La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022 (PGN 2022)”, al aceptar algunas modificaciones introducidas por la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP); ciertas consideraciones realizadas por la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja; y determinados pedidos especiales realizados en ocasión del debate.
En la ocasión se aprobó un presupuesto que tiene más recortes en Educación y que destina más dinero para el Congreso y los partidos políticos, lo que fue ampliamente cuestionado por la ciudadanía, la cual reprochó el actuar corporativo de varios sectores de la Cámara Baja.
La versión CBP del PGN 2022 representa un aumento respecto a lo remitido por el Poder Ejecutivo en un 4,9 %. El monto asciende a 96,8 billones de guaraníes (aumento de 4,5 billones sobre el proyecto del Ejecutivo).
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Educación
El titular de la Comisión de Presupuesto, diputado colorado Tadeo Rojas, recordó que hubo cambio de fuentes de financiamiento, de manera a redistribuir recursos a instituciones enfocadas al área social.
“Lo único que se ha hecho es realizar un cambio de fuente de financiación para cubrir los kits escolares y programas de alimentación. Hemos comprobado la disponibilidad de saldos de fondos del FEEI y lo que se hizo es reasignar USD 17 millones. Además, se agrega un articulado de que Hacienda deberá reponer los fondos en la medida de sus posibilidades ”, aseguró Tadeo Rojas.
Por su parte, la diputada Celeste Amarilla aseguró que por más de que se hable de reasignaciones, se están sacando G. 119.600 millones del FEEI, que forman parte de los fondos no comprometidos y que no financian proyectos “en este momento”. Dijo que con esto, se limita a la aplicación de futuros proyectos.
Los parlamentarios liberales y de la multibancada opositora buscaron reponer los USD 17 millones que la Bicameral recortó al Fondo de Excelencia para la Educación y la Investigación (FEEI), a pesar de que hablan de reasignaciones.
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Fuente 10
Las modificaciones en Fuente 10 contemplan la inclusión de G. 132 mil millones de saldo inicial de caja, de recursos provenientes del FONACIDE, de la administración central; y un aumento de las transferencias intergubernamentales de parte de la Dirección Nacional de Aduanas, al Tesoro Nacional, por un monto de G. 38 mil millones.
Estos recursos fueron reasignados al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (para revitalización del Parque Caballero); Corte Suprema de Justicia (para construcción del Palacio de Justicia); depósitos de Justicia Electoral; Ministerio Público, para inversión física; Contraloría General de la Republica, para adquisición de inmuebles; gobiernos departamentales, en lo relacionado a alimentación escolar; INDI; INDERT (adquisición de tierras); Consejo Nacional de Educación Superior (para equipamiento de local propio; y universidades públicas del interior del país, para equipamientos.
En cuanto a las ampliaciones en Fuente 20 - Recursos del Crédito Público, obedecen a la inclusión de 613,3 millones de dólares correspondientes al 1,5 % de déficit del PIB, solicitado por Nota MH 1014/21, por la cual se remite la programación de dichos recursos.
Salud Pública
La programación que se destinaría a Salud Pública, de USD 216,8 millones, es para sostenimiento de recursos humanos contratados por contingencia del Covid-19; adquisición de vacunas; apoyo a consejos locales de Salud; y construcción de sistemas de agua potable en comunidades rurales e indígenas.
MOPC
Se destinaría al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), USD 364 millones, para continuidad de obras de infraestructura.
Esos proyectos cuentan con financiamiento ya aprobado en el Congreso Nacional, según se remarcó.
MUVH y CSJ
Para el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), USD 10 millones, en lo referente a construcción de viviendas financiadas con crédito público; mientras que para la Corte Suprema de Justicia (CSJ), USD 3,5 millones para construcción y equipamiento de palacios de Justicia.
Otras instituciones
Igualmente, se dieron aumentos en FF 30 a la Defensoría Pública; Administración Nacional de Navegación y Puertos; Crédito Agrícola de Habilitación; Dirección Nacional de Transporte; y Universidad Nacional de Asunción (UNA). Estos aumentos no afectan el déficit fiscal por ser de recursos institucionales, indicaron los legisladores.
