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García Amado: “La conformación del sistema judicial es más importante que la formación de un juez”

POR Martín Ramírez Machuca*
Dr. en Lingüística, Lenguas, Filosofía, Educación y Didáctica. Universidad de Kiel, Alemania.

En la maraña en la que actualmente está sumergido nuestrosistema estatal, en la que se confunden los roles de los poderes del Estado, parecería que el Congreso lleva la batuta, dejando de lado o apartando de sus genuinas funciones al Poder Judicial, ente rector de las decisiones judiciales. Con el fin de abordar este espinoso tema, El Nacional se ha contactacto con un profesional del Derecho de alto nivel en el intento de encontrar algunas respuestas a los tantos interrogantes de tinte jurídico que atañen al buen desenvolvimiento de la estructura política del país.

El doctor Juan Antonio García Amado, nacido en Ruedes (Gijón) en 1958, es licenciado en Derecho y doctor en Derecho por la Universidad de Oviedo, con premio extraordinario. Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de León desde 1994. De 1996 a 2006, director del Departamento de Derecho Público Básico de la Universidad de León. Estancias de investigación en las Universidades de Múnich, Maguncia, Libre de Berlín, Aix-en-Provence y Florencia.

Ponente, conferenciante y profesor invitado en universidades e instituciones públicas de un sinnúmero de países latinoamericanos y europeos. Además de su dilatada carrera como profesional del Derecho, es un prolífico escritor de libros técnicos jurídicos, sus obras se han publicado en editoriales españolas y latinoamericanas, entre las que se pueden citar algunas de ellas: Teorías de la tópica jurídica (Madrid, 1988), Hans Kelsen y la norma fundamental (Madrid, 1996), La filosofía del Derecho de Habermas y Luhmann (Bogotá, 1997), Escritos de Filosofía del Derecho (Bogotá, 1999), La lista de Schindler. Abismos que el Derecho difícilmente alcanza (Valencia, 2003).

-En esta pandemia se habla mucho de los goblalistas, implicaría esto un orden político social liderado internacionalmente por ciertos grupos de poder, ¿qué nos puede ilustrar al respecto?

-La pandemia ha sido un suceso muy importante desde muchos puntos de vista, pero no creo que sea determinante en ese sentido. Podemos debatir largamente sobre si el orden político y social internacional está liderado por ciertos grupos de poder, pero si lo está, ya lo estaba antes de la pandemia, y si anteriormente no había tal control del globalismo y el orden internacional, tampoco creo que la pandemia haya cambiado el mundo tanto como para provocar tal fenómeno, en el caso, repito, de que tal fenómeno no viniera ya de antes.

Adicionalmente, y como es obvio, habría que comenzar por definir esos conceptos que en la pregunta se mencionan, como globalismo, orden internacional, grupos de poder, etc. Creo que cuando se plantean este tipo de interrogantes se usan conceptos cargados que convendría analizar desapasionadamente, al menos cuando se emplean con alguna pretensión de cientificidad. Así, yo diría que en cualquier orden social y político se forman grupos y se establecen esquemas de dominación de unos grupos sobre otros. Eso no necesariamente es malo y, además, si es inevitable de poco sirve dedicarse a calificar moralmente tal fenómeno en abstracto. Lo que hay que buscar es una organización social, política y jurídica lo más racional posible, lo más equitativa posible y lo más respetuosa que quepa con la libertad, la vida y los intereses básicos de cada persona.

Agrego que otro concepto que no tiene por qué ir acompañado de resonancias negativas es el de “grupo de poder”. Decir poder y decir grupo de poder no es necesariamente malo. La opinión pública es un grupo de poder, aunque desorganizado, y en ella está la base del Estado constitucional democrático, que debe velar porque el grupo social sea libre para formarse sus opiniones, debatirlas y votar de conformidad con ellas. Entre los grupos organizados que ejercen poder, no todos son negativos, ni mucho menos. Muchas organizaciones no gubernamentales son grupos y tienen gran poder en países y en el orden internacional, y eso no tiene por qué verse con tintes oscuros. El sindicalismo o las asociaciones patronales son grupos con poder que ejercen una función social importante, etc. Por supuesto, también hay mafias, grupos delictivos, lobbies que obran en los márgenes de la legalidad, tramas de comercio prohibido, etc. Pero por eso hay que tener cuidado con las generalizaciones apresuradas y conviene afinar la observación y el análisis.

