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Corrupción también empaña proceso de vacunación

En una incipiente etapa de la vacunación contra el Covid-19 la corrupción comenzó a consolidarse como uno más de los condimentos que redundan en groseras irregularidades del Plan Nacional de Inmunización contra el virus, que lleva adelante el Ministerio de Salud Pública. No solo la inoperancia e ineficacia de los mecanismos para la inoculación dejaron al descubierto las falencias, sino que también la búsqueda del beneficio personal por parte de inescrupulosos encontraron las vías para su concreción.

Las denuncias por vacunaciones irregulares eran hasta semanas atrás producto de fallas humanas o del sistema, además de algunos aprovechamientos que generaron los primeros casos de vacunación “VIP”. Sin embargo, esto fue subiendo de volumen y con el caso de la senadora Mirta Gusinky estalló un escándalo, que terminó por demostrar que solo era “la punta del iceberg” de un extenso listado de políticos, funcionarios y otras personas que no debían haber recibido las dosis.

El factor ciudadano una vez más fue fundamental para destapar la olla, ya que fueron usuarios de redes sociales y con un poco de tiempo de libre, además del conocimiento de las herramientas informáticas, quienes fueron filtrando los datos de la lista pública de vacunados; encontrando casos justamente como el de la senadora y de otras personas que habrían incurrido en el mismo acto de vacunarse sin reunir los criterios técnicos del Plan Vacunación.

Un listado con denuncias de 500 presuntas vacunaciones VIP fue difundida a través de las redes sociales. La lista incluye supuestos nuevos casos de autoridades municipales, funcionarios y ex funcionarios públicos, que recibieron la dosis contra el Covid-19, pero sin estar dentro de la franja etaria correspondiente para tener acceso a la vacuna, es decir 75 años.

En el listado figura el intendente de Mbuyapey, departamento de Paraguarí, Luis Aponte Guerrero (61) (PLRA); el intendente de Tacuatî del departamento de San Pedro, Orlando Rosa Devaca (60) (PLRA); y el intendente de Francisco Caballero Álvarez, Guido Rivas Almada (72) (PLRA), por citar algunos de los casos.

Ministerio Público indaga al respecto

Esta grave situación motivó una nueva intervención de la Fiscalía, cuyo equipo conformado para atender estos casos remitió una nota al ministro de Salud Pública, Julio Borba, solicitando varios informes de carácter urgente, entre ellos, la lista de todas las personas que han sido vacunadas fuera del rango de edad y que fuera detectadas por esa cartera de Estado, en alusión a las últimas publicaciones. Además, todas las otras listas discriminadas por zona.

Otras diligencias en el marco de la investigación guarda relación con información referente al plantel del personal responsable de los procesos de vacunación que fuera asignado formalmente y los protocolos establecidos por la institución para dicho proceso, entre otros datos requeridos.

Todos los datos deben ser remitidos en un plazo máximo de 24 o 48 horas. El equipo fue conformado por resolución de la Fiscalía General del Estado a los fines de investigar denuncias que pudieran involucrar irregularidades en el marco de la vacunación contra Covid-19.

El equipo de trabajo está conformado por los agentes fiscales María Lujan Estigarribia, Luis Piñánez, Sara Torres y Luz Guerrero. La coordinación del equipo está a cargo del Fiscal Adjunto, Jorge Sosa.

Se deben diferenciar entre hechos punibles o faltas administrativas

En conversación con El Nacional, uno de los investigadores intervinientes, el fiscal anticorrupción Luis Piñánez, declaró que este equipo conformado por la Fiscalía responde a los primeros casos de vacunación VIP que se dio semana atrás, en el Hospital Central del IPS y en vacunatorio del Hospital del barrio San Pablo. Sin embargo, las denuncias surgieron en un caudal importante, por lo que el frente de trabajo para el equipo se amplió notablemente.

“Surgió y sigue surgiendo demasiada información. Pero se están realizando allanamientos y constituciones, pedidos de informes, entre otras cosas para avanzar en cada uno de los casos”, mencionó.

En ese sentido, el fiscal aseveró que son demasiados hechos consumados y que los investigadores deben determinar si se encuentran ante hechos punibles o faltas administrativas. “Por ejemplo, en uno de los casos de fallecidos que figuraban como vacunados, encontramos que desde el vacunatorio afectado hubo un error de tipeo en el sistema informático. Mientras que en otro caso similar, sí pudo haber una intención más oscura detrás”, refirió.

Además, se agregan otros pilares al debate en el que se ciernen los fiscales; como en el caso de encontrarse ante una vacunación “VIP”, donde se genera la discusión grande que si puede llegar a ser delito el hecho de que una persona, cuya vida estaba en peligro por su delicado estado de salud, acceda a recibir la dosis a través de sus influencias. “Cada caso es delimitable, por eso se debe analizar muy a profundidad”, expresó.

Colaboración ciudadana

Piñánez destacó también la colaboración ciudadana dentro de estos procesos de detección de irregularidades y recordó que esto es posible gracias a la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia. “No solamente en vacunas. Esto aplica para que cualquier tipo de acto de obligación legal se ponga a disposición del ciudadano. Justamente teniendo la herramienta para acceder, es que hicieron el cruzamiento de datos y se encontraron estas irregularidades que obliga a que esto se investigue”, comentó.

Sin embargo, señaló que se debe tener cuidado al analizar cada perfil, ya que aparecen personales de blanco que están cumpliendo funciones en otras entidades ajenas a la cartera sanitaria, por lo que sus vacunaciones pueden ser interpretadas como irregulares por dicha razón. Por otra parte, afirmó que también pudo observar que se registran casos que evidentemente tienen una voluntad dudosa por detrás.

“Tolerancia cero”, advierten desde Salud

Ante las denuncias de vacunaciones irregulares acontecidas en expresa oposición a lo establecido en el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, el Ministerio de Salud informó que todas las denuncias recibidas están siendo investigadas adecuadamente, con el fin de dilucidarlas y establecer la veracidad de las mismas.

“En los casos en que se constate la existencia de una falta, se procederá con el máximo rigor, utilizando todos los mecanismos administrativos y judiciales para que ninguno de los hechos quede impune”, señala el comunicado emitido por la cartera sanitaria.

Además, se menciona que Salud Pública reitera su compromiso con una total transparencia y una tolerancia cero a situaciones de este tipo, que afectan a un bien estratégico nacional como lo son las vacunas en tiempos de pandemia.

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