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Editorial

Un gran operativo y muchas dudas

Nuestro país enfrenta el riesgo de sufrir la pérdida de su soberanía ante el avance de actividades de las organizaciones criminales en todo el territorio, que, indefectiblemente, se han constituido en el poder paralelo. Esta es una situación que viene dándose con mayor fuerza en los últimos 20 años. No se controló en su debido tiempo el financiamiento político y las campañas demandan dinero y, ese dinero sin control -hasta hoy- fue la compuerta que encontraron para ir deslizando a sus operadores, infiltrándose gradualmente en todos los niveles administrativos y políticos del gobierno, municipal y departamental, llegando a las más altas esferas de los tres poderes: el Legislativo, Judicial y el mismo Ejecutivo.

Para el Gobierno, fue un golpe la vinculación de su ministro del Interior con el presunto narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola que, junto a Lindomar Reges Furtado, era el objetivo de la Operación Turf, que pretendía detenerlos por su supuesta participación en el tráfico de drogas y lavado de activos. Todo eso ocurre después de que el propio titular de la cartera del Interior haya denunciado al expresidente de la República, ante el Congreso Nacional, por sus conexiones con el esquema del lavado de dinero. Una trama que hasta pareciera planificada.

Sorpresivamente llegaron las denuncias sobre el que debía liderar las acciones de A Ultranza Py y, con el transcurrir de las horas, se hizo insostenible su continuidad al frente de la cartera de Estado. El ministro desnudó su falta de expertise cayendo en una trampa caza bobos como es aceptar favores y canonjías sin saber de quien provenían y porqué…propias de un novato. En la semana de iniciarse el operativo con cooperación internacional más importante realizado en el Paraguay, se presentaba la baja de quién tenía que conducirlo en representación del Gobierno Nacional. Ya sucediéndose los allanamientos coordinados en diferentes puntos del país, tampoco nadie dio la cara para explicar a la ciudadanía a qué causas se hallaban relacionados. Menos aún, sobre la presencia de agencias internacionales de inteligencia y antidrogas como la DEA (Drug Enforcement Administration) de los Estados Unidos; la Policía de la Unión Europea (Europol); y la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) de la Policía uruguaya. ¿Bajo qué marco legal operan estos organismos en el país?

A la ciudadanía le embarga la sensación de impotencia que deja caminar a ciegas, no tenemos información. Al parecer las agencias de seguridad internacionales conocen más sobre las acciones de A Ultranza Py que los responsables del área en nuestro país. El propio presidente de la República se vio obligado a dar la cara cayendo nuevamente en la dialéctica hasta infantil o de simple operador político al asegurar tener muchos enemigos y sentirse orgulloso de que “sus contrarios” sean aquellos que están destruyendo al país. Pero no aclaró, tampoco, si sus enemigos son políticos internos o son los enemigos del país al que él representa. Él es jefe de Estado paraguayo al que se debe y representa. La defensa nacional está en juego, y los mismos gobernantes son quienes exponen al país a un nuevo bochorno. ¡Una vez más!

Queda pendiente la explicación del Gobierno sobre el marco legal en el que se está desarrollando el operativo, también sobre la presencia y participación de funcionarios extranjeros -armados- en operativos policiales. ¿Ya estamos en los tiempos de la Fuerzas Públicas Transnacionales? O es una cooperación militar sin acuerdo del Congreso Nacional. El Gobierno no puede seguir callado ante estos hechos e interrogantes.

D.D.W.S.

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