-Habría una búsqueda de un ideal de un sistema jurídico en algunos países, ¿vendría este ideal de universidades de élite o de una adecuada observación de los comportamientos humanos para rediseñar un modelo adecuado y más justo?

-Hay un hecho social que me parece incontestable: nunca las élites económicas y políticas de un país se han dado un tiro en el pie encabezando revoluciones tendentes a acabar con sus privilegios y a limitar manifiestamente los frutos de su dominación. Por eso tiendo a pensar que muchas de las doctrinas políticas y jurídicas que con insistencia se difunden desde las universidades más caras y elitistas de muchos países de Iberoamérica son pura ideología, en el sentido marxista de falsa conciencia. Se trata de lavarle la cara al viejo sistema de dominación social de unas pocas familias o de grupos económicos muy acotados, a base de decirle al conjunto de la ciudadanía que debe confiar en ellos y que desde los poderes del Estado que los ciudadanos políticamente no controlan (en especial el Poder Judicial y las Cortes Constitucionales) se les van a reconocer o regalar muchos derechos  y se va a construir una sociedad mucho más justa y sin las viejas lacras, etc. Eso suele ser estrategia lampedusiana: cambiar llamativamente muchas cosas socialmente secundarias (diciendo, por ejemplo, que tienen derechos los papagayos o las lagunas) para que todo lo esencial siga igual. Es el Derecho como espectáculo de masas y que busca que las masas asuman las viejas jerarquías sociales y hacer que, en lugar de votar y ejercer sus derechos políticos de manera bien consciente, se someta el pueblo al paternalismo de los mandamases enriquecidos que aseguran que todo lo hacen por el bien de la nación.

En verdad, hay poco que inventar, pues lo que se necesita ya está inventado y se llama Estado constitucional, democrático y social de Derecho. Lo que hace falta es tomárselo en serio, empezando por tomarse en serio la democracia y su producto legítimo, la legalidad. Lo demás son cuentos de los que manejan las cuentas.

-La formación de un juez, quien es el actor principal en la escena jurídica, ¿qué fortalezas debe reunir para generar confianza en sus sentencias?

-Más importante que la formación del juez es la conformación del sistema judicial. No tenemos derechos ni garantías donde la regulación del poder judicial y de las actividades judiciales no asegura muy fuertemente la independencia los jueces y la imparcialidad de cada juez. Y eso no se logra ni con discursos, ni con moralina barata ni con códigos de ética judicial ni con cursos de formación en valores, sino con normas bien hechas por personas que sepan legislar y que quieran en verdad la judicatura que la Constitución exige y no una legión de jueces asustados y sumisos.

A partir de ahí, la formación de los jueces creo que debe tener doble carácter. Debe ser una gran formación técnica, porque el Derecho es una actividad con altísimo contenido técnico, y debe ser refuerzo de la ética corporativa o moral del grupo, para que cada juez sepa lo que significa su oficio y se convenza de que cada juez que se arrodilla ante un ministro o ante un medio de comunicación es un juez que escupe sobre la Constitución, ofende a sus compañeros y humilla a los ciudadanos.

-Latinoamerica ha heredado, absorbido y aplicado el sistema jurídico europeo, ¿debe este vasto continente latinoamericano reformular su sistema jurídico?

-Realmente no sé y, además, sería bastante atrevido por mi parte que yo pontificara sobre lo que debe hacer Latinoamérica. Me parece que el primer acuerdo que en todo país o región se necesita ha de versar sobre qué modelo de sociedad se quiere; por ejemplo, una más apegada las tradiciones (y entonces a lo mejor toca respetar repartos de poder y prácticas que hoy nos desagradan, como lo que tiene que ver con la situación de varones y mujeres) o una más cosmopolita o globalizada, por así decir. O cuál es la combinación de lo uno y de lo otro que parece razonable y deseable. Esta, creo, es la gran cuestión que sigue sin resolverse en gran parte de Latinoamérica.

Cuando se tienen algo claros esos objetivos, toca buscar las herramientas, y el Derecho es una de las herramientas principales, aunque no la única. El experto en Derecho tiene mucho de ingeniero social, en cuanto que diseña y aplica las normas que configuran los elementos básicos de la convivencia. No veo inconveniente en que un país importe normas o modelos normativos de otros, en lo que a los fines y los caracteres de país importador sirva. Lo que no tiene sentido es un puro trasplante de normas que no atienda al contexto. Normas que pueden ser muy operativas y útiles en Suecia tal vez no sirvan sin más en España o Paraguay. Igual que nada malo hay en que yo vista un buen traje que un amigo me presta para asistir a una boda, pero si no es de mi talla, a lo mejor tendré que adaptarlo.

