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Al menos USD 675 millones movió cártel desmantelado por EE. UU.

Kassem Mohamad Hijazi. Foto: Megacadena.

Kassem Mohamad Hijazi. Foto: Megacadena.

De acuerdo a parte del dossier hecho público por el Departamento de Estado norteamericano, “al menos 675 millones de dólares” movió el cártel de empresarios paraguayos que alimentaba una maquinaria bien aceitada de lavar dinero y que contaba con la protección de no sólo de autoridades de control del Ejecutivo sino de políticos y de la propia Justicia.

El arresto solicitado por parte del gobierno de Joe Biden de uno de los sindicados, Kassem Hijazi, fue un baldazo de agua fría para el gobierno paraguayo ya que se da en medio del exámen anti lavado que presta Paraguay ante Gafilat, una organización que justamente se encarga de verificar si los países hacen bien los deberes en la materia.

De no aprobar esta evaluación, el país se expone a una serie de sanciones como la cancelación de cuentas en los mercados internacionales -que impactará en los negocios- , el costo de financiamiento externo tanto a nivel gobierno como corporativo, sin contar con el daño reputacional (a la ya golpeada imagen país) de lo que significa el estatus de paraíso para lavar activos, en este caso provenientes de contrabando y evasión impositiva.

Siempre según Estados Unidos, Kassem Hijazi, Khalil Ahmad Hijazi y Liz Paola Doldán González mantenían una red de empresas de fachada para evadir impuestos y luego lavar el dinero en el sistema financiero en complicidad con autoridades de control del Ejecutivo (Aduanas), agentes fiscales, la Corte y políticos que presumiblemente brindaban protección para blanquear dinero.

El esquema desmantelado tiene que ver con la importación de mercaderías desde Estados Unidos las cuales eran subvaluadas; por lo que funcionarios de Tributación también estarían en el ojo de la tormenta así como los Banco Central y la Seprelad quienes nunca olieron, o al menos no denunciaron los cientos de millones de dólares que pasaban bajo sus naricez a través del sistema financiero.

De hecho, bancos y casas de cambio también fueron señalados aunque no dieron detalles de las instituciones financieras  supuestamente cómplices, una incoherencia del gobierno norteamericano puesto que en dicho documento reiteran la importancia de la trasparencia en varios reglones, entre parentesís.

Coima institucionalizada

Estados Unidos también acusa al Director de Aduanas -período 2008/2009 de aumentar y formalizar un sistema de sobornos, según el cual los intermediarios tenían que pagar a los funcionarios de aduanas paraguayos; “un sistema que aseguraba que se pagara a todos los funcionarios de aduanas”.

En dicho período-inicios del Gobierno de Fernando Lugo- estuvo a cargo de Aduanas Carlos Ríos quien antes fue director del Programa de Fortalecimiento y Modernización de la Administración Fiscal (aduanera y tributaria interna) y coordinó el diseño del Programa Umbral por Hacienda y Aduanas (2004- 2005), toda una ironía puesto que Umbral promueve las buenas prácticas.

Al asumir había dicho que su principal labor serría combatir el contrabando y lograr mayores ingresos tributarios. Desde El Nacional tratamos de ratrear al exdirector para conocer su versión, hasta el momento sin suceso.

La actual diputada Kattya González era asesora legal de Ríos; ayer la legisladora se rasgó la vestidura indignada por la falta de controles y la debilidad institucional de Paraguay; sin embargo no recordó nada de su paso por Aduanas.

Turbulencia política

Este episodio dejó tan mal parado al gobierno de Mario Abdo Benítez  apesar de que se arrastra de otros perídos presidenciales que el encargado de negocios de Estados Unidos en Paraguay, Joe Salazar, en un afán de poner paños fríos tuiteó: “Las acciones exitosas de ayer contra Kassem Mohamad Hijazi y socios por su participación en hechos de corrupción, fueron realizadas gracias a nuestra intensa colaboración con el gobierno paraguayo y nuestros esfuerzos conjuntos por mantener la seguridad de nuestros pueblos”, en línea con el comunicado de la Cancillería paraguaya.

Por otro lado, el actual vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, quien fue fiscal adjunto en una de las investigaciones que quedó en la nada sobre Kassen Hijazi se lavó las manos arrojando la responsabilidad al Poder Judicial, dónde hubo “millones de razones” para blanquear al sindicado.

Una pregunta que queda en el tintero es: ¿hasta qué punto puede un país extranjero intervenir en asuntos internos paraguayos?. Este caso sienta un precedente para que en cualquier momento Estados Unidos venga a llevarse a quienes consideran que atentan contra sus intereses.

Por las dudas, varios políticos y empresarios paraguayos con cola de paja no pisan terriorio norteamericano desde que detuvieron a Juan Ángel Napout.

 

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