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Opinión

Guachiregate ha desnudado a muchos “impolutos”

POR Martín Ramírez Machuca *
Dr. en Lingüística, Lenguas, Filosofía, Educación y Didáctica. Universidad de Kiel, Alemania.

El caso Watergate que tumbó al presidente Richard Nixon fue una lección para la comunidad internacional en lo que respecta a la seguridad interna de un gobierno. El escándalo afectó a muchas personalidades vinculadas al Gobierno de Nixon. El propio presidente tenía en su poder cintas grabadas de conversaciones de líderes políticos y personas influyentes de la época. Mediante la presión de la Corte Suprema, Nixon no tuvo más remedio que entregar las evidencias a los responsables de la investigación. Este hecho desencadenó en la dimisión de Nixon el 9 de agosto de 1974; el presidente fue reemplazado por Gerald Ford, del mismo partido republicano. Este le concedió el perdón por este vergonzoso acto. Con el correr del tiempo, el término gate se convirtió –en la jerga periodística– en sinónimo de hechos delictivos de tinte político.

Las escuchas de conversaciones privadas de personas vinculadas a la política o a las finanzas no son un tema nuevo. El espionaje ya forma parte de la política global, desde Margaretha Geertruida Zelle, conocida como “Mata Hari”, quien realizó trabajos de espionaje a favor de Alemania durante la Primera Guerra Mundial, hasta la historia de Putin, el actual presidente de Rusia, espía en Alemania, quien tenía la tarea de controlar a los diplomáticos soviéticos. Según documentos que pululan en las redes, Putin se desempeñó como espía hasta 1991.

Lo que la política internacional ha aprendido del caso Watergate es la efectividad y la fortaleza del sistema jurídico de los EE.UU.; la justicia no se ha amilanado por el cargo que ostentaba Richard Nixon, sino que se ha empeñado en buscar la verdad y demostrar la vitalidad del Estado de Derecho, la justicia no puede ni debe ser soslayada bajo ningún sentido ni bajo ningún poder que pueda sobrepasar su fuerza.

Con este resumido relato sobre uno de los sonados casos de espionaje o de escuchas ilegales de conversaciones privadas, vinculemos lo que actualmente está pasando con Guachiregate, un ciberactivista muy conocido por destapar ollas y denunciar irregularidades cometidas por algunos representantes del gobierno paraguayo.

La articulación de la operación A Ultranza Py envió al frente a muchas personas vinculadas directa o indirectamente con el gobierno actual. Estas no tuvieron siquiera tiempo para reaccionar. La sociedad se sacudió con la lista de personas involucradas de  varios sectores de la población. En estos momentos, la gente se pregunta si esa operación es legal o no; al parecer hay convenios internacionales que amparan este tipo de procedimiento; algunos referentes políticos criticaron la permeabilidad de la soberanía de la nación. De todas maneras, es plausible que con ayuda internacional se esté atrapando a una buena cantidad de gente corrupta que está desangrando al país.

Presumo que esta operación, A Ultranza Py, aceleró el destape de las ollas de Guachiregate, quien sacudió el tablero político con la publicación de audios, videos y otras evidencias comprometedoras. La reacción de algunos sectores de la población no se hizo esperar, pues las evidencias afectan, por el momento, a un solo sector político y esto hace que el impacto del destape se vaya diluyendo y perdiendo el hilo de confianza hacia el investigador. Según sus últimas noticias, saldrán lentamente más evidencias que comprometerían a varios sectores políticos y no solo al grupo del gobierno actual.

Algunos juristas han manifestado que las escuchas sin autorización de la fiscalía son ilegales (CP, art. 144), y otros dicen que la publicación de estas informaciones es legal. El ejercicio del periodismo está amparado por la CN, en los arts. 26-29. Cualquiera puede informarse sobre los alcances y restricciones del ejercicio de la prensa. El art. 29 aclara que “los periodistas de los medios masivos de comunicación no serán obligados a actuar contra los dictados de su conciencia ni a revelar sus fuentes de información”.

Immanuel Kant había sentenciado que se debe decir la verdad, toda vez que no afecte la dignidad del afectado, pero con una varita mágica aclara que en el ámbito jurídico no hay tu tía; indefectiblemente se debe decir la verdad, caso contrario se es pasible de imputación.

Entiendo que este caso amerita un estudio puntilloso de las leyes por parte de nuestros ilustrados profesionales del derecho, pues las evidencias difundidas por Guachiré son de interés general y especialmente tienen que ver, desde mi óptica, con el rescate del Estado de Derecho de la nación. Bajo esta reflexión, se infiere que la publicación de cualquier evidencia que desnude hechos antijurídicos de personas, vinculadas o no al gobierno actual, es positiva.

La nación necesita urgentemente reencauzarse hacia una senda honesta y ética, debe convertirse en un lugar digno de habitar para sus hijos. ¡Que salgan más evidencias!, sean de Guachiregate o de cualquier fuente que pueda poner freno a la práctica corrupta de algunos funcionarios desleales y antipatriotas que están acabando con los sueños de una mejor calidad de vida de la población.

 

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