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Opinión

El derecho a elegir y la responsabilidad social

POR Esther Prieto
Jurista, especialista en derechos humanos por la Universidad de Estrasburgo, Francia.

El derecho a elegir es un derecho humano. El ejercicio de este acto ciudadano otorga sustento al sistema democrático, por lo que la cuestión electoral merece una atención especial. El derecho a la participación política se ha constituido en uno de los pilares imprescindibles de la democracia, al punto de que la legitimidad de las elecciones descansa en la cifra de votos depositados en las urnas. Por otra parte, las expectativas ciudadanas sobre los próximos comicios electorales van tomando matices atractivos, abriendo un abanico de opciones y de responsabilidades al mismo tiempo, que sugiere un llamado a la conciencia de los ciudadanos y ciudadanas, ya que un solo voto podría definir el panorama político, porque nuestra legislación electoral no contempla la segunda vuelta.

Estamos en este tiempo, ante un arcoíris de posibilidades para hacer una buena elección, más aún cuando hoy se va a estrenar en las generales la tímida modificación del sistema electoral vigente, cual es la incorporación de los votos de preferencia, una pequeña ventana, que si bien no desbloquea la lista, ya ha marcado impacto en las elecciones municipales, con la buena utilización de la gente sobre su opción, ocasión en que la ciudadanía marcó su preferencia. Asimismo, tenemos actualmente una Junta electoral integrada con nuevas personas con trayectoria confiable que promete la neutralidad y la transparencia en las elecciones. Es un buen tiempo para marcar las máquinas electrónicas asertivamente hacia una transformación con nuevas y renovadoras energías para la salud de la nación que se ha debilitado visiblemente con los abusos de la práctica de corrupción, y su hermana gemela, la impunidad. Votar es un privilegio, y votar con responsabilidad es un deber ciudadano.

Todos los postulantes a los distintos cargos hablan de cambio y de transformaciones, pero ¿de qué cambio hablan? La posibilidad de la transformación de las políticas públicas hacia el reclamo de la gente podrá ser medida con los votos, que los votos sean realmente libres, orientados hacia la construcción del cumplimiento de los derechos humanos, con un caluroso sí a los honestos, a lo/as que no discriminan, sí a los que no tienen historias de actos de violencia contra la mujeres, sí a los que defienden las igualdades, a los que sostienen que la tierra es para todos, a los que no desforestan, a los incluyentes. Sí a los que se identifiquen con los derechos humanos y el derecho de todos a un nivel de vida adecuado. Esa opción debería ser la medida del voto de preferencia, ya creemos que es el momento propicio para tratar de enderezar esta frágil democracia nuestra con el derecho a la búsqueda de la felicidad para todos y todas.

La creación de un espacio abierto de concertación promovió una alternativa de participación y de debate interesante, porque la propia palabra invita a conciliaciones y consensos. El término “concertación” es, en sí mismo, convocante. Si bien en el país ya tenemos la experiencia de alianzas y concertaciones, esta vez se ha logrado instalar este mecanismo estratégico con sentido de mayor amplitud integrado por varios movimientos. En el transcurso de las conversaciones en este espacio, fueron emergiendo las contradicciones, y es bueno que eso ocurra, ya que concertación no quiere decir unidad granítica, como esperaron algunas personas. No se pudo lograr el consenso en torno a las candidaturas presidenciales, pero los diálogos se desarrollaron en el marco de un proceso con sentido pluralista, oxigenando a los electores con nuevas ilusiones. Fue sorprendente observar en la concertación la cantidad de postulantes a ocupar la silla presidencial. Todos los y las postulantes irán a elecciones internas el 18 de diciembre.

Mientras se intensificaban los diálogos en el escenario de la concertación, surgió otro frente de la oposición, el movimiento “Nueva República”, con su propio candidato a la presidencia de la República. En la marcha, esta candidatura logró acordar una alianza con el Frente Guasúu(FG), un movimiento con comprobado electorado, ya que posee buen número de representantes en el Poder Legislativo, culminando esta alianza con la candidatura de un representante del FG a la vicepresidencia. Propuestas renovadoras se escuchan en la campaña electoral de este movimiento que no irá a la interna, ya que no integra la concertación.

Paralelamente a este esfuerzo de consenso entre los partidos y movimientos de la oposición, se llevan adelante los debates de los movimientos del partido gobernante, con las candidaturas para todos los cargos electivos, aunque uno de los presidenciables tuvo que retirarse de la contienda, siendo remplazado “a la velocidad de un rayo”, por un conocido pastor de la iglesia cristiana. A rey muerto, rey puesto; hoy sigue la competencia entre quienes están sujetos a los votos del 18 de diciembre de 2022.

Con esta perspectiva, será necesario que el derecho a elegir a los gobernantes, no solo respecto a la presidencia de la República, sino también a los representantes ante el Poder Legislativo y las Gobernaciones, sea ejercido en las próximas internas y en las generales de 2023, con conciencia ciudadana, con la mirada puesta en la valoración de la conducta de los/las postulantes que nos garanticen la transparencia, la lucha anticorrupción y  el cumplimiento de los derechos humanos, en el marco de los compromisos contraídos con la ratificación del Pacto Internacional de los  Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales.

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