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Opinión

Abriendo el paraguas: la ley sobre temas “electrónicos” y la realidad

Mucha tela se cortó y se sigue cortando en torno a la ley “de confianza para las transacciones electrónicas, del documento electrónico y los documentos transmisibles electrónicos” sancionada la semana pasada por la Honorable Cámara de Senadores.

En primer lugar, resulta un despropósito calificar dicha ley como “la ley de Giros”; sugerir que esta ley regula a los “giros” nada más, es un desperdicio.

En verdad, la ley regula mucho más que eso. Moderniza a la validez jurídica de la firma electrónica, a la vez que regula la identificación electrónica certificada, la autentificación de sitios web y mucho más, teniendo como inspiraciones a la Ley Modelo de la CNUDMI (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional) sobre Comercio Electrónico, la Ley Modelo CNUDMI sobre Firmas Electrónicas, la Ley Modelo CNUDMI sobre Documentos Transmisibles Electrónicos, el Reglamento Europeo 910/2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior, entre otras.

Ahora bien, la principal (y al parecer la única) discrepancia existe en el art. 103 de la sancionada ley. La ley sancionada ratificó la postura de la Cámara de Diputados (versión Diputados) la cual dispone que “En las operaciones que impliquen pagos, giros o transferencias de dinero, apertura y administración de cuentas, financiación y/o créditos, gestión de patrimonio, y/o de valores gestionadas por vía electrónica, la identificación electrónica deberá utilizar medios de identificación electrónica expedidos en virtud de un sistema de identificación electrónica con nivel de seguridad alto. De requerirse firma en dichas operaciones, este requisito se dará por cumplido con una firma electrónica cualificada. Los procedimientos para su implementación serán reglamentados por la autoridad competente en su ámbito de aplicación como el Banco Central del Paraguay, Instituto Nacional de Cooperativismo, Comisión Nacional de Valores u otra dependencia equivalente”.

En cambio, la postura emitida por la Cámara de Senadores sobre el art. 103 (versión Senadores) disponía que “En las operaciones que impliquen pagos, giros o transferencias de dinero, apertura y administración de cuentas, financiación y/o créditos, gestión de patrimonio, y/o de valores gestionadas por vía electrónica, la identificación electrónica deberá utilizar medios de identificación electrónica expedidos en virtud de un sistema de identificación electrónica cuyos niveles de seguridad sean acorde al riesgo asociado y la reglamentación emitida por la autoridad reguladora competente. Asimismo, Los procedimientos para su implementación serán reglamentados por la autoridad competente en su ámbito de aplicación como el Banco Central del Paraguay, Instituto Nacional de Cooperativismo, Comisión Nacional de Valores u otra dependencia equivalente”.

 Nobleza obliga a desechar ciertas deducciones precipitadas que no son ciertas:

Primero, lo cierto y concreto, es que ambas versiones del art. 103, si se lee bien, ordenan que “los procedimientos para la implementación del nivel de seguridad en las transacciones de pagos, giros, transferencias, apertura y administración de cuentas, financiación y/o créditos, sean reglamentadas por la autoridad competente (BCP o INCOOP o CNV).

No es cierto que la versión Diputados excluye al BCP de supervisar esta cuestión: el art. 103 en la versión Diputados expresamente deja a la autoridad de aplicación la reglamentación sobre los niveles de seguridad requeridos para hacer giros, independientemente del nivel de seguridad requerido para los giros.

Segundo, se deduce precipitadamente que se necesitará la intervención de un tercero para que sea un “Prestador cualificado de Servicios de Confianza”. Esto es, si Juan Pérez quiere realizar un giro electrónico a favor de Pedro, a través de un servicio prestado por una EMPE -Entidad de Pago Electrónico-(ligada a una telefonía o no), debe “validar” su identidad a través de un “Prestador cualificado de Servicios de Confianza”.

Pero en ningún lado la ley sancionada dice que este “Prestador cualificado de Servicios de Confianza” debe ser una persona distinta a la telefonía ligada a la prestación de ese servicio financiero o fuera del “control” de dicha telefonía.

Tampoco dice la ley que ese “Prestador cualificado de Servicios de Confianza” deba tener un objeto específico, esto es, el mandato legal de dedicarse a una sola cosa exclusivamente.

Tercero, todo lo que recién se expuso, no está en la ley, sino que podría ser objeto de la futura reglamentación. ¿Se estará “abriendo el paraguas” antes de tiempo?

O sea, la calidad jurídica del “Prestador cualificado de Servicios de Confianza” (objeto específico de esa actividad o no, el real “control” de las decisiones societarias, la distancia o aglutinamiento con las personas jurídicas de las EMPEs o las telefonías, etc.) será determinada por la “autoridad competente” (BCP, INCOOP o CNV). Es decir, podría ser el BCP el que determine todo esto.

¿Y qué tiene que ver esto con la “inclusión financiera”? ¿Acaso este nivel de seguridad requerido afecta a la “inclusión financiera”?

Para nada. Se seguirá con la “inclusión financiera” pero con mayor seguridad en las transacciones, lo cual permitirá mayor estadía de los usuarios en estas plataformas, lo cual significará mayor “inclusión financiera”.

Inclusión financiera no significa libertinaje. Y las estafas, robos y secuestros, hoy día, utilizan estas plataformas para operar sus transacciones de dinero y así consumar su actividad ilícita.

Y esa es una realidad que no quieren ver.

Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver.

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