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Un paso más hacia la transparencia: auditoría a binacionales cerca de ser Ley

La Cámara de Senadores aprobó este jueves con algunas modificación el proyecto de Ley mediante el cual se autoriza a la Contraloría General de la República (CGR) auditar las cuentas nacionales de las entidades Yacyretá e Itaipú. Si bien la propuesta ya fue aprobada por ambas niveles legislativos, por la modificación que sufrió volvió a la Cámara Baja para su pronto estudio y sanción correspondiente.

Se trata del proyecto de Ley “Que dispone el procedimiento de Control, Vigilancia y Fiscalización de las cuentas nacionales, los bienes y el patrimonio de las Binacionales Itaipú y Yacyretá, de conformidad con lo dispuesto en los Art. 281, 282 y 283 Nº 1) y 4) de la CN”.

En entrevista con El Nacional, el senador Stephan Rasmussen manifestó que esperan que la Cámara de Diputados pueda tratar el proyecto la semana que viene a fin de sancionarlo y elevar al Poder Ejecutivo para su promulgación. Explicó que a través de esta Ley se autoriza a la Contraloría a fiscalizar las cuentas nacionales de las entidades nacionales.

“Tramitamos este proyecto porque siempre se pone en duda de que si se puede o no, de que si la Constitución Nacional permite o no. Esperamos que el presidente Mario Abdo Benítez lo apruebe, pero por lo menos en virtud a la intención del Legislativo, ya está plasmada en la Ley”, expresó.

Con relación a la modificación realizada por la Cámara Alta al proyecto, el legislador comentó que el senador Juan Darío Monges propuso incluir la posibilidad de que la Contraloría pueda acudir a la vía judicial para allanar las oficinas de las binacionales en caso de no recibir los informes solicitados. “Esta situación ya está contemplada en la carta orgánica de la Contraloría y puede verse como redundante. Pero quisimos dejar en el texto para que un juez no diga mañana que no está permitido eso”, acotó.

Por último, el legislador manifestó que para el Congreso Nacional el artículo 283, numeral 4, de la Constitución Nacional es muy claro al habilitar taxativamente a la Contraloría General la auditoría de las cuentas nacionales de empresas multinacionales, las cuales en este caso son la Itaipú y Yacyretá.

Antecedentes

El Senado de la Nación aprobó recientemente una resolución en la que solicita que la Contraloría General de la República audite los fondos socioambientales, (Itaipú y Yacyretá), teniendo el ente contralor, un plazo de 60 días para presentar al Legislativo el informe de su gestión.

El documento en cuestión expresa lo siguiente: Proyecto de Resolución “Que encomienda a la Contraloría General de la República a efectuar auditorías financieras y de gestión sobre el uso de los recursos en concepto de responsabilidad social empresarial, socioambiental y cualquier otro fondo social, sea cual fuese su denominación, ejecutados por las Entidades Binacionales Itaipú y Yacyretá”, y fue presentado por los senadores Enrique Bacchetta, Patrick Kemper, Blas Llano, Fidel Zavala y Esperanza Martínez.

Sin embargo, la situación se vio en conflicto ante la negativa de ambas entidades binacionales de responder a las intenciones del órgano contralor. Primero, Nicanor Duarte Frutos, director paraguayo de Yacyretá, salió al paso de la solicitud de la Contraloría y manifestó públicamente que no correspondía la auditoría, argumentando las disposiciones del Tratado Internacional firmado con la Argentina. El hábil político y ex presidente de la República sostenía que debido a la binacionalidad se veían imposibilitados en contribuir con información.

Unas semanas después, tras idas y vueltas con fuertes cuestionamientos desde el Legislativo hacia la dirección paraguaya de la entidad, finalmente Duarte Frutos presentó -a través de su asesoría jurídica- los primeros documentos referentes a los gastos sociales.

Esto no ocurrió con la Itaipú Binacional, cuyo director Manuel Cáceres alegó el mismo argumento primeramente expuesto por su par de Yacyretá y presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a fin de impedir la auditoría por parte de la Contraloría. Actualmente, la Sala Constitucional de la máxima instancia judicial debe expedirse al respecto.

Esta situación de negativas desde las entidades binacionales de colaborar con la transparencia sobre la gestión de los recursos, generó desde el seno de la Cámara de Diputados un proyecto de Ley a fin de autorizar por la máxima vía legal a la Contraloría a exigir documentaciones para realizar su fiscalización financiera de las entidades.

Vale recordar que todas estas acciones nacieron desde la aprobación histórica en el Congreso Nacional de la Ley que obliga al Estado paraguayo a direccionar los recursos de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de las hidroeléctricas al sistema de salud pública nacional, en atención al avance inclemente de la pandemia del Covid-19 en territorio nacional.

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