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Opinión

Responsabilidad del Estado por la gestión durante la Pandemia COVID-19

No es sorpresa para nadie en Paraguay que aumente el número de muertes comunicadas por el Ministerio de Salud a causa del COVID-19. Ya no sorprende a nadie los hechos de corrupción acaecidos en el seno del Estado en virtud de la “gestión de la Pandemia COVID-19”.

Sin embargo, cabe preguntarse: ¿Es el Estado jurídicamente responsable por la deficiente (o negligente) gestión de la Pandemia COVID-19? Y si la respuesta es afirmativa (suponiendo que es responsable), ¿ante quién es responsable? Y lo más importante: ¿por qué es responsable? (o sea, ¿en virtud de cuál norma jurídica es el Estado responsable?).

Existen numerosas clases y numerosos tipos de responsabilidad del Estado.

Por un lado, las clases de responsabilidad del Estado –per se– son (clasificación de Villagra Maffiodo):

  1. Subjetiva vs. Objetiva: la responsabilidad del Estado solamente puede ser objetiva, ya que el Estado, en materia interna, carece de voluntad propia y de culpa propia.
  2. Otra clases son la responsabilidad directa vs. indirecta: La indirecta es la responsabilidad del Estado por los actos antijurídicos de sus agentes. La directa es la responsabilidad del Estado por los actos jurídicos regulares.
  3. Por último, la responsabilidad contractual vs. extracontractual: la base de esta bifurcación es la existencia de un contrato.

Una cuestión fundamental, para responder a la pregunta ¿es el Estado responsable? es saber diferenciar la responsabilidad i) del Estado Paraguayo per se de la responsabilidad del ii) funcionario público y entender que siempre la ‘responsabilidad de alguien o algo, por las consecuencias de sus actuaciones, es una creación jurídica’.

Por otro lado, las clases de responsabilidades del funcionario publico (clasificación de Roberto Moreno citando a Villagra Maffiodo):

  1. Responsabilidad Política: está regulada principalmente en el art. 225 de la CN (juicio político)
  2. Responsabilidad Administrativa: está regulada, afuera de los casos del art. 225 CN, principalmente en la ley 1626/2000 (De la función pública).
  3. Responsabilidad Penal: está regulada principalmente por el Código Penal, como la lesión de confianza, el prevaricato, el cohecho pasivo, etc.
  4. Responsabilidad Civil: regulada en el Código Civil.

Ya respondida la pregunta de si el Estado puede ser responsable por las consecuencias de su gestión con un enfático sí, se pasará a la siguiente pregunta: ¿ante quién?

Uno de los principales requisitos para la determinación de la responsabilidad en el derecho paraguayo es la existencia de un daño (del principio francés pas de responsabilité sans dommage). El que reclama una indemnización, debe tener ‘legitimación’ para hacerlo.

Entonces, la víctima real de un daño preciso de parte del Estado estando legitimada para reclamar indemnización por los daños y perjuicios sufridos podría entablar una acción judicial demandando una apropiada indemnización.

Incluso, constitucionalmente, está consagrada la defensa colectiva (o sea, más de un solo individuo) de intereses comunitarios relativos a la calidad de vida (y con más razón si son relativos a la vida misma, ¿no es cierto?) según el art. 38 CN.

¿De dónde sale todo este razonamiento? Respondiendo a la tercera interrogante “¿por qué el Estado es responsable? se trae a colación lo dispuesto por el art. 39 de la Constitución: “Toda persona tiene derecho a ser indemnizada justa y adecuadamente por los daños y perjuicios de que fuese objeto por parte del Estado”.

Y a no olvidar lo que establece el art. 45 de la Constitución (por si a alguien se le ocurre negar la responsabilidad del Estado alegando que ‘hace falta una ley que reglamente el art. 39 de la CN’): “La falta de ley reglamentaria no podrá ser invocada para negar ni para menoscabar algún derecho o garantía”.

Como decía Montesquieu: “Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa

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