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Editorial

Ineptos

La necesidad imperiosa de vacunar a la población contra el Covid-19 ha puesto al mundo ante un fuerte dilema ético y a todos los gobiernos frente a una prueba de inteligencia e idoneidad política. Esta es la primera vez en la historia de la humanidad que un mal aqueja a todos por igual, países ricos y pobres, privilegiados y desfavorecidos, jóvenes y ancianos. Un mal que burla toda frontera, que no respeta género, edad ni clase social y que obliga a pensar en el bien de todos para garantizar el bien de cada uno. Nunca, pero nunca, fue tan clara la frase “O nos salvamos todos o no se salva nadie”.

Una catástrofe sanitaria como la que estamos viviendo obliga a repensar las múltiples variables de la vida social y de la convivencia global, si se quiere proceder con acierto. Hemos observado desde que surgió la pandemia cómo las relaciones internacionales se han visto afectadas, así como la interacción entre los diversos grupos sociales al interior de cada uno de los países. La crisis ha cruzado todos los ámbitos de la vida, en todo el planeta, desde la economía hasta el ejercicio de prácticas tan personales como la religión o el ocio. Nuestra vida ha cambiado. Estamos experimentando un cambio radical en todas nuestras costumbres, desde las más banales hasta las más significativas. Hemos sido despojados de los rituales que durante siglos han propiciado la cohesión social. Ya no podemos despedir a nuestros muertos como es debido ni expresar nuestros afectos como solíamos hacerlo.

En este cuadro desencantado la vacuna es una luz al final de la oscuridad, una promesa de vida en medio de tanta muerte. Hoy, la vacuna es un derecho humano cuyo acceso debe ser garantizado por los estados en todo el planeta. Y un eficiente sistema de vacunación es el medio para que este derecho sea cumplido. Pero para llegar a ello, para inmunizar a toda la población, muchas son las adversidades que la gestión de gobierno ha debido y debe sortear con inteligencia y capacidad.

En primer lugar, la cuestión geopolítica. Era previsible pensar que los países más poderosos acapararían la producción y distribución de las vacunas. Cosa comprensible, pues allí se desarrollaron la investigación y la producción, y de allí provino la gran inversión. Además, es allí donde operan las grandes corporaciones farmacéuticas. Sin embargo, y esto ha quedado patente en declaraciones de las últimas semanas, los grandes países son conscientes de que para su propia supervivencia deben asegurar también la de los más débiles pues, como ya dijimos, este virus no puede ser detenido mediante muros ni leyes inmigratorias.

En este escenario, ¿cómo debe proceder un país como el Paraguay, sin los recursos financieros ni tecnológicos de los países desarrollados? ¿Cómo actuar para salvar a su población, inmersa en una crisis social sin precedentes? La única receta parece ser: inteligencia e idoneidad. Necesitamos capacidad de gestión en todos los niveles. Este cuadro macabro que cada noche se actualiza con el reporte de contagiados y fallecidos podría haber sido distinto si hubiera habido previsión. Planificación. Si hubiera habido políticas públicas inteligentes, adecuadas. Si quienes nos gobiernan hubieran tenido la decencia de considerar el interés general más allá de las tensiones partidarias o intrapartidarias, si hubieran sabido privilegiar el bien común por sobre los intereses sectoriales.

Ya lo dijimos: necesitamos un plan. Una hoja de ruta clara. Según los informes de agencias internacionales, al ritmo que vamos el proceso de vacunación en el país terminaría recién en varios años, entre cinco y diez. Resulta demencial. Se ha comenzado a vacunar a los más vulnerables (personal de blanco y adultos mayores) con un sistema vacilante, ayer regido por la inscripción y el agendamiento previo, y a partir de mañana por el número final de la cédula de identidad y por orden de llegada. Esto vaticina largas colas y gran aglomeración, que es precisamente lo que no necesitamos. Por otro lado, y esto hace referencia directa al dilema ético del que hablábamos: la vacunación VIP. Esta práctica debe ser condenada y eliminada.

Como ya dijimos en otras ocasiones, las crisis ponen a prueba la idoneidad de quienes llevan las riendas del país. Una idoneidad que no solo debe ser profesional y política, sino ética.

D.D.W-S

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