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Países del mundo son lapidarios con el Paraguay en materia de DDHH

El Paraguay recibió una lapidaria devolución de países en materia de derechos humanos tras el Examen Periódico Universal (EPU), proceso en el cual casi 80 estados miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) emitieron un sinnúmero de recomendaciones y correcciones que debe ejecutar el Gobierno Nacional para mejorar la situación humanitaria.

El Estado paraguayo rindió cuentas este miércoles sobre la situación de los derechos humanos en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), durante el cual recibió numerosas recomendaciones, entre las cuales una de las más recurrentes fue la necesidad de designar un Defensor/a del Pueblo mediante un proceso transparente que garantice la independencia de la institución y que, ésta funcione según los Principios de Paris.

En Paraguay, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), red de más de 30 organizaciones paraguayas, siguió de cerca el procedimiento en el cual el Paraguay recibió el sinfín de medidas correctivas, de carácter urgente, para incluirlas dentro de las políticas públicas.

Durante tres horas, unos 79 Estados miembros de la ONU formularon duras observaciones a la deficitaria situación local y recomendaciones a nuestro país para que mejore las condiciones de los derechos humanos. Desde países cercanos como Argentina, Brasil y Estados Unidos, hasta otros como Islas Marshall, Fiji o Timor Leste, recomendaron cursos de acción y medidas correctivas en temas tan diversos que van desde la trata de personas, la violencia contra la mujer o el hacinamiento en las cárceles hasta la protección de defensores/as de Derechos Humanos y periodistas.

¿Qué es el EPU?

El EPU es un mecanismo de monitoreo entre Estados para el cumplimiento de los derechos humanos. Todos los 193 Estados Miembros de la ONU deben pasar por un examen entre pares, cada cuatro años, ante el Consejo de la ONU, para rendir cuentas de los esfuerzos que han hecho para aplicar las recomendaciones recibidas en los exámenes anteriores, así como para presentar las medidas que han adoptado para mejorar la situación de los derechos humanos en el país. En mañana del miércoles, Paraguay rindió el examen ante el EPU por tercera vez. Las anteriores ocasiones fueron en los años 2011 y 2016.

En esta ocasión un tema destacado fue la falta de transparencia en el proceso de designación del Defensor del Pueblo y la falta de adecuación de la institución a los Principios de París. Estos principios, son unos criterios de aplicación internacional que establecen las Naciones Unidas para que las Defensorías del Pueblo cumplan criterios básicos de independencia en su integración y funcionamiento.

Paraguay no se adecua a criterios

Ya en marzo 2019 el Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos recomendó que se confiriese el estatus B a la Defensoría del Pueblo del Paraguay por no cumplir ni adecuarse a estos criterios.

Varias delegaciones de Estados miembros de la ONU, entre ellas Chile, Costa Rica, Finlandia, India, Irlanda, Estados Unidos, México, Namibia, Nepal, Pakistán, Rumania, Sudán, Ucrania y Uzbekistán señalaron su preocupación por este aspecto y recomendaron adoptar un proceso de designación del titular que garantice la transparencia, independencia y selección basada en méritos de defensa de los derechos humanos. Conforme a normas constitucionales y legales, el Defensor del Pueblo actual tiene el mandato vencido desde la conformación de la legislatura actual, en julio de 2018.

Fiscalía General anuncia acciones

La Fiscal General del Estado, Sandra Quiñonez, participó de manera virtual del Examen Periódico Universal (EPU) en materia de Derechos Humanos. En la reunión telemática, la responsable del Ministerio Público adelantó que los hechos punibles contra periodistas serán investigados por la Unidad Especializada de Derechos Humanos del Ministerio Público, señaló que guardan especial relevancia puesto que afecta al ejercicio de su función social.

La Fiscal Adjunta de la Unidad Especializada de Derechos Humanos, Patricia Rivarola y la Directora de Derechos Humanos, Karilen Roldan, también participaron de la reunión internacional

“El Ministerio Público, como órgano extrapoder, representante de la sociedad, promueve la persecución penal de hechos punibles que llegan a su conocimiento, sin excepción alguna. En cuanto a las acciones, se han implementado políticas de fortalecimiento de las áreas relacionadas a los Derechos Humanos. Se han reforzado las dependencias del Gabinete de Acceso a la Justicia. A fin de brindar mayor acceso a los habitantes, se encuentran en funcionamiento más de 100 oficinas de Denuncias a nivel país”, informó en la ocasión.

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