-En Paraguay, la Constitución actual, sancionada después de 35 años de dictadura, lleva casi 30 años en la mal llamada transición democrática. Bajo su objetivo análisis, ¿cada cuántos años se debe reformar las constituciones de las naciones?

-No me veo capaz de responder en lo referente a Paraguay y, con carácter general, únicamente me atrevo a decir que cuanto menos haya que reformar las constituciones, tanto mejor, aunque tampoco hay por qué dejar de hacerlo cuando resulte imprescindible. Pero de las constituciones se requiere una estabilidad mínima y una aceptación muy extendida, no pueden estar a merced de los meros cambios coyunturales de mayorías políticas o de las alteraciones ocasionales de las pasiones en la sociedad.

El problema está en que actualmente se tiende a hacer constituciones más largas y minuciosas, demasiado, y esas envejecen más rápido y nunca dejan de contener abundantes apartados socialmente polémicos. Al elaborar una constitución se debe pensar como cuando una persona se compra un traje: si es para un acontecimiento puntual o para vestirlo solo un par de años, cabe entregarse a la moda del momento; si se pretende que sea de “fondo de armario”, de esas prendas que vamos a usar siempre, porque jamás terminan de pasar de moda ni dejan de verse elegantes, entonces hay que buscar líneas más clásicas, colores no chillones, tejidos duraderos… Las constituciones deberían parecerse a tales trajes, pero hoy en día se van pareciendo a los modelos chirriantes de algún cantante malo que busca notoriedad por su vestimenta y no por su voz.

-Hay situaciones de tinte jurídico en las que el parlamento de una nación no las puede dilucidar, entonces, se consulta a la Corte Suprema de Justicia para una interpretación constitucional, ¿cómo ve esta muy común situación?

-La veo muy mal. Es como si una comunidad de vecinos, en un edificio de apartamentos, no sabe de qué color pintar la escalera común y le pregunta al cura de la parroquia o al alcalde. El cura y el alcalde son figuras muy respetables y hasta importantes, pero no están para eso. Si se les pide que sean ellos los que decidan, harán mal en dictaminar sobre lo que no les compete y, si lo hacen, que no se lamenten luego, cuando todo el mundo les pregunte todo y nadie quiere decidir en lo que le corresponda.

Pero el reproche mayor es para esa comunidad de propietarios, que se muestra incapaz y torpe. Lo mismo cuando un parlamento no decide lo que constitucionalmente le compete. Por cada pregunta que le hace el parlamento a la Corte Suprema o al Papa o al chamán de la tribu, yo les quitaría un mes de remuneración a todos los parlamentarios. No han sido elegidos por su hermoso cuerpo o por ser cuñados de algún gerifalte ni para que otros les hagan su trabajo y les saquen las castañas del fuego, sino para legislar. Pues que legislen. Y que la Corte Suprema de Justicia se lo recuerde cada vez, en lugar de asumir ella también el rol que constitucionalmente no le corresponde.

-La Filosofía del Derecho es más que esencial, porque modela el temple y fortalece la competencia del profesional del Derecho. De acuerdo a su vasta experiencia en el campo juridico, ¿es fundamental que el jurista maneje cabalmente los postulados teóricos de esa disciplina? ¿Por qué?

-Me atrevo a responder que depende de a qué Filosofía del Derecho nos refiramos. Estoy muy de acuerdo en que la Filosofía del Derecho es imprescindible para la formación mejor del profesional del Derecho, pero sucede que mucho de lo que bajo ese rótulo se enseña en bastantes universidades es pura palabrería, moralina para dummies o propaganda política, de cualquier signo, camuflada como saber presuntamente jurídico.

Aplico siempre el siguiente lema: todo lo que ya sabía mi abuela y para ella resultaba obvio, no merece ni un curso ni un libro. Pues claro que es mejor vivir en una sociedad justa que en una injusta y por supuesto que son importantes los derechos humanos, etc. Pero el profesor de Derecho tiene que mostrar conocimientos útiles para conformar regulaciones efectivas para tales fines evidentes, no pasarse las horas contando vaguedades, obviedades y mensajitos que hagan a sus estudiantes creer que están ante una persona santa que merecería uno abrazos, aunque se note que no sabe nada de Derecho.

