. “Y la misma cosa con Yacyretá”, afirmó.

Cáceres señaló a este diario que “como conocedor del sistema eléctrico paraguayo hubiera soñado que esa plata se le dé a la ANDE para que invierta en su sistema, para que el tan mentado desarrollo se haga a partir de la energía”.

Polémica

La polémica por la negativa del oficialismo a incorporar los fondos sociales de las binacionales al Presupuesto General de Gastos, sumó otro capítulo ayer, con más acusaciones de la oposición al gobierno, y con una sorpresiva intervención del jefe de Gabinete Juan Ernesto Villamayor.

Según el secretario de Estado, la incorporación de los fondos sociales al PGN podría salvarse con un tecnicismo. En declaraciones a radio Monumental, Villamayor argumentó que las partidas socio ambientales de Itaipú y Yacyretá podrían agregarse al Presupuesto 2021, como pretende la oposición, no ya con la ley vetada por el Presidente, sino a través de la figura de “ampliaciones presupuestarias”.

“Para hacerlo, solo se necesita agregar un artículo a la ley del presupuesto, artículo cuyo proyecto ya se remitió al Congreso”, explicó Villamayor, en lo que podría interpretarse como un cambio de opinión del gobierno respecto al uso de tales fondos sociales, en medio de una controversia pública que ya había empezado a minar su imagen.

Sin embargo, desde la Cámara de Diputados, que es donde arrecian las críticas más duras contra el gobierno por el veto, se espera que el grueso de legisladores colorados acompañe las objeciones del Poder Ejecutivo; no así en el Senado, donde según los cálculos más optimistas de la oposición hay número suficiente para el rechazo.

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