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Salud Pública colapsa, en el pico más alto de la pandemia

Las camas ocupadas en el Área de Contingencias del Hospital de Clínicas están cien por ciento ocupadas. Foto: Gentileza.

Las camas ocupadas en el Área de Contingencias del Hospital de Clínicas están cien por ciento ocupadas. Foto: Gentileza.

Sin camas de Terapia Intensiva, sin medicamentos, sin vacunas, el sistema de Salud Pública colapsaba este martes, mientras el país enfrenta lo que parece ser el pico de la pandemia de Covid-19, cuya llegada se diluyó el año pasado entre anuncio y anuncio, y que hoy eclosiona con un promedio sostenido de 20 muertes, y entre 1.000 y 1.100 casos nuevos por día.

A la par, el gobierno de Mario Abdo Benítez no consigue acertar una buena noticia con relación a las vacunas. Preso de la inercia y ganado por la incertidumbre, no reacciona al clamor de médicos, terapistas, enfermeras, por medicamentos e insumos hasta de los más básicos; tampoco a la angustia de los enfermos, y de los parientes que se aglomeran afuera de los nosocomios, en sus propios territorios de necesidades. Las escenas se repiten, con hileras de pacientes arrojados a los pasillos de los hospitales, multiplicando la tragedia cotidiana de los últimos 100 años; sólo que ahora cobra por fin su verdadera dimensión de fatalidad, y muestra al sistema de salud cómo realmente es: monstruoso y famélico.

El anuncio del director de Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (Ineram), doctor Felipe González, poniendo su cargo a disposición del ministro Julio Mazzoleni, es la expresión máxima de la sideral desconexión del Ministerio con los problemas reales del sistema de salud en el país, en el contexto de la pandemia de Covid-19. “Llegué al límite”, afirmó el médico; agobiado por la “falta de elementos”, y con “profunda decepción”, según dijo.

Al cierre de nuestra edición del martes, desde la oficina del Ministro no había trascendido ninguna reacción oficial, pero es de esperarse que Salud responda ocupándose de los reclamos de medicamentos, insumos, equipos, camas, que a esta altura de la situación tampoco son ya sectoriales, sino ciudadanos, masivos. Según anuncios oficiales, la cartera de Mazzoleni tiene asignados recursos por unos U$S 400 millones. A la vez, registra una ejecución presupuestaria bajísima, que en el contexto de la pandemia se torna indisimulable y proyecta, por lo menos, incompetencia. A lo largo de la emergencia, que cumple un año este mes, la gestión de Salud Pública fue de mayor a menor en la acción y en la consideración pública. El Ministro pasó de héroe sin capa a villano favorito casi sin escalas; diariamente es blanco predilecto de todas las críticas, de sectores de la oposición política, asociaciones ciudadanas, y hasta gremios de médicos y trabajadores de la salud.

Es cierto que al comienzo de la pandemia, la cartera de Mazzoleni manejó inteligentemente y a tiempo la situación, colocando incluso a Paraguay en la vanguardia latinoamericana de la lucha contra el Covid-19; el gobierno tocó el cielo con las manos, pero lo prolongado y extenso de la emergencia terminó en un baño de realidad, con el sistema al límite, y una capacidad de gestión evidentemente extraviada, aun contando con los recursos financieros, que es lo que la hace inexplicable.

Hospitales desabastecidos

El Ineram es el centro de referencia nacional del combate al coronavirus. No es difícil suponer que si en el Ineram no hay, qué se puede esperar de los hospitales distritales de Ñemby, San Juan Nepomuceno, Curuguaty, Santaní.

“Estamos ya colapsados. No hay más camas para ingresar pacientes. En estos días había pacientes que compartían el oxígeno mientras aguardaban una cama, a ver si se liberaba algo. No hay más camas, ni médicos”, señalaba anoche a El Nacional un médico residente del Hospital Nacional de Itauguá, otro de los centros sanitarios de referencia del país.

En 2018 se contaban con 270 camas de Terapia Intensiva (UTI). Al inicio de 2020, poco antes de la pandemia, Salud agregó 35; y luego ya en la emergencia duplicó el total a 609 camas; también se construyeron hospitales de contingencia para los casos de coronavirus; pero, sin embargo, la situación indica que no fue suficiente, y que además con una cadena de suministros médicos abatida por el desabastecimiento, resulta inviable.

La cuestión de las vacunas, muestra por demás el extravío del gobierno. Mientras naciones hermanas, como Chile y Argentina, llevan adelante campañas masivas con las vacunas rusa y china, especialmente; nuestro país adquirió una muy risible cantidad de dosis de la Sputnik V, que ni siquiera alcanzan a cubrir el total del personal de blanco, que son los más expuestos al virus, y cuyas filas registran también sus caídos: 4000 dosis para inmunizar a 2.000 trabajadores de blanco, entre personal médico y de enfermería.

