Reglas al juego

Urge que el esquema de explotación de las máquinas tragamonedas tenga un orden legal adecuado y en coincidencia con otros cuerpos reglamentarios. El Congreso Nacional debe sancionar cuanto antes el proyecto de Ley para su regulación. La Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR), a través de una polémica contratación, otorgó a la empresa ICrop SA todos los derechos como única reguladora del negocio, lo que se contrapone con la medida que estipula que esto es facultad de los municipios.

Pese a que la Contraloría, la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC) y la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI), advirtieron que la adjudicación de CONAJZAR a ICrop fue bajo violación de varias leyes, como la que imposibilita la explotación de estos aparatos en lugares de accesos públicos, la no realización de un proceso licitatorio y la delegación de las competencias de una institución pública a una empresa privada, los Diputados aún no definen el destino de la legislación que revertiría esta la concesión. Dilatar este ordenamiento es ser cómplice de un manejo arbitrario y de dudosa legitimidad.

En la versión de la Ley, que tiene media sanción del Senado, se establece que el municipio tiene la competencia de incautar y destruir las máquinas; y que puede disponer el cierre temporal de los locales. Asusta la proliferación de las máquinas tragamonedas en los comercios, sobre todo del interior del país, donde no existe ningún tipo de control. Hacienda inició un proceso de investigación, y sumó para ello a Industria y Comercio y a la Fiscalía, pero poco y nada se conoce de los avances de dichas pesquisas. Otra dilatación más.

Asimismo, debe ser una prioridad la protección a los niños y adolescentes ante la influencia y riesgos derivados de los juegos electrónicos de azar que operan fuera de los casinos autorizados. Varios municipios ignoraron el pedido del Ministerio de la Niñez y Adolescencia de realizar más intervenciones a modo de proteger de la adicción al juego a los niños, quienes son los más vulnerables y los más expuestos a este negocio clandestino. Es otro flagelo a atender, además de la lucha contra el trabajo y la explotación infantil. CONAJZAR ignora todas estas posturas y mantiene vigente un acuerdo turbio que las autoridades deben anular y dejar de vendarse los ojos ante este grave dilema.

D.D.W-S.