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Editorial

Cambio de gobierno, misma corrupción

Las irregularidades en el Instituto de Previsión Social (IPS) no cesan. Esta semana, el doctor Carlos Morínigo, gerente de Salud de la institución, anunció que se descubrió un esquema de extorsión a funcionarios para obtener nombramientos. Uno de los casos más resaltantes es el de una funcionaria contratada, con título de licenciada en Enfermería, que para ser nombrada debía pagar 15 millones de guaraníes. En contacto con uno de los “nexos” llegó a pagar 7 millones de guaraníes, luego salió de vacaciones. Grande fue su sorpresa al regresar para retomar sus labores, ya que se enteró de que fue despedida. En nueva comunicación con su “contacto”, este le dijo que con dos millones de guaraníes más podrían regularizar su situación.

Estas prácticas de corrupción son reiteradas en varias instituciones de Estado, envueltas en hechos irregulares que parecen no ceder y todo ante la desidia de las autoridades que nada hacen por detener el flagelo. Este tipo de sistema de cobro por ascensos y designaciones se ha manifestado, además, tanto en las fuerzas policiales como en el cuerpo diplomático, lamentablemente.

El largo historial de deficiencias del IPS incluye un repudiable sistema de atención en agendamientos y falta de medicamentos; al mismo tiempo, enfrenta graves denuncias de presunta corrupción en la ejecución de obras, compra de insumos, bienes y servicios; también en la desaparición de equipos e insumos que se estiman en miles de millones. La administración del anterior titular de la previsional tiene más de un billón de guaraníes en gastos sin documentos respaldatorios, según la propia Contraloría General de la República.

Al decir del mismo gerente de Salud, el IPS es “un barco hundido”, un “muerto que se debe reanimar”. Las recientes designaciones realizadas por el presidente de la República deben alimentar esperanzas de regeneración de la institución; sin embargo, hasta que el peso de la ley no caiga sobre los presuntos autores de tal desastre financiero es difícil imaginar una luz al final del túnel de negligencias.

Estas prácticas ilegales dentro de la administración pública deben ser erradicadas inmediatamente. Los sistemas y organizaciones que las mantienen, sean sindicales o políticas, deben ser denunciadas y sancionadas con penas ejemplares. Deben ser identificadas públicamente para luego ser juzgadas y proscriptas para siempre. Son asociaciones criminales que cooptan las instituciones públicas y sus presupuestos.

La corrupción favorece al crecimiento de la inestabilidad institucional y desgasta las relaciones tanto entre individuos como entre instituciones y el Estado. La pérdida de legitimidad política que experimentan muchos gobiernos, la polarización del poder y la ineficiencia burocrática son algunos de los problemas políticos que se atribuyen a la acción de la corrupción.

Las nuevas autoridades tienen mucho por hacer al respecto, debe cortar de raíz esta problemática que corroe profundamente las instituciones. En el caso de un sistema de seguridad social es mucho más susceptible. Urge que se tomen las riendas y que se demuestre el compromiso asumido con la ciudadanía de mejorar la vida de todos los paraguayos. Cambió el gobierno, pero la corrupción sigue intacta.

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