A más de 10 días de haber recibido la carga desde Moscú, todavía no se ha concluido con la aplicación de las primeras dosis a estas 2.000 personas. El bajo rendimiento en la inoculación se muestra también como un problema a corregir; el ritmo de vacunación estuvo en el centro del debate sobre la planificación de las campañas en Chile y Argentina, dos naciones sudamericanas que reciben regularmente miles de vacunas chinas y rusas; y en el caso de Chile también la estadounidense Pfizer; con campañas que además están dando resultados positivos y visibles.

Chile lidera el ranking de países de la región con la mayor población inmunizada, más de 3 millones de personas, por delante de México, Brasil, Argentina y España. Argentina, apenas pasa el cuarto de millón de inoculados, pero la campaña se sostiene con el incesante arribo de más vacunas. Ambos países, sin embargo, no pudieron escapar a los escándalos de los vacunatorios VIP, la expresión más bizarra de la corrupción en tiempos de pandemia. El caso argentino fue el último; antes, hubo en Perú, Chile, Ecuador; todos con el mismo común denominador de la degradación moral de la clase política.

Aquí, nadie sabe con exactitud el arribo de las dosis suficientes de vacunas para el lanzamiento de una campaña masiva de vacunación contra el Covid-19. El ministro de Salud habló hace unos días de la llegada de otras 36 mil dosis de la rusa Sputnik, cifra de nuevo declaradamente insuficiente. Mazzoleni dijo que llegaban en marzo, aunque no precisó la fecha. El mecanismo Covax, por el que se espera la mayor cantidad de dosis, que el gobierno dice, además, haber pagado en octubre de 2020, reveló por otra parte su ineficacia para atender la demanda de los países más pobres del planeta, entre los que se encuentra Paraguay. Tampoco es gratis, pero nació diseñado para enfrentar la especulación de precios y el acaparamiento por parte de los países más ricos, que según cifras de fuentes muy creíbles acaparan el 75% de todas las vacunas disponibles en el mundo. Es un problema, pero también es cierto que Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, México, Venezuela, etc, están ya vacunando a su población.

Negocio del siglo

La desesperación de los gobiernos por las vacunas contra el coronavirus exhibió también la impudicia de las corporaciones farmacéuticas, librando el precio de los fármacos a la cara del cliente, más que a la oferta y la demanda: Guerra de patentes, cláusulas secretas, letra demasiado chica, condicionamientos, denunciados incluso por algunos gobiernos.

Hace unos días, el abogado colombiano Mauricio Velandia presentaba la primera demanda formal ante la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), pidiendo que se investigue a nivel regional el comportamiento de las compañías Pfizer, Moderna, AstraZeneca y BioNTech, que, según el letrado violentan los derechos de los consumidores en la venta de las vacunas contra el Covid-19 en Latinoamérica.

“El asunto que se plantea con esta denuncia no obedece a un tema que afecte a Estados Unidos o la Unión Europea, pues allí la vacuna ha comenzado a ser repartida dentro de sus habitantes. Lo que acá se denuncia es un comportamiento que tiene efecto dentro de la zona andina, donde la vacuna no ha llegado y cuando llegue va a llegar en cantidades mínimas respecto de lo que está llegando a las regiones indicadas. Así, es un caso autónomo dentro del derecho de competencia para la Zona Andina”, señala una parte de la demanda de Velandia.

El abogado demanda que las corporaciones farmacéuticas han dejado en inferioridad de condiciones a los países pobres, incluso en lo relacionado con los precios “diferenciados” de las vacunas, y la excesiva utilidad que buscar sacar de la comercialización.

Velandia afirma que matemáticamente existen indicios de que la utilidad cobrada ha sido “abusiva, exagerada y excesiva”. Agrega que hubiera sido verdaderamente humanitario difundir los hallazgos científicos y ponerlos al alcance de todos los gobiernos y pueblos del mundo.

“El tema del precio es un elemento indispensable para poder evaluar si esto es un negocio o no; y cuando los laboratorios ponen la confidencialidad de los precios, es todo un indicio de que están negociando los laboratorios internacionales, los laboratorios locales y los gobiernos”, señaló a El Nacional la consultora Cynthia Andino, experta en comercio internacional.

Andino viene denunciando, al igual que Velandia, que así como se presenta el mercado de las vacunas contra el Covid-19, la pandemia está resultando en el “negocio del siglo” para las corporaciones farmacéuticas, que hoy más que nunca están en condiciones de poner de rodillas a los gobiernos.

La consultora opina que en emergencias como la que vive la humanidad por el coronavirus, “la salud no tiene por qué tener precio, y aquí queda más que en evidencia que desde hace mucho tiempo están lucrando con la salud las grandes multinacionales”.

“La confidencialidad del contrato es un abuso de poder de las corporaciones; yo creo que luego los países tienen que iniciar investigaciones; el tema del precio no puede ser secreto, porque cada país tiene sus leyes; y como esto se adquiere con dinero público, la información tiene que ser pública; y esto está además en la Constitución de la mayoría de los países”, argumentó.

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