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Opinión

Los estándares internacionales y el control de convencionalidad

POR Esther Prieto
Jurista, especialista en derechos humanos por la Universidad de Estrasburgo, Francia.

En nuestro país tenemos la vieja costumbre de aprobar la ratificación de los instrumentos internacionales, pero lamentablemente poco cumplimos. A raíz de eso tenemos ante los órganos de jurisdicción internacional un buen número de casos, planteados por las víctimas, como consecuencia de las trasgresiones de los derechos humanos reconocidos en las normas ratificadas.

Me he referido con anterioridad en mi columna en El Nacional a la responsabilidad del Estado y los casos pendientes ante la Comisión y la Corte Interamericana de la OEA. A causa de la falta de valoración de estos acuerdos internacionales y el incumplimiento de normas de derechos humanos por parte de agentes públicos, el Estado paraguayo se ve, muchas veces, obligado a pagar a las víctimas considerables sumas de reparación e indemnización por los daños causados.

De acuerdo al orden jurídico nacional establecido en la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales se hallan en segundo lugar en el orden de prelación de las leyes, por lo que no se debe adoptar ninguna decisión ni ninguna ley que pueda crear un conflicto de incompatibilidad con los estándares internacionales ratificados y canjeados, y para evitar esta incongruencia se dispone del mecanismo de control de convencionalidad.

Es por esta razón que adquiere relevancia la conferencia magistral sobre el “Control de Convencionalidad en el Sistema Interamericano” presentada por el presidente de la Corte Interamericana de Derechos humanos, juez Ricardo Pérez Manrique, durante su visita al Paraguay. Con un discurso pedagógico y amigable, propio de los juristas enamorados de su materia, esta visita nos compartió sus conocimientos invocando el compromiso con la realización de los derechos humanos, como factor clave para garantizar la gobernabilidad.

El propósito de esta visita académica ha sido desarrollar conferencias de capacitación para los magistrados y agentes involucrados en la administración de la justicia, ocasión en que reafirmó la necesidad de fortalecer la aplicación de las normas internacionales de protección de los derechos humanos, no solo respecto al acceso a la justicia sino en el seno de todos los órganos del Estado,  ya que así lo establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos, Pacto de San José, y así lo requiere el sostenimiento del Estado de derecho.

El control de convencionalidad es un mecanismo que obliga a los agentes públicos a la observación estricta de  las normas internacionales a las que el país se ha comprometido antes de tomar las decisiones, las que no se deben apoyar solamente en la legislación interna sino que deben ser analizadas a la luz de los derechos humanos reconocidos en la normativa internacional, asegurando la compatibilidad y la armonización del derecho interno con el internacional en todo el espectro de las normas internacionales concernientes y convenios suscriptos en el marco de los  derechos humanos.

Es bueno recordar que los estándares de derechos humanos que se originan en la OEA y en las Naciones Unidas, se realizan con la participación de los Estados miembros a través de sus delegaciones, se aprueban con el voto de los Estados miembros, y finalmente su carácter vinculante se perfecciona con la ratificación de los Estados, por lo que no se puede encontrar ninguna justificación para no cumplirlos.

Controlar que nada de lo que se decida vaya en contra de una norma internacional ratificada. Esa es la función del control de convencionalidad que como herramienta dará efectividad en tiempo oportuno al cumplimiento de los derechos humanos.  Pérez Manrique indicó que son los sistemas de justicia nacionales los que por su cercanía deben dar cumplimiento al principio pro homine (pro persona) y al principio de celeridad. De este modo, enfatizó, “se garantiza que la justicia llegue en tiempo real”. Aclaró que cuando las comunicaciones llegan ante la Corte Interamericana para su revisión, ya ha transcurrido el tiempo y el incumplimiento de los derechos de las personas ya ha causado daños muchas veces irreparables, y se presentan dificultades para el derecho a la restitución que por el transcurso del tiempo se ha perdido, y muchas veces solo resta la aplicación de la reparación económica y la indemnización por los daños sufridos.

En el marco de esta oportuna visita se realizó también la presentación de un documento elaborado por la Corte Suprema de Justicia (Dirección de Derechos Humanos), sobre la aplicación del control de convencionalidad y las buenas prácticas judiciales.  Es interesante que el documento incorpora reflexiones sobre preocupaciones actuales como la persistencia en actos de corrupción y la impunidad y destaca la importancia del acceso a la información en los procesos judiciales. El documento presenta, asimismo,  comentarios sobre el Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción, un plan quinquenal instalado desde el año 2006, para dar cumplimiento a la Convención Interamericana y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ambas ratificadas por Paraguay en los años 2004 y 2005.

Respecto a la implementación del mecanismo de control de convencionalidad, es necesario que reconozcamos que el mismo es un mandato imperativo para todos los órganos del Estado y, en consecuencia, obliga a todos los agentes públicos de todos los niveles, sobre el  entendimiento del significado de la ratificación de estos estándares, lo que representa un compromiso, ya que la cuestión no radica solamente en ratificar, sino que la obligación es cumplirlos, y esa es la finalidad del control de convencionalidad como herramienta, por lo que la visita académica se ha extendido también a una presentación en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, así como una visita al Ministerio de Relaciones Exteriores.

En conclusión, creemos que esta visita ha de redundar en beneficio del cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos, ya que los mismos se hallan en el segundo lugar en nuestro ordenamiento jurídico, o sea en condición de prevalencia sobre las leyes. Los agentes públicos han de cumplir en primer lugar con la Constitución de la República, en segundo lugar con la normativa del sistema interamericano y del sistema de las Naciones Unidas, extendiéndose a los acuerdos bilaterales y multilaterales ratificados por el Congreso Nacional. Esta obligación se dirige a los tres poderes del Estado, y es un imperativo honrarla en este nuestro difícil proceso de construcción del Estado de derecho.

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