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“Ley Garrote”: Lo que específicamente propone el Ejecutivo

Controles en la vía pública. Foto: Agencia IP.

Controles en la vía pública. Foto: Agencia IP.

El polémico proyecto de “Ley Garrote”, como fue bautizado mediáticamente y presentado por el Poder Ejecutivo, está generando tantas controversias en el ámbito legislativo que el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, y otros miembros del gabinete presidencial tuvieron que hablar con senadores de la Nación para aclarar algunos aspectos.

Según explican parlamentarios de la oposición y expertos juristas, el proyecto de Ley presentado por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez solo busca dar un marco legal más consistente a las autoridades para restringir la libertad de la ciudadanía, bajo el argumento de la situación sanitaria. Sostienen además que se proyecta otorgar superfacultades a la Policía Nacional, al Ministerio de Salud y a otras instituciones del Ejecutivo, para sancionar duramente a los infractores de estas medidas sanitarias.

El vicepresidente Hugo Velázquez se reunió el martes con el senador Óscar “Cachito” