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Editorial

El prevaricato

La impunidad con la que actúa el sistema judicial en Paraguay debe acabar. La corrupción corroe un Poder del Estado que es esencial para fortalecer la seguridad y la libertad ciudadana. El prevaricato, en su significado etimológico, deriva del verbo latino prevaricare que quiere decir desviarse del camino recto o caminar torcido. Penalmente es la actividad o acción arbitraria que comete un juez o un servidor público con autoridad para proteger o perjudicar a otra persona.​ Dicha actuación es una manifestación de abuso de poder.

Es conveniente efectuar un análisis en la norma penal que regula este hecho punible, cuyo origen data del Derecho antiguo. El esquema típico del prevaricato está descripto en el Art. 305 del Código Penal que menciona que “el juez, árbitro u otro funcionario que, teniendo a su cargo la dirección o decisión de algún asunto jurídico, resolviera violando el derecho para favorecer o perjudicar a una de las partes, será castigado con pena privativa de libertad de dos a cinco años. En los casos especialmente graves la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta diez años. El prevaricato es una figura registrada en la antigua Roma, en contextos en donde los jueces tenían una clara intencionalidad en un juicio determinado. Era uno de los delitos más deleznables, de hecho, quien era hallado culpable por corrupción era condenado a muerte.

Esta semana, un Tribunal de Sentencia decidió extinguir la causa que enfrentaba el diputado colorado Tomás Rivas por el supuesto pago con dinero público a sus empleados particulares. El caso fue conocido como “caseros de oro”. Otra lamentable decisión, esta vez a nivel parlamentario, fue el blanqueo al gobernador de Central, Hugo Javier González. Diputados enviaron al archivo el pedido de intervención a la institución pese a los indicios de desvío de fondos que debían ser destinados a la lucha contra la pandemia del Covid-19 en el país. Los parlamentarios hicieron caso omiso a los informes de la Contraloría, de la Subsecretaría de Estado de Tributación y de la Secretaría Nacional Anticorrupción. Ambos casos representan la manera alevosa con la que se opera cuando hay intereses en las cúpulas de poder.

De una sociedad jerárquica como es la autocracia – donde los mandos están bien demarcados – pasamos a un nivel social y político de “los iguales”, donde priman dos factores que, si no están bien regulados, es hasta temerario: el dinero y un sistema judicial que tiene que funcionar. Si el sistema judicial no funciona nos quedamos a cargo de la falsa justicia generada por dinero y de esa manera no se puede construir una sociedad y menos un país. Cuando el Paraguay cambió de sistema de Gobierno las expectativas se centraron en el mecanismo de justicia, a la que se le dio toda la autonomía, sin embargo, hoy nos vemos inmersos en un sistema corroído por la corrupción.

La corrupción y la impunidad matan. Paraguay no logra fortalecer un sistema judicial que debe regular la convivencia y, por sobre todo, los intereses en juego, por el contrario, pareciera que los clanes de mafias y el dinero son los dueños de la justicia. Vivimos en una sociedad donde los valores son para los tontos y el vivo hace lo que quiere. Urge rever este sistema y que la justicia sea para todos los paraguayos.

 

D.D.W.S.

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