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Opinión

Las tierras mal habidas

POR Esther Prieto
Jurista, especialista en derechos humanos por la Universidad de Estrasburgo, Francia.

Hace un corto tiempo se realizó una eunión convocada por la Comisión de Reforma Agraria del Senado de la Nación. En el marco de una conversación democrática y representación pluralista, con presencia de referentes de pueblos indígenas, de organizaciones campesinas, de organizaciones no gubernamentales y representantes de organismos públicos, se dio la presentación de la ley 6899/2022 “que crea la Comisión Nacional para el estudio de los mecanismos de recuperación de las tierras mal habidas identificadas en el informe final de la Comisión de Verdad y Justicia del año 2008”.

Al respecto, celebramos la aprobación de esta comisión, integrada por diez instituciones, que podrá cumplir con el deber histórico de un nuevo intento de facilitar jurídicamente la recuperación de estas tierras como bienes del Estado, para que las mismas sean destinadas, aunque sea en parte, a los auténticos beneficiarios, campesinos, campesinas y los dueños ancestrales, las comunidades indígenas. Aunque ello implique la modificación del Estatuto Agrario, que a mi juicio, adolece de desprolijidades, da lugar a interpretaciones sesgadas que pueden perjudicar los intereses de la gente que más necesita.

La cuestión agraria en el Paraguay siempre ha sido objeto de controversia y de reclamos no satisfechos. Actualmente, con la sobrevaloración de las tierras del país, el problema se agudiza, ya que uno de los rasgos más visibles de desigualdad radica justamente en la tenencia de la tierra. La historia de la tenencia de la tierra en el Paraguay tiene profundas raíces, y ha sido históricamente una cuestión ligada a injusticias y apropiaciones indebidas por parte de una clase privilegiada que se ha beneficiado inmerecidamente, acumulandose la posesión y la propiedad en manos de unos pocos, dejando a la gran parte de la población sin acceso a la tenencia. Esos pocos, con grandes latifundios, con cultivos extensivos, conforman hoy la nueva oligarquía paraguaya.

Durante los años de la dictadura se había perfeccionado el abuso del poder facilitando este despojo con un despilfarro arbitrario, repartiéndose desmedidamente las tierras estatales a los allegados de las autoridades gubernamentales y miembros de las Fuerzas Armadas y otras familias privilegiadas, algunas extranjeras, quienes se movían en el entorno del poder. Infelizmente, este sistema implantado ha dejado raíces profundas, y ha continuado hasta hoy, propiciando el acceso a la tierra en manos de unos pocos. Estos pocos, son hoy los grandes  terratenientes del Paraguay, y a eso obedece la falta de tierra para las familias paraguayas.

La Comisión Verdad y Justicia ha realizado un trabajo minucioso muy prolijo, sobre las llamadas “tierras mal habidas”, el que debe ser valorado y utilizado con buena fe en la búsqueda de la reparación y restitución. Este informe contiene un listado detallado de las personas con las dimensiones de las tierras y su ubicación geográfica, munido de documentaciones que avalan su legitimidad.

Las tierras llamadas mal habidas son aquellas que provienen de apropiaciones indebidas, ilegítimas, por haber sido adquiridas sin reunir la condición legal y sin que los beneficiarios cumplan con los requisitos necesarios, o que por alguna razón hayan obtenido sin realizar los pagos correspondientes, o pagos irrisorios con perjuicios al tesoro de la nación; y particularmente causando despojo de derechos de aquellos que más necesitan.

Desde hace muchos años, desde el inicio del proceso democrático, hemos venido hablando de aquellas tierras entregadas por el Gobierno de la dictadura a familias incluso acomodadas o a militares, las tierras que deberían ser destinadas a sus auténticos beneficiarios, las familias rurales, las familias campesinas, a los dueños ancestrales que son las comunidades indígenas, o a cualquier familia de bien que quisiera dedicarse a la tarea agrícola. Tal vez con la adopción de la ley 6899 que acaba de promulgarse y la instalación de dicha comisión se pueda cumplir con el deber histórico de resolver la desigualdad en la tenencia. Esta visible desigualdad transgrede el principio de los derechos humanos a un nivel de vida adecuado para todos.

La flamante comisión presentará su informe, por disposición de la ley, en el plazo de un año. Será una tarea muy difícil, ya que se deberán ajustar ciertas leyes desde la coherencia constitucional y la aplicación de la normativa internacional, que implicaría probablemente pago de indemnizaciones y otras cuestiones relativas a la afectación de propiedad privada. Será, sin duda, un trabajo delicado y difícil.

Las expectativas son muchas, las dudas y la desconfianza también, así que los miembros de esta comisión deberán acomodar su conciencia y desplegar toda su capacidad y creatividad con propuestas legales que se constituirán en la herramienta para la administración de la justicia, ya que con leyes injustas no es posible producir decisión justa.

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