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Concepción: debaten sobre renegociación de Anexo C y realidad social

Momento de la reunión. (Foto Gentileza)

Momento de la reunión. (Foto Gentileza)

En la sede la Pastoral Diocesana de Concepción, un grupo de personas participan del “Debate y diálogo de actores sociales”. En la actividad, están tratando el tema de la renegociación del Anexo C del tratado de Itaipú Binacional y otros temas relacionados a la realidad social de la zona, como la militarización del territorio, en torno al cual la Coordinadora Derechos Humanos Paraguay (Codehupy) dio a conocer los principales hallazgos de su informe.

Del evento -que inició esta mañana y se extenderá hasta aproximadamente las 15 horas de este sábado- participan ciudadanos particulares, como representantes de numerosas organizaciones de distintos ámbitos, como del campesinado, maestros, jóvenes, estudiantes, profesionales de salud y del derecho entre otros.

El prof. Benjamín Valiente de la Pastoral Social Diocesana, defensor de derechos humanos, explicó que la Pastoral tiene tres líneas de trabajo, la asistencia, la capacitación y la generación de conciencia social y política

Sobre el tema abordado por la Codehupy, Oscar Ayala Amarilla, Secretario Ejecutivo de la organización, señaló que política de seguridad establecida para los departamentos del norte de la región oriental (Concepción, San Pedro y Amambay) no ha cumplido con sus objetivos, según el análisis realizado en el Informe mencionado. En ese sentido, señaló que la militarización de estos territorios, principal estrategia de seguridad del Estado, en lugar de frenar los secuestros, homicidios y otros tipos de crímenes, así como prevenir la proliferación de grupos y organizaciones delictivas, trajo con su operación un impacto negativo para un amplio conjunto de derechos humanos de la población civil.

Recordó que existen denuncias con suficiente sustento que señalan ejecuciones arbitrarias, operativos con muertes en circunstancias poco claras, criminalización de líderes sociales, bajo pretexto de que brindan algún tipo de apoyo a grupos delictivos y la estigmatización de estas personas. Éstas situaciones de hecho son denunciadas por varios sectores de Concepción que cuestionan numerosas ejecuciones por parte de las Fuerzas de Tarea Conjunta a quienes señalan haber acabado con la vida de gente que nada tenía que ver con grupos criminales.

Las autoridades que participaron de la actividad. (Foto Gentileza)

Ayala sostuvo que en el fondo, este tipo de actuaciones en el marco de la militarización, tienen como objetivo controlar los reclamos sociales en departamentos donde el Estado no cumple con la garantía de numerosos derechos. También cuestionó la falta de transparencia del uso de recursos de todos y todas las paraguayas para sostener un cuerpo de seguridad, compuesto por aproximadamente 1.000 miembros y que del 2013 a esta parte costó unos U$$1280 millones. Asimismo, recordó la inconstitucionalidad de la existencia de la FTC (actualmente CODI), ya que la Constitución Nacional claramente señala que las tareas de seguridad interna son responsabilidad de la Policía y no de los militares.

“La política de seguridad del Estado para el norte de la región oriental del país parece estar destinado al control de la conflictividad social, en un contexto donde se está potenciando políticas de intervención extractivistas que tendrán gran impacto ambiental y social”, señaló.

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