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Editorial

Dominación política

Como si no fuera suficiente el abandono de las autoridades del pueblo paraguayo, quienes se encuentran avocados a sus campañas políticas para las próximas elecciones internas partidarias con miras a las elecciones generales de abril próximo antes que función su función gubernamental para el cual fueron electos, ahora los parlamentarios aprobaron millonarias ampliaciones presupuestaria para lo que resta del 2022. El principal objetivo de dichas partidas presupuestarias sería proveer recursos financieros a los diferentes legisladores que buscan ser reelectos y a sus operadores de bases políticas es decir, financiar sus campañas con dinero público.  Las modificaciones al Presupuesto General de la Nación para el año en curso, justo en etapa electoral, son más de 20 mil millones de guaraníes que serán destinados a aumentos salariales en la Cámara de Diputados y nuevas contrataciones en el Congreso Nacional.

Este aumento o modificaciones presupuestarias carece de lógica y sustento alguno, dada las reiteradas reiteradas denuncias de superpoblación de funcionarios en el Poder Legislativo que está copado por operadores políticos y en muchos casos sin función específica alguna y de simple planillerismo en otros casos.

A pesar de estas inconsistencias los legisladores proceden sin muchos cuestionamientos a la modificación del plan de gastos para el 2022, que se supone se realiza con la debida planificación con sus respectivas fuentes de financiamiento y sin contar el pedido del Poder Ejecutivo de no “inflar” el presupuesto ya que no se cuenta con recursos. No obstante, a pesar de esta jugada disfrazada de interés por los funcionarios del Legislativo e interés de recuperar a los secuestrados por parte de los políticos que operan desde sus curules, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, tiene posibilidad de rechazar estas propuestas, acto poco probable.

Desde la presidencia se esperaría una decisión más sensata a pesar de que el propio Jefe de Estado también se encuentra el pleno proceso electoral con miras a la presidencia del Partido Colorado con lo que está con los mismos intereses que los parlamentarios, el de utilizar todos los recursos a su alcance para obtener apoyo político en su campaña. Es por ese motivo que la Constitución Nacional prohíbe al presidente de la República ejercer otra función que no sea la de gobernar. Como Max Weber ya mencionó, se pierde la legitimidad del ejercicio del poder cuando la burocracia busca mantener su acción de dominación sobre los gobernados por interés propio y no en cumplimento de los fines y objetivos de buscar el bien común de la sociedad.

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