El cartismo confirmó esta siesta que su equipo jurídico está preparando el proyecto para solicitar la pérdida de investidura del senador del Frente Guasu Sixto Pereira, por supuesto tráfico de influencias con base en unos audios difundidos en un programa de televisión, donde el parlamentario de izquierda conversa con una abogada sobre un conflicto en tierras de la Agroganadera Forestal Arroyo Pozuelo, en Canindeyu.
El senador cartista Antonio Barrios aseguró que estarían presentando el pedido contra Pereira a más tardar el viernes. “Si lo terminamos lo vamos a presentar, nuestros abogados y técnicos están trabajando a full”, indicó.
Según especula Barrios, acompañarían la presentación del proyecto para despojar a Pereira de su banca, los senadores de Patria Querida, Zavala y Stephan Rasmussen, y el filo cartista Enrique Riera. Dijo que todavía tiene que “conversar” con Javier Zacarías Irún, sobre el que también pesa un pedido de pérdida de investidura por parte de la bancada de Zavala, y con Juan Darío Monges, quien ostenta el récord de no haber acompañado nunca ninguno de estos procesos en el Senado.
Se trata del quinto pedido de pérdida de investidura de parlamentarios en lo que va de la pandemia de Covid-19, y el segundo contra el senador del Frente Guasú, luego que los gremios industriales y agroganaderos encaminaran la semana pasada una acción similar contra Pereira, Hugo Richer, y Pedro Santacruz, del PDP, que se esperaba sea apadrinada por la bancada del ganadero Fidel Zavala, lo que finalmente no ocurrió.
Denuncia de Tuma
La pérdida de investidura de Pereira impulsada por el cartismo coincide con la nota que el abogado Oscar Tuma presentó esta mañana al presidente del Senado Oscar Salomón, denunciando al parlamentario luguista de traficar influencias en un caso que afecta a su cliente Arroyo Pozuelo, y pidiendo sea despojado de su cargo en virtud de lo que establece el artículo 201 de la Constitución Nacional.
Tuma también presentó como elemento de prueba una conversación telefónica grabada, que se descuenta es la misma que menciona Barrios y que se difundió en televisión, y que según expone en su escrito a Salomón “comprueba el perverso sistema para extorsionar a propietarios de inmuebles y sacarles dinero, bajo amenaza de invadir sus tierras”.
“Para amedrentarme, Sixto Pereira me invitó al Congreso, donde fui acompañado por el administrador de mi cliente y fuimos recibidos por Pereira, Miguel Ángel López y Enzo Cardozo, quienes nos hicieron saber que teníamos que arreglar el problema de la finca, lo que motivó que les increpara duramente por su accionar delictivo”, relata Tuma en su escrito.
Respecto del audio que dice incrimina a Pereira, Tuma adelantó que recibió la grabación de la conversación del senador luguista con la abogada Marilene Sguarizi, donde -dice el abogado-, Pereira “solicita un precio para dejar las cosas como están y no continuar adelante con la mensura de la propiedad, con la colaboración de la nueva Corte Suprema de Justicia”.
Pereira contraataca
Por supuesto que el senador Pereira habló también hoy sobre estas acusaciones y los audios hecho públicos, negando que la charla con la abogada Sguarizi y la intervención del abogado Parodi tuviera como trasfondo algún negociado de tierras, y denunciando una persecución política en su contra en momentos en que el debate por la propiedad de la tierra está en su punto más alto.
Pereira sostuvo que con Sguarizi trataban de establecer un encuentro entre la representación de la empresa Arroyo Pozuelo y Parodi para buscar una solución.
El parlamentario explicó a los medios que el conflicto con Arroyo Pozuelo, en el distrito de Nueva Esperanza, Canindeyu, se origina con pedidos de intermediación de organizaciones campesinas de esa zona que reclaman supuestos “excedentes” fiscales dentro de la propiedad de la empresa.
“Nuestra función en la Comisión de Reforma Agraria del Senado es escuchar a los compatriotas sin tierras, y a partir de eso iniciamos contacto con la representación de Arroyo Pozuelo”, afirmó. Relató que la reunión que cita Tuma en su escrito a Salomón, con Cardozo y López, efectivamente se realizó; que estuvo presente el abogado (Tuma) y un administrador de la empresa, pero que en ningún momento ninguno de los parlamentarios intentó extorsionar ni amenazar.
Pereira explicó que el abogado Parodi interviene en la cuestión, porque aparentemente tiene tierras en la misma fracción de Arroyo Pozuelo, que había ofrecido vender al INDERT para atender los reclamos de las organizaciones campesinas.
“Cuando Parodi iba a tomar posesión para delimitar sus tierras, esta empresa (Arroyo Pozuelo) a través de Tuma se lo impidió; lo maltrató, llaveó, maltrató a la jueza”, relató.
Dijo que entonces, “nosotros como parlamentarios planteamos institucionalmente al INDERT que se haga una mensura judicial sobre la totalidad de las tierras de Arroyo Pozuelo”, lo que finalmente salió mediante la Resolución 579/18 del INDERT, ya durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
El parlamentario afirmó que en las averiguaciones que hicieron sobre las tierras de la empresa agroganadera encontraron que ninguna de las fincas que componen la propiedad, unas 20, están empadronadas en Nueva Esperanza; o sea, aparentemente se fraguaron documentos catastrales con números de finca padrón traídos de Hernandarias, Salto del Guairá, Francisco Caballero Álvarez, y otros distritos.
“El origen de esta propiedad parece que no es tanto como dice el abogado (Tuma), y si la empresa está segura que la tierra la consiguió de manera transparente, no tendría que tener inconveniente para que se haga la mensura judicial, incluso le conviene”, aseguró.
