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Editorial

El peligro de la “Ley Garrote”

Cuando el mundo empieza, poco a poco, a retomar su vida normal, en Paraguay se endurecen las medidas restrictivas “para garantizar la salud de la población”, según expresiones del Ejecutivo. La aparición del proyecto de ley “De emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19”, conocida vulgarmente como “Ley Garrote”, no hace más que exacerbar los ánimos de una ciudadanía ya cansada de la inoperancia del gobierno para gestionar la crisis.

El proyecto, que ya muchos vaticinan que no prosperará, ofrece muchos puntos cuestionables, pero el más importante es que, con él, el Poder Ejecutivo se arroga facultades legislativas que no le corresponden. Llama la atención que en lugar de abocarse a la obtención urgente de vacunas, al mejoramiento de los hospitales y los servicios médicos en general, a atender debidamente los reclamos del personal de blanco y a arbitrar medidas paliativas para sobrellevar la crisis económica, el gobierno solo apunte a imponer sanciones a la ciudadanía por incumplimiento de las disposiciones sanitarias. Es cierto, un ítem importante es el hurto de insumos médicos, pero para esto ya hay una figura penal a la que se puede apelar, sin necesidad de instaurar una nueva. Y con respecto a la administración irregular de vacunas, que el proyecto pretende penalizar, hay que decir que lo hace de manera parcial, ya que castiga a los involucrados en la provisión pero no a quienes reciben las vacunas. De todos modos, esta práctica de vacunaciones VIP responde a una situación de corrupción endémica en la función pública que un decreto no podrá erradicar y a la que solo una depuración del Poder Judicial puede poner fin.

El proyecto de ley otorga facultades extraordinarias para sancionar a los ministerios de Salud, Transporte, Trabajo, Empleo y Seguridad Social, así como a Dinatran, municipalidades y otros organismos públicos. Esto no solo es improcedente sino que resulta una complicación logística que obligará a tales entes a destinar medios y ampliar gestiones para cumplir con las nuevas funciones que se les asigna.

En su afán de sancionar a la ciudadanía el Ejecutivo, con este proyecto, vulnera derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional y también en documentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos. Para citar solo un punto, la medida que dice que los jueces sumariantes no pueden ser recusados. Esto viola el artículo 16 de la Carta Magna.

Sin duda, este proyecto de ley abre las puertas a un régimen autoritario. Con él, el gobierno trata de resolver un problema político por una vía jurídica, cuando en realidad el Código Sanitario ya es una herramienta legal suficiente. Las libertades públicas, en democracia, no pueden regularse por decreto. La ciudadanía necesita respuestas concretas, oportunas, razonables, que propongan una salida a esta terrible crisis que vivimos, y no la amenaza de punición.

Mientras en otros países hay tests gratuitos para toda la población, financiados por el Estado o por las universidades, aquí padecemos día a día la incompetencia de los administradores de lo público. La franja etaria de vacunación no puede ser ampliada pues los lotes de vacunas han llegado sin uno de sus componentes, los hospitales siguen colapsados, todavía estamos reclamando insumos básicos contra el Covid-19, y el presidente no tiene la decencia de recibir a los médicos y enfermeras que solo pretenden llegar a él para exponer sus necesidades, que son las de todos los habitantes del país.

 

D.D.W-S

 

 

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