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Opinión

Educación y nuevas tecnologías

Hace poco tiempo nos conmovió una publicación que informaba que el padre de una niña le había construido una pequeña casilla al lado de un frondoso árbol en el patio de su casa. Lo había hecho porque la niña necesitaba trepar al árbol en busca de señal para cumplir con sus tareas escolares vía internet. Esta situación se vive en varios rincones del país, ya que durante la pandemia se instaló la modalidad de las clases telemáticas a fin de que los niños y las niñas no perdieran el año escolar. Y centenares de niños y niñas quedaron fuera del sistema.

El uso de las nuevas tecnologías es un imperativo de este tiempo y sus ventajas son inmensas, ya que permite el acceso a la información, la transparencia, la trazabilidad y la generación de confianza y, en consecuencia, ocupa un lugar de interés en el ámbito de los derechos humanos, especialmente en torno a la seguridad, la accesibilidad y la inclusión.

Del tema se han ocupado tanto la OEA como las Naciones Unidas, en documentos tales como la Declaración de UNESCO, la Observación General Nº 34 del Comité de Derechos Humanos de la ONU, los Principios sobre el Derecho al Acceso a la Información de la OEA, y los Objetivos del Desarrollo del Milenio15-30 adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015, cuyo objetivo Nº 16  es  “promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible” y “garantizar el acceso público a la información”.

La revolución digital nos ha mostrado que las reglas del juego han cambiado y que las mismas deberían caminar de la mano con la construcción de una sociedad incluyente, como lo consignan los objetivos del desarrollo del milenio, con su lema “para que nadie quede atrás”. Al mismo tiempo, nos está mostrando que hay grupos humanos que han quedado hasta ahora excluidos del acceso, personas con derechos pero sin accesibilidad debido al costo de los medios tecnológicos, TICs.

La incorporación de estas nuevas tecnologías en un mundo globalizado ha sorprendido a muchos estados que hoy se encuentran con el desafío de proveer dichos servicios a su población, con bajo costo y proyección universal. En Colombia, por ejemplo, se acaba de promulgar una ley que define internet como un servicio público esencial. Las limitaciones tecnológicas han producido una brecha entre los países con producción de estas tecnologías y los que no la tienen, elevando los costos del servicio de internet. Un boletín del Instituto Nacional de Estadística sobre un estudio comparativo 2015-2020 presenta datos cuantitativos interesantes, como indicadores de la extensión del servicio: “Por área de residencia la población usuaria de internet representó el 80,8% en el área urbana (cerca de 3.000.000 de personas) y el 61,8% en el área rural (alrededor de 1.300.000 personas)”.

Estas dificultades aumentan la brecha de las desigualdades entre las personas, ya que siendo para muchas de costo inalcanzable los servicios y también los dispositivos, quedan excluidas de su derecho a la información, la participación y la libre expresión. Esta disparidad ha mostrado gran visibilidad durante esta pandemia para el aprendizaje escolar, ya que los niños y sus familias tuvieron que recurrir y elevar sus voces por su impotencia para resolver la cuestión de la carga de los celulares y la falta de señal. Esta realidad se suma a las preocupaciones por la armonización de los derechos humanos con esta nueva forma de participación de la que nadie debe ser excluido.

En realidad, la asimetría guarda relación con la situación de pobreza de elevada cifra en nuestro país, porque debido a esta situación todo lo que suena atractivo y novedoso respecto a las últimas tecnologías se ve desteñido con la percepción de que su carencia para muchos y su abundancia para unos pocos puede generar una casta privilegiada, con   libre disposición de todos los medios contemporáneos y su acceso al conocimiento y a la manifestación de la propia opinión, mientras los que no acceden a ellas quedan fuera de escena. Este puede ser el caso de los niños y las niñas en el sistema escolar híbrido.

 

 * Jurista, especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Estrasburgo.

 

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