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Opinión

Binacionales: un jardín de infantes de clase alta que se mira, pero no se toca

El psicopedagogo italiano Francesco Tonucci decía: “jugar para un niño y una niña es la posibilidad de recortar un trocito de mundo y manipularlo para entenderlo”.

Pues es exactamente eso lo que han venido haciendo las Binacionales con respecto al Paraguay: han recortado un trocito del mundo paraguayo (sus recursos, sus bienes y lo que se produce en sus fronteras -que por ende le corresponde, al menos a priori) y lo han manipulado a su gusto y paladar, todo bajo el paraguas de la “supranacionalidad”.

Se ha hecho eco en la prensa que las Binacionales “se convirtieron en guarderías para hijos consentidos” [sic] (https://www.ultimahora.com/binacionales-se-convirtieron-guarderias-hijos-consentidos-n2954143.html).

Sin embargo, esta denuncia no es para nada nueva. Ya anteriormente, y en numerosas ocasiones, se ha expuesto lo que parece ser un esquema muy “buena onda” de inserción laboral del proletariado de la clase política. Nadie está exento: Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial y órganos Extra-Poder, todos, disfrutan y explotan dicho esquema de “inserción laboral”.

Pero lo llamativo es la grosera inacción de la Contraloría General de la República (CGR) sobre esto.

Semanas atrás la CGR expidió un informe “contundente” titulado “Examen Especial a la deuda de la Entidad Binacional ITAIPU”. Nada de contundente contiene -en verdad- un informe, que como se ha denunciado, se encuentra muy sugestivamente incompleto (https://www.elnacional.com.py/politica/2021/07/28/informe-presentado-por-contraloria-sobre-itaipu-sugestivamente-incompleto/).

¿Por qué sería “grosera” alguna inacción de parte de la CGR sobre el nepotismo y el padrinazgo imperantes en las Binacionales?

Pues porque, en primer lugar, es deber constitucional de la CGR (por si no se sabía) el controlar, vigilar y fiscalizar el rumbo de los bienes públicos y del patrimonio del Estado, sin excepción. Entonces, es obvio que la CGR tiene la obligación constitucional de controlar los montos dinerarios desembolsados a personas por el hecho de la prestación de servicios en instituciones oficiales a favor del Gobierno Paraguayo y más aún si esos desembolsos son compensados con fondos provenientes de actividades de producción en virtud de recursos naturales que podrían encontrarse dentro de los límites del territorio paraguayo.

Pero parece que el criterio de la “supranacionalidad”, un criterio formal, le ganó a la realidad material.

Estas cosas no pasan en Derecho Laboral, por ejemplo, en donde la realidad material siempre prima sobre cualquier “formalismo”.

En segundo lugar, porque ya existe una ley dictada por el Congreso Paraguayo, la ley 5295/2014 que prohíbe el nepotismo en la función pública.

El nombre de la ley ya lo dice todo: pero lo interesante es su objetivo, su verdadero interés teleológico, es decir, la finalidad que persigue: erradicar al nepotismo de su impacto negativo en las arcas públicas.

Pero esta ley 5295/2914 no sólo es letra muerta, ocurre algo más grave: se coloca al pensamiento “formal” por encima de la “realidad substantiva”. O sea, la “forma” supera al “fondo”.

Este abuso del derecho (ver el art. 372 del Código Civil) claramente compromete la responsabilidad civil, administrativa y penal de las Binacionales; de eso no hay duda. Pero también compromete la responsabilidad civil, administrativa y penal de aquellos que tienen la obligación constitucional de controlar y cuidar las arcas públicas.

Así como se dice que “La Copa se mira y no se toca”, parece ser que la de ITAIPU (y Yacyretá), también, se mira y no se toca.

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