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Editorial

Crónica de una muerte anunciada

La ley que extiende los mandatos de las autoridades municipales fue promulgada de manera automática o ficta ante la pasividad y omisión de acto alguno por dar cumplimiento a la Constitución Nacional por parte del Poder Ejecutivo, dejando vencer los plazos para objetar, vetar parcial o totalmente la normativa, siendo esto lo que correspondía constitucionalmente. El Gobierno Nacional -Poder Ejecutivo y Legislativo– irrespetando la Carta Magna, violan el principio general de la misma, al modificar la duración de mandatos de los intendentes y concejales municipales por ley de la República del Paraguay y no por una Convención Nacional Constituyente, único organismo facultado en la misma Constitución vigente para una reforma como la realizada.

En la última etapa previa a la aprobación de dicha ley -absolutamente nula- el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) cambió su postura, porque en principio los representantes de la máxima instancia electoral habían manifestado que se estaba atacando la norma legal y no descartaban plantear como última medida una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la propuesta. Sin embargo, hasta el momento no pasaron de simples dichos. Esta normativa implicará, además, una gran inversión del Estado, ya que se realizarán elecciones tres años consecutivos y las campañas electorales nunca terminarían. Esta había sido otra advertencia del Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Actualmente, hay 263 municipios en el país. Al parecer, se trataría de un acuerdo político más, y un acto proselitista de nuestros principales responsables políticos. Dicha iniciativa legislativa fue presentada por legisladores oficialistas, cartistas y liberales llanistas. Diputados aprobaron el proyecto por 58 votos cartistas, abdistas y liberales de varias bancadas. El Senado sancionó la ley el jueves 3 de noviembre. En votación nominal, se aprobó con 24 votos; por el rechazo votaron 12 legisladores; solo se abstuvo un senador oficialista y hubo ocho ausentes.

Recordemos que por la pandemia del Covid-19, los anteriores intendentes y concejales estuvieron en el cargo por seis años; en ese entonces se logró la prórroga –ya consumándose el incumplimiento constitucional– ante las medidas sanitarias restrictivas, cuando el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) decidió cambiar el cronograma de los comicios que debían realizarse en el 2020. Ahora, con esta decisión del Ejecutivo, se otorga un año más a los cuatro años dispuestos en las últimas elecciones.

Desde todos los aspectos, esta extensión de mandato, además de nula, es una acción proselitista y no responde a criterios de política de Estado, tan solo a los de cúpulas políticas.

La ambición desmedida, falta de decoro y sentido del deber de expresidentes de la República han llevado al país a vivir momentos críticos de débil institucionalidad y violencia social en los últimos años, llegándose a la toma e incendio de la sede del Congreso Nacional y la muerte de un joven del Partido Liberal. Hoy modifican plazos por Ley -ni siquiera se han molestado en plantear la tan mentada enmienda-. ¿Quién garantiza que en otro momento o coyuntura política no prorroguen plazos de mandatos presidenciales por el mismo procedimiento? La democracia como sistema político establecido en nuestra Carta Fundamental perdió vigencia. Un grupo de políticos y funcionarios privilegiados han distanciado la conducta política de la jurídica, cayendo al vacío y sin sustento legal actuaciones como esta, como así también al quebrantamiento del Estado de Derecho.

La cartas están sobre la mesa, este novel medio de prensa levanta la voz de protesta por dicho avasallamiento y advierte que, de no tomarse medidas que rectifiquen y sancionen a los responsables, estamos ante una muerte anunciada del sistema político democrático.

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