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Deuda ilegal de Itaipú: piden procesar por traición a la patria a responsables

Hidroeléctrica de Itaipu. Foto: Archivo.

Hidroeléctrica de Itaipu. Foto: Archivo.

De manera más que oportuna concluyó la auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) que detectó una deuda ilegal de más de G. 4 mil millones de la Itaipú Binacional, en medio de los avances de los debates profundos con miras a la renegociación del Anexo C del Tratado firmado con el Brasil. El órgano contralor constató que las autoridades de la hidroeléctrica de 1985 a 1997 vendieron energía más barata al país vecino, en contraversión de los intereses del país y del propio Tratado.

La Cámara de Diputados aprobó el miércoles un proyecto de Ley que “Que remite al Ministerio Público – Fiscalía General del Estado, el informe final del examen especial de la deuda de la Entidad Binacional Itaipú – Resoluciones CGR (Contraloría General de la República), Nº 394/09 y 524/20″.

Además, se solicita la apertura de una investigación penal para individualizar a los responsables de este acto de traición a la patria, cometido por directores e integrantes del Comité Ejecutivo y el Consejo de Administración, lado paraguayo, de la Entidad Binacional Itaipú. Esta decisión del plenario de la Cámara Baja fue asumida en el espacio de las mociones de tratamiento sobre tablas.

Por sugerencia del diputado colorado Basilio “Bachi” Núñez, fue incluido un apartado que señala que todos aquellos que ocuparon la titularidad de la Contraloría General de la República, en el periodo que abarca el estudio, deben ser incluidos en la investigación penal.

Los proyectistas fundamentaron la presentación de la declaración, en base a las conclusiones arrimadas por la Contraloría General de la República, en un informe final que es resultante de la verificación de los informes y documentos relacionados con la deuda de la entidad binacional, proveídos por la misma, y a los que tuvo acceso la CGR.

¿Qué dice la Contraloría?

El documento del órgano contralor señala que se encontraron claras transgresiones a varios artículos del Anexo C del Tratado de Itaipú, que incidieron, sustancialmente, a nivel económico y financiero, en el funcionamiento de la hidroeléctrica.

El documento asegura que esto ocasionó el aumento indebido e ilegal del saldo de la deuda que, a diciembre de 2020, asciende a USD. 3.856.790.000 (Dólares estadounidenses tres mil ochocientos cincuenta y seis millones, setecientos noventa mil), saldo del cual USD. 3.629.057.000 (Dólares estadounidenses tres mil seiscientos veintinueve millones, cincuenta y siete mil), corresponde a la deuda con Eletrobras (incluida la cesión al Tesoro Nacional Brasileño), equivalente al 94 % de la deuda total de Itaipú.

“En esa inteligencia, la Contraloría General de la República inició la auditoría especial de la deuda de la Entidad Binacional Itaipú, cuyo informe final solicitamos sea remitido, como denuncia de esta Cámara, a la Fiscalía General del Estado, que debe ordenar la inmediata apertura de una investigación penal para individualizar a los responsables y enviarlos a la cárcel por alta traición a la patria”, señala parte del documento que consta de una decena de páginas.

Piden investigar por traición a la Patria

En definitiva, el proyecto solicita, en su artículo 1°, remitir al Ministerio Público el informe final del examen especial de la deuda de Itaipú, elaborado por la Contraloría, que contiene 109 páginas que forman parte de la resolución.

El artículo 2° solicita al Ministerio Público que considere esta resolución como suficiente denuncia y, en consecuencia, ordene la apertura de una investigación penal para individualizar a los responsables de este acto de traición a la patria, cometido por los directores e integrantes del Comité Ejecutivo y el Consejo de Administración, lado paraguayo.

Reacciones

El diputado liberal Fernando Oreggioni, sobre el debate sobre el informe final de la CGR sobre la deuda de Itaipú, resaltó que esta es la primera vez que el órgano de control logra hacer un trabajo en Itaipú, lo que es importante con miras a las renegociaciones del Anexo C del Tratado de Itaipú, previstas para el 2023.

Por su parte, su colega, la liberal Celeste Amarilla sostuvo que el informe presentado da la razón a la oposición, sobre la supuesta usura que administraciones oficialistas realizaron en la empresa binacional.

Explicó que la mentada deuda, entre los años 1985 y 1997, aumentó unos USD 11.765 millones, debido a la violación de uno de los artículos del tratado, sobre los costos de energía, que habla, entre otros puntos, del monto de remuneración por kilowatt, cedido a la otra parte.

“Se violó este artículo cuando permitieron que Brasil pague USD 10 dólares por Kilowatt cuando debía pagar USD 17,10. Al hacer eso, Itaipú entró en un desfasaje financiero que lo obligó a tomar préstamos, ¿y quién prestó el dinero? fue Eletrobras, es decir, esta empresa es acreedor y deudor de la hidroeléctrica”, denunció.
Seguidamente, los diputados Norma Camacho y Edgar Acosta apoyaron lo expuesto por la legisladora Amarilla.

Informe debe unir fuerzas políticas

El diputado Acosta aseguró que el informe de la CGR debe unir a las fuerzas políticas para que se convierta en la base de toda negociación con Brasil. “Este informe es fundamental y el acompañamiento de la Cámara de Diputados es fundamental, para que tenga un impacto, no solo nacional, sino también internacional. Las traiciones a la patria se tienen que pagar”, argumentó.

Posteriormente, el congresista colorado Roberto González pidió descartar los discursos electoralistas y de odio contra el gobierno, para construir una unidad nacional para la renegociación en puerta. Resaltó que, si bien, esta investigación de la CGR inició en el gobierno de Fernando Lugo, recién con esta administración fueron liberados todos los documentos para el informe final, por un pedido expreso del presidente Mario Abdo Benítez, según sus expresiones.

Finalmente, la diputada Kattya González habló sobre el punto y pidió apoyar un proyecto de Declaración, que inste a la Fiscalía General del Estado, a abrir una investigación penal a las administraciones involucradas.

“Se deben tomar acciones de recupero del perjuicio económico sufrido por Paraguay en manos de Brasil. Se embolsaron cuatro mil millones de dólares que pertenecen al Estado paraguayo, y con esta convicción el Paraguay debe ir a negociar en el 2023. Brasil debe empezar a respetarnos como condómino y país soberano”, subrayó.

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