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Emprendimiento

Formalización como impulso a Mipymes

José Cantero, presidente del BCP, Beltrán Macchi, presidente de la ASOBAN, Fernando Lorenzo, del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), María Fernanda Carron, MTD del BCP y Carlos Carvallo, presidente (ABAFI); en el Aula Magna del Instituto BCP.

José Cantero, presidente del BCP, Beltrán Macchi, presidente de la ASOBAN, Fernando Lorenzo, del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), María Fernanda Carron, MTD del BCP y Carlos Carvallo, presidente (ABAFI); en el Aula Magna del Instituto BCP.

Bajo el fehaciente compromiso con la inclusión financiera de la ciudadanía, el Banco Central del Paraguay realizó un conversatorio en el cual se debatió acerca de la relevancia de la aprobación del Proyecto de Ley de Transparencia e Inclusión Financiera para la economía paraguaya.

Se destacó que la misma contribuirá a la formalización y el acceso de la población de más bajos ingresos y de empresas de menor porte a servicios financieros básicos. Asimismo, a través de incentivos tributarios, se pretende fortalecer la trazabilidad y transparencia de las transacciones financieras.

El evento contó con la participación de destacados panelistas nacionales e internacionales: Diana Mejía, especialista senior en Desarrollo Productivo y Financiero de CAF–Banco de Desarrollo de América Latina; Fernando Lorenzo, investigador experto y consultor del Centro de Investigaciones Económicas (CINVE), ex ministro de economía del Uruguay; María Fernanda Carrón, miembro titular del Directorio del BCP; Beltrán Macchi, presidente de la Asociación de Bancos del Paraguay (ASOBAN) y Carlos Carvallo, presidente de Asociación de Bancos y Financieras Paraguayas (ABAFI). Las palabras de apertura estuvieron a cargo de José Cantero, presidente del BCP.

“Ha llegado el momento de apretar el acelerador de reformas inteligentes, incorporando experiencias internacionales exitosas, para garantizar el acceso universal y transversal a servicios financieros, tanto para las familias como para Mipymes”, mencionó José Cantero, presidente del BCP, en las palabras de apertura del conversatorio.

Diana Mejía destacó que la inclusión financiera es un elemento fundamental en el desarrollo de los países, ya que se constituye en la puerta de entrada para que las personas puedan acceder a servicios financieros, a precios asequibles. “Es importante extender la digitalización financiera, esto implica ampliar el uso de medios digitales a otros productos financieros como el ahorro y crédito a todos los segmentos de la población”, resaltó. También mencionó que se deben fomentar programas de inclusión financiera que sean transversales a otros programas sociales de tal forma a ampliar el alcance a grupos vulnerables, de menores ingresos e informales.

Formalización

Por su parte, Fernando Lorenzo expuso acerca del impacto formalizador de la Ley de Inclusión Financiera en el Uruguay. Enfatizó que, en el caso uruguayo, la utilización de incentivos explícitos y la adopción de medidas para superar las restricciones de acceso fueron cruciales: “la inclusión financiera de los trabajadores fue clave para la transformación. Tuvo una influencia considerable para alcanzar mayores niveles de desarrollo económico y social, potenciando a la vez, la actividad de las micro y pequeñas empresas”. Además, afirmó que para el éxito de la promoción de la inclusión financiera es fundamental la intervención del Poder Legislativo y de actores del sector público que tienen potestades regulatorias y administrativas.

María Fernanda Carron, miembro titular del Directorio del BCP, expuso sobre la importancia y objetivos principales del proyecto de Ley. Puntualizó que uno de sus objetivos principales es acelerar la formalización y el acceso de la población de más bajos ingresos y de empresas de menor porte a servicios financieros básicos. Asimismo, el uso de medios de pago electrónicos contribuirá a la trazabilidad y transparencia de las transacciones financieras como herramientas de combate al lavado de activos.

Mencionó que la ley establece como obligatoriedades tres aspectos generales: cualquier empleador, público o privado, deberá realizar sus pagos a través de medios de pago electrónicos a cuentas de nómina habilitadas para el efecto a fin de asegurar el acceso a todos los ciudadanos; se establece un umbral para validez de actos jurídicos en moneda extranjera e incentivos tributarios.

De esta manera, el acceso a medios de pago electrónicos será el primer paso para una mayor inclusión financiera y formalización. Además, se logrará una drástica disminución de la desigualdad existente, donde los sectores de la población más afectados son los de menores ingresos y empresas de menor tamaño. El amplio acceso a servicios financieros fomentará un mercado más eficiente y competitivo, reduciendo asimetrías dentro del mismo.

Medios de pago

Beltrán Macchi resaltó la relevancia de esta ley para el desarrollo económico y social del país. Destacó el enfoque de la ley en dos aspectos: por un lado, la iniciativa de introducir el pago de salarios a través de medios de pagos electrónicos y, por el otro, el aspecto de transparencia para reforzar la formalidad en el país. “Este proyecto de ley es un hito y su necesidad es grande. La inclusión financiera es una herramienta de reducción de la pobreza y aumento de la prosperidad para las personas que acceden a servicios financieros formales”.

Por su parte, Carlos Carvallo puso énfasis en que este problema demanda articulación entre distintos ámbitos del gobierno y de la sociedad. “La inclusión financiera debe conectar a las personas con el sector financiero formal. Para ello la digitalización de los servicios financieros es fundamental, permitiendo el uso en áreas remotas, de difícil al acceso”, sostuvo.

Con estas conversaciones, el BCP busca generar diálogos en torno al proyecto de ley que fue presentado por el presidente de la República a solicitud del Comité Nacional de Inclusión Financiera al Congreso Nacional para su discusión y tratamiento. Se lo considera como un paso fundamental fundamental para el desarrollo económico y social del país, al fomentar la inclusión financiera y transparencia a través del acceso y utilización de medios de pagos electrónicos para pagos de salarios y transacciones del Estado.

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