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Opinión

Cuando la desobediencia administrativa incita a la desobediencia civil

La convocatoria ciudadana no se detiene. Foto: Twitter

La convocatoria ciudadana no se detiene. Foto: Twitter

Pandemia galopante. Falta de medicamentos. Gestión infantil en la compra de vacunas. Incertidumbre del manejo de los bienes públicos. Un libelo acusatorio para juicio político archivado. Y 1.600 millones de razones más para la zozobra ciudadana que hoy llora por camas en los pasillos de los hospitales y sanatorios.

Pero inclusive esta inestabilidad político-sanitaria tiene solución: Pero los medicamentos ya van a llegar eventualmente, los funcionarios públicos responsables de un mal manejo serán apartados y sancionados (idealmente) y el dinero prestado será destinado a donde corresponda.

¿Pero saben qué no tiene solución? La muerte.

La muerte de aquellos miles de compatriotas cuyo deceso fue inducido por la falta de medicamentos, por la falta de camas, por la falta de vacunas, y un larguísimo etcétera.

Pero no es solamente la muerte física la que (muy lastimosamente) se está dando en estos días: también está ocurriendo la muerte del Derecho Paraguayo, la muerte jurídica.

Pero ¿cómo funciona esta muerte “jurídica”?

Se sabe que lo que diferencia a la norma jurídica de la norma religiosa o de la norma moral o de la norma cultural, es la coerción (su verdadera característica en palabras de Frescura y Candia).

La coerción (del latín coertio) hace de las mismas una regla algo cuyo cumplimiento ya no es algo meramente facultativo (como ocurre con las normas religiosas o morales); su cumplimiento es obligatorio.

Tan “obligatorio” resulta el cumplimiento de la norma jurídica, que hasta puede contar con el auxilio de la fuerza pública para su cumplimiento compulsivo.

La norma jurídica más importante del Estado Paraguayo es sin duda alguna la Constitución de 1992.

Ya en segundo lugar y luego de la Constitución, las normas jurídicas más importantes son las que figuran en los Tratados Internacionales debidamente aprobados por el Poder Legislativo.

En tercer lugar, vienen las leyes “ordinarias” sancionadas por el Poder Legislativo.

Y recién, en cuarto lugar, vienen las otras normas jurídicas “de inferior jerarquía”, como los decretos del Poder Ejecutivo, Resoluciones Ministeriales, Ordenanzas Municipales, etc.

La propia Constitución trata a todo aquello que no esté en la Constitución, en los Tratados Internacionales o en las leyes dictadas por el Poder Legislativo, como disposiciones jurídicas de “inferior jerarquía”.

Al ciudadano en el Paraguay le rige el Principio de Libertad; en cambio al funcionario público, o a cualquier autoridad pública de derecho paraguayo, le rige el Principio de Legalidad, que es diametralmente opuesto al Principio de Libertad.

Se puede resumir el Principio de Legalidad en “todo lo que no esté expresamente prohibido por la ley, está permitido”.

Entonces para el ciudadano la permisión es la regla y la prohibición es la excepción. En cambio, para el funcionario público la prohibición es la regla y la permisión es la excepción.

¿Por qué esto es así? Pues porque el art. 257 de la CN dice claramente:

“Los órganos del Estado se subordinan a los dictados de la ley”

Esto es: para los órganos del Estado (y los funcionarios de los mismos) rige el Principio de Legalidad, y, por lo tanto, todos sus actos se subordinan a lo que expresamente dicta (o permite) la ley. O sea, pueden “hacer o actuar” solamente con base en una ley que así lo disponga. El resto les es prohibido. Se puede observar como lo prohibido es la regla y lo permitido es la excepción (si no está –permitido expresamente– en una ley, está prohibido).

En cambio, la situación varía diametralmente para “los ciudadanos que no actúen en organismos del Estado”, ya que el art. 9 de la CN dice que “nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena ni privado de lo que ella no prohíbe”. En este caso, lo permitido es la regla y lo prohibido la excepción (si algo no está expresamente prohibido por una ley, entonces está permitido).

La Constitución, en su art. 137 ordena el respeto de las normas jurídicas conforme a su orden de importancia. Ese mismo art. expresa que “carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo establecido en esta Constitución”.

Que no se malinterprete: la CN dice que carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo establecido en esta Constitución; no dice que sea necesario primero un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre la inconstitucionalidad de un acto o norma. Dice que toda disposición o acto de autoridad opuesto a la CN carece de validez, sin más requisitos que la propia Constitución.

Este fenómeno previsto por la Constitución, de que una autoridad emita disposiciones o actúe contrariamente a los dictados de la CN, es a lo que denominamos “Desobediencia Administrativa”, en oposición a la Desobediencia Civil.

Se denomina Desobediencia Administrativa pues solamente una autoridad pública podría cometer esta clase de contravenciones según la letra del art. 137 CN.

Ahora bien ¿la Desobediencia Administrativa legitima a la desobediencia civil?

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