La buena Filosofía del Derecho es imprescindible; la mala es extraordinariamente dañina, pues consisten en tonterías que atontan, contadas por el más tonto de todos.

En mi opinión, el eje de la Filosofía del Derecho lo forma la Teoría del Derecho, que es teoría de la norma jurídica, del sistema jurídico y de la aplicación del Derecho. Luego hay que añadir conocimientos de sociología jurídica, de filosofía moral y política y de economía. Lo que no puede ser es que alguien se refiera, por ejemplo, a la importancia de la justicia en el Derecho y que no sepa nada de teoría ética y de Filosofía política, etc., etc.

-La presunción de inocencia es una figura bastante deglutida en los corrillos jurídicos, a pesar de ello, se cometen imprecisiones en su aplicabilidad, ¿cuál es su reflexión sobre esta figura?

-La presunción de inocencia es una de las más importantes garantías que tenemos en el moderno Estado constitucional de Derecho y uno de los derechos fundamentalísimos de los ciudadanos. Si a cualquiera de nosotros se nos puede condenar en lo penal sin prueba plenamente concluyente, quedamos absolutamente expuestos a todo tipo de arbitrariedades, nos convertimos en puro objeto de escarmientos sociales, de venganzas, de cálculos de conveniencia a cargo de los poderes públicos o de la demagogia y el afán de lucro de ciertos medios de comunicación de masas. Y por eso en muchos Estados se da al respecto una descarada doble moral, pues se exalta la presunción de inocencia en la teoría y se le ponen cada vez más descaradas y miserables excepciones en la práctica. Por una parte, por la presión de los medios sensacionalistas y que en el fondo no son más que correas de transmisión del un interesado populismo nada amigo de derechos y garantías; por otra parte, porque a los viejos y nuevos poderes de cada Estado les conviene mucho aligerar el contenido de la presunción de inocencia para poder deshacerse a su antojo de los personajes más incómodos y críticos.

Es absolutamente paradójico y triste que en estos tiempos demos tanta importancia a derechos de cuarta o quinta generación, como los de los animales, el medio ambiente, etc., a la vez que permitimos que se nos prive de la plena garantía de los derechos siempre más relevantes en nuestras vidas, como este de la presunción de inocencia, el derecho frente a la detención arbitraria (algo tiene que ver esto con el mal uso también de la prisión provisional) o diversos aspectos del derecho al debido proceso.

-¿Cómo ve el futuro sistema jurídico de Latinoamérica en los próximos 10 años?

-Aunque no solamente en Latinoamérica, también en Europa, en los países latinoamericanos tiene lugar una batalla decisiva entre populismos de izquierda o de derecha, por un lado, y democracia genuina en un Estado con real efectividad de los derechos fundamentales y sus garantías. Latinoamérica está en posición de debilidad frente a los populismos y el renacer de larvados autoritarismos por dos motivos: porque nunca ha llegado a asentarse con fuerza una auténtica cultura constitucional y democrática y porque, en el ámbito de la Academia jurídica, es muy fuerte lo que podríamos llamar de nuevo la traición de los intelectuales. Muchos de los más influyentes profesores de Derecho en las universidades más fuertes y elitistas propagan un neoconstitucionalismo que no es sino la enésima estrategia disimuladamente conservadora del status quo, la expresión del desprecio de las minorías académicas y cultivadas frente al pueblo, sus preferencias y sus decisiones en libertad democrática. Se está volviendo a propagar una idea de que los derechos de los ciudadanos son caridad que les prestan las altas cortes, regalos que les hacen esos mismos grupos sociales que los mantienen dependientes y sumisos.

Así que, en mi opinión, o renace el sentido crítico, liberador y propiamente constitucional en las facultades jurídicas o será cada vez más grande el engaño y más descarada la propaganda. Se celebrará cada sentencia que reconoce el derecho de los perritos a ir en ascensor o de los ríos a fluir por su cauce mientras que no bajará ni un ápice el porcentaje de niños sin escolarizar, de personas sin una vivienda digna, de presos hacinados en las peores condiciones o de personas sin hospitales a menos de quinientos kilómetros de su lugar de residencia. Cuando en cien o doscientos años se escriba la historia de este tiempo en tantos queridos países, se explicará de qué manera tantos académicos que se decían progresistas no eran más que cómplices del inmovilismo social, blanqueadores de las viejas jerarquías y los atávicos prejuicios, sirvientes a sueldo de los que controlan y administran sus más secretas y contradictorias ambiciones.

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