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Política

Senador denuncia deforestación por parte de funcionario del BNF

El senador Enrique Salyn Buzarquis en el lugar donde denunció la tala ilegal de árboles nativos. Foto: Facebook

El senador Enrique Salyn Buzarquis en el lugar donde denunció la tala ilegal de árboles nativos. Foto: Facebook

El senador liberal Enrique Salyn Buzarquis denunció la “criminal deforestación” de árboles nativos en una propiedad ubicada en las márgenes del arroyo Capiibary, en San Juan Nepomuceno.

“Fui a San Juan Nepomuceno a filmar y a grabar la deforestación sobre el mismo arroyo Capiibary. Fueron talados más de 40 árboles de especies nativas. Una gran tristeza me invadió al ver estos hermosos árboles,hoy convertidos en rollos”, escribió el parlamentario en su cuenta de Facebook, posteando además fotografías del lugar.

Salyn Buzarquis acusó a un funcionario del Banco Nacional de Fomento (BNF), de nombre Arturo Maciel, que sería hijo de la directora del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), por la tala de árboles en abierta violación de la Ley de Deforestación Cero que rige para la Región Oriental del país.

El parlamentario identificó a una familia de apellido Gamarra, como propietaria de la finca donde Maciel habría realizado la tala ilegal, y agregó que el caso ya fue denunciado al Ministerio Publico, y quedó a cargo del agente fiscal Erico Ávalos.

“Señora Sandra Quiñoñez ordene el impulso de la investigación. Sr. Ministro Ariel Oviedo, y Sra. Cristina Goraleski, de INFONA, actúen exigiendo un castigo ejemplar”, pidió el parlamentario.

Tierra arrasada

La deforestación es una verdadera problemática ambiental en el país, a partir de las mismas estadísticas oficiales que registran un ritmo de deforestación de 336.000 hectáreas anuales hasta la entrada en vigor de la primera de las versiones de la ley de deforestación cero, en 2004, y por la aparente permeabilidad en el otorgamiento de licencias ambientales en el MADES, según denunció hace poco un documental inglés que recogió el testimonio de la bióloga Karen Colmán, exfuncionaria de la vieja Secretaría del Ambiente (SEAM).

Según el mismo Instituto Forestal Nacional (INFONA), Paraguay conserva menos de la mitad de la superficie boscosa que tenía en tiempos de la colonización. De 27 millones, hoy dispone de 12,9 millones de hectáreas de bosques. De 9 millones de hectáreas de bosques en la Región Oriental, actualmente quedan 1.900.000 hectáreas. En el Chaco, las estadísticas dicen que en los últimos 10 años la región ha perdido cerca de un millón de hectáreas.

La deforestación es además un problema en lo relacionado con la firma del esperado Acuerdo comercial MERCOSUR-Unión Europea, que viene enfrentando el cambio de humor de varios países de Europa, como Francia y Alemania, por las políticas ambientales de los países sudamericanos, libradas al arbitrio de pactos políticos y decisiones poco responsables.

También, cada desmonte ilegal suma a una catástrofe ambiental de proporciones escandalosas y consecuencias terribles, que ya se están sintiendo. Según el sistema satelital Global Forest Watch (GFW), entre 2001 y 2019 se deforestaron en Paraguay unas 6 millones de hectáreas, lo que ubica a nuestro país entre los que perdieron mayor cobertura boscosa en el continente, incluso después de Brasil. Y en los últimos años, pese a la Ley de Deforestación Cero, que rige para la Región Oriental.

La llamada ley de “deforestación cero”, aprobado por el Congreso poco antes de fin de año, prohíbe la realización de cualquier actividad, ya sea agropecuaria, industrial o que involucre territorio boscoso; el otorgamiento de licencias, permisos, declaraciones de impacto ambiental, o cualquier otro documento jurídico de naturaleza similar, y deja a los bosques afuera de la explotación forestal y de las tierras destinadas a la reforma agraria.

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