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Editorial

Corrupción es traicionar a la patria

Las crisis deben dejar de ser la excusa perfecta para pisotear las leyes y la Constitución Nacional. Con la extensión de la Ley de Emergencia Sanitaria por la pandemia del Covid-19 se desnuda la improvisación de los legisladores y del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. El tratamiento del Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2022 empezó en el mes de octubre, en plena pandemia, se obvió el punto más urgente: contener una emergencia sanitaria. ¿Por qué no se contempló el presupuesto para esta crisis? Los responsables directos, además de los legisladores, son las autoridades sanitarias. Quince días después de sancionarse el PNG, piden más fondos para la emergencia sanitaria tomando por tonta a la ciudadanía.

Se aprobó un PGN sin tener en cuenta que en Europa y Asia ya se vivía otra ola de contagios y los especialistas ya habían vaticinado la llegada de la variante ómicron a nuestra región. El Ministerio de Salud Pública es el gran irresponsable. Los oportunistas aprovechan la emergencia sanitaria para eludir controles, para realizar contrataciones directas, sin concursos públicos de oposición y peor aún, cuando todavía no hay rendición de cuenta de las Gobernaciones. ¿Qué pasó con los contratados durante la pandemia en el área de salud, ya que se adhirieron recursos humanos? ¿Y con el presupuesto otorgado para la cartera sanitaria desde el inicio de la pandemia? Hay muchas preguntas sin respuestas.

Durante la implementación de las medidas sanitarias, hace dos años atrás, ni el sistema de salud se preparó ni se realizaron inversiones en sectores claves. Se denunciaron, en reiteradas ocasiones, la sobrefacturación de insumos médicos por parte de instituciones públicas y licitaciones amañadas. Además, la Dirección de Contrataciones Públicas confirmó que Salud no llamó a licitación para la adquisición de Atracurio -uno de los medicamentos más solicitados en las Unidades de Terapia Intensiva- durante todo el año pasado, en pleno contexto de emergencia sanitaria. Entonces, ¿por qué pide más tiempo la cartera sanitaria?

Los empresarios de la salud se aprovecharon de las circunstancias, lejos de aliviar la presión económica sobre la ciudadanía. La Comisión Nacional de la Competencia (CONACOM) tiene la facultad de estudiar e investigar los sectores económicos, analizando la situación y grado de competencia de cada uno de ellos; sin embargo, es otra institución que no cumple rigurosamente con su función al no intervenir sobre las denuncias de oligopolio y fijación de precios -altos, por cierto-, por parte de las empresas.

El objetivo es abrir nuevamente la canilla para gastos, compras innecesarias y contrataciones irregulares en un año electoral. La vergüenza ya la perdieron hace mucho, pero seguir despilfarrando dinero que debe ser destinado a salvar vidas es un vicio perverso y repetido de este Gobierno. El Covid-19 se convirtió en la excusa perfecta para todo tipo de negocios, tanto en el sector privado como en el público, donde la salud de la gente parece haber pasado a un segundo plano. La corrupción mata y es urgente que se administren los fondos de emergencia en forma transparente y rindiendo cuentas a la ciudadanía. Nos toman por tontos, pero los paraguayos estamos cansados de las autoridades que no nos representan.

 

D.D.W.S.

 

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