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Política

La Corte completa “blanqueo” del cartista Javier Zacarías Irún

El matrimonio Javier Zacarías Irún y Sandra McLeod investigados por corrupción. Foto: Archivo.

El matrimonio Javier Zacarías Irún y Sandra McLeod investigados por corrupción. Foto: Archivo.

La justicia sigue allanando el camino del cuestionado senador cartista Javier Zacarias Irún, procesado por enriquecimiento ilícito y con un pedido de pérdida de investidura que se tramita en el Senado.

Hoy, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó in limine la acción del Ministerio Público contra la resolución que impedía la reapertura de la causa por enriquecimiento ilícito contra Zacarías.

Con el voto de los ministros Antonio Fretes, César Diésel y César Garay, el alto tribunal consideró cerrada la discusión en lo relacionado con la reapertura de la Causa N°4/2018 “Javier Zacarías Irún s/enriquecimiento ilícito Ley N° 2523/2004”.

La acción de inconstitucionalidad rechazada por la CSJ estaba impulsada por los fiscales de lavado de dinero  Josefina Aghemo de Lorenzi, y anticorrupción Luis Said, Osmar Legal y Sussy Riquelme, quienes rechazan las decisiones del Juzgado Penal de Garantías N°7, de Ciudad del Este, y el Tribunal de Apelaciones en lo Penal, de Alto Paraná.

El rechazo in limine refiere a cuando una demanda o un recurso es desechado de fondo, no admitiéndose más discusión, por no ajustarse la acción a lo dispuesto en el marco normativo jurídico del país.

El senador cartista y su esposa Sandra McLeod, ex intendenta de Ciudad del Este, habían sido ya sobreseídos en junio pasado -en otra controvertida decisión judicial que enseguida se relacionó con el blanqueo del parlamentario-, de los delitos de lesión de confianza y declaración falsa por los que habían sido imputados en abril del año pasado, en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito y otros hechos punibles.

Destitución en duda

La decisión de hoy de la Corte, más allá de los argumentos jurídicos esgrimidos por los altos magistrados con citas de la Constitución Nacional y del Código Procesal Penal, pone en duda el avance del pedido de pérdida de investidura que impulsan las bancadas de Patria Querida y Hagamos contra Zacarías, y que se tramita en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.

El pedido de destitución vincula al parlamentario con varias empresas, como Gestiones del Este S.A., donde aparece asociado a Femando Román Fernández; Itapema Constructora S.A., donde también es socio Justo Zacarías; “esta empresa tuvo un crecimiento sorprendente, arrancó con Gs. 1.000, al año duplicó a 3.000 millones, y luego a 6.000 millones”, reza el escrito; y lo involucra en la quiebra de Mocipar.

Dice que Itapema es propietaria del dúplex en que vive el Juez Penal de Garantías de Ciudad del Este, Marino Méndez, quien entendió en el amparo judicial que prohibió a los concejales tratar la renuncia de su esposa Sandra McLeod a la Intendencia de Ciudad del Este.

Cita el Informe de la Seprelad N° 56/2018 que “confirma” los lazos del senador cartista con estas empresas, con otras que eran adjudicadas con millonarias obras en la Municipalidad de Ciudad del Este y en la Gobernación del Alto Paraná, así como en otros municipios donde Zacarías Irún contara con aliados políticos.

El proyecto hace un recuento de episodios que supuestamente configuran la utilización de influencia indebida del parlamentario para granjearse beneficios y eludir la acción judicial que pesa sobre él y su familia.

Pero el elemento de mayor pesa son tres audios de abril de 2019 de conversaciones suyas con Juan Domingo Sanabria, ex jefe de Prensa de la Municipalidad de Ciudad Del Este, que fueron grabados por el mismo Sanabria y agregados en la carpeta fiscal de la causa que investiga a los Zacarías.

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