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Opinión

Día de las Naciones Unidas: 76 años

Hoy se celebra un aniversario más de la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esta institución, que cumple 76 años, se crea en 1945 luego de la firma del Tratado de Paz al término de la Segunda Guerra Mundial. Su causa se centra en el mantenimiento de la paz y la justicia en el mundo entero. En su carta de creación se reafirma “la fe de los pueblos en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres”.

Coincidentemente, este mes, Paraguay accedió a ser miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, órgano que tiene a su cargo el examen periódico universal de cumplimiento de los derechos humanos en todos los países del mundo (EPU). Sin duda, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha hecho un buen trabajo, ya que es un espacio al que aspiran todos los países y que requiere destreza en la habilidad diplomática.

Un artículo internacional comenta que la diplomacia de Paraguay obtuvo la mejor marca, con 185 votos de los 193 países integrantes ¿Pero, por casa, como andamos? Paraguay tendrá que consagrar todos sus esfuerzos al cumplimiento de los derechos humanos, especialmente en la eliminación de las desigualdades económicas y sociales, ya que solo dando el ejemplo podrá tener legitimidad para examinar a otros países del mundo. De lo contrario, ¿con qué autoridad podría calificar el cumplimiento de los derechos humanos en  otros países?

En efecto, Paraguay ocupa el lugar 103 en el Índice de Desarrollo Humano del año 2021. Se trata de un informe que se elabora en el seno de las Naciones Unidas y se presenta todos los años con una calificación del grado de cumplimiento del derecho al desarrollo, por medio de mecanismos científicos de medición, desagregados en esperanza de vida al nacer, educación, brechas de género, empleo e ingreso. La lectura del índice de 2021 nos indica que Paraguay se halla, como país, en alto rango de desigualdad. Es un claro mensaje de que es necesario abocarse a la construcción e implementación de políticas públicas apropiadas, con sentido de inclusión, que puedan abrir el sendero para dar contenido a la democracia, superando los antiguos modos de gestión pública.

El derecho “a un nivel de vida adecuado” para todas las  personas es uno de los grandes desafíos de este tiempo, lo que implica que todas las necesidades deben ser satisfechas en el mismo plano, como derechos indivisibles e inalienables establecidos en la Declaración Universal, tales como “el derecho a la salud y a la asistencia médica, a la alimentación, al vestido, a la vivienda, a los servicios sociales, a seguros en caso de desempleo, en caso de enfermedad, de invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia”.

La seguridad, la tranquilidad y la felicidad nunca se podrían realizar plenamente en sociedades donde no se pudiera gozar de la satisfacción de todas estas necesidades, y la carencia de uno de los componentes referidos rompería el balance para una vida de bienestar, por ser indivisibles, como lo es el ser humano. Las desigualdades son tan contundentes que se hallan a la vista tanto en la mirada de la gente como en estadísticas de excelente calidad.

En este tiempo, por ejemplo, estamos leyendo en las redes una tabla comparativa con seriedad de fuente, sobre el rubro que asignan los países a las dietas de los parlamentarios en sus respectivos presupuestos. En esta escala, Paraguay aparece en el rango superior, como país que otorga el mayor presupuesto a la dieta de los parlamentarios con alarmante diferencia entre los salarios de los representantes del pueblo y el salario de un obrero o de un funcionario público decente, que los hay. Con este modelo de  distribución del tesoro de la nación, el Estado se ha convertido en  promotor de la desigualdad y la injusticia social, olvidando que la Constitución establece que Paraguay  “se constituye como Estado social de derecho”.

Ahora que Paraguay ha sido electo por la Asamblea General como miembro  del Consejo de Derechos Humanos, se espera que se ponga al día en el cumplimento de los derechos civiles y políticos, así como de los derechos económicos, sociales y culturales, con criterios de igualdad de oportunidades, particularmente respecto al derecho emergente en este tiempo, como los reclamos de los pueblos indígenas, el derecho de la población urbana y rural a la tierra y la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación  de calidad, el derecho a un medioambiente saludable, con una lógica de inclusión, sin discriminaciones, cumpliendo con los objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS)  “para que nadie quede atrás”.

 

* Esther Prieto es jurista, especializada en Derechos Humanos por la Universidad de Estrasburgo, Francia.

 

 

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