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Opinión

El Día de la Merced y la vida en los centros penitenciarios

POR Esther Prieto
Jurista, especialista en derechos humanos por la Universidad de Estrasburgo, Francia.

El sistema penitenciario de Paraguay debe cambiar radicalmente, deben realizarse cambios profundos, recomendaron las evaluaciones que contienen los diversos informes concernientes a la condición de vida de los recluidos. Uno de los entes que se ocupa del tema es el  Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura,  institución que tiene a su cargo, desde hace más de diez años, el monitoreo y las visitas a las cárceles. Para  cumplir con su misión, la misma cuenta con un equipo de profesionales con alta capacidad, y sobre todo, con  comprobado compromiso. ¿Cuántas personas saben y conocen el trabajo que realiza este equipo? Es necesario valorar sus observaciones y recomendaciones sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad, función que realiza este grupo, desde su creación, con el impulso del Comité Internacional contra la Tortura, luego de que Paraguay ratificara la Convención Internacional contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

En estos días, se celebró el Día de la Merced, protectora de las personas privadas de libertad; se trata de una fecha en la que, históricamente, aun en los más implacables reinos, se realizaban los actos de perdón, el indulto, que es la gracia o privilegio extraordinario concedido a un condenado. En la ocasión, se han escuchado los informes elaborados por instituciones y expertos nacionales e internacionales, con una marcada preocupación sobre la situación de las personas que viven en  los centros penitenciarios de Paraguay, con una población frondosa de personas procesadas y condenadas, quienes conviven, padeciendo, muchas veces, incluso siendo inocentes, un sufrimiento innecesario y siendo testigos, como hemos visto, de horrendos crímenes, por todos conocidos a través de la prensa. No hemos escuchado que algunos de los tantos candidatos a la presidencia de la República se hayan interesado en las condiciones de los centros penitenciarios y sus habitantes, a pesar de que la atención de los mismos corresponde al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia.

La denuncia no basta. Mi objetivo va más allá, ya que pretendo la construcción de un pensamiento reflexivo que pueda ayudar a apuntar a cambios profundos, al fortalecimiento de una conciencia colectiva, que pueda fluir y transitar hacia los niveles de las autoridades, en el marco de los tres poderes del Estado y sus órganos descentralizados. Por esa razón es que mi opinión se inscribe desde el abordaje del principio fundamental de los derechos humanos “para todos sin excepción” y aunque existen mitos que pretenden estigmatizarlos, tengo la convicción de que si no existieran los derechos humanos, no podríamos ni siquiera imaginar cómo estaría el mundo, cómo estaría la humanidad, porque en mi largo caminar pude ver que los derechos humanos salvaron vidas, muchas vidas.  Sin embargo, no es fácil defender los derechos humanos de las personas privadas de libertad, ya que uno de los mitos que circula en varios ambientes es que los defensores de los derechos humanos pretenden encubrir a los criminales, y lo que la gente no ve es que el propósito de los derechos humanos  no radica en defender los actos criminales, sino en reconocer los derechos inalienables a la defensa y al trato decente que poseen las personas, aun cuando hayan cometido un delito. En ese sentido, aquel o aquella que está privado/a de libertad en una prisión, tiene derecho aun dentro del recinto de una penitenciaría a gozar de seguridad y bienestar.

Un problema central que se plantea en la organización de los centros penitenciarios es que se mantiene en un mismo espacio a los procesados, cuya inocencia se presume, con los condenados, cuya culpabilidad ha sido probada y sus penas establecidas a través de una sentencia judicial ejecutoriada. Hace muchos años que varios órganos de las Naciones Unidas vienen instando a las autoridades paraguayas a separar a los procesados de los condenados, en cumplimiento del artículo 10 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, del cual Paraguay es Estado parte. Este artículo prescribe que toda persona privada de libertad debe ser tratada humanamente, y respecto a la prisión, dispone que: “Los procesados estarán separados de los condenados salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas”. Cumplir con esta disposición puede alivianar la presión de las cárceles. Sin duda no se necesita la construcción de más y más cárceles, dijeron los expertos, se necesita un manejo sensato, tratando de que el derecho a litigar en libertad pueda ser ejercido sin que las personas queden en las prisiones, a través de mecanismos que puedan garantizar la permanencia en su domicilio, utilizando tecnologías modernas, que sí las hay. Por otro lado, no nos parece que será tan difícil separar, no solo en las estadísticas, sino en el espacio físico de la organización penitenciaria, a los condenados de los procesados.

Estas reflexiones han surgido a raíz de las opiniones vertidas por gente que conoce la materia, en los días de la celebración de Nuestra Señora de la Merced, protectora de las personas privadas de libertad, y pretende llevar a los lectores a una comprensión de que los derechos humanos son para todos y todas sin excepción y que las personas que viven privadas de su libertad, también tienen derecho a una vida digna. Es algo difícil de entender en una sociedad criminógena, pero el derecho a la vida es inalienable e irrenunciable para todos y todas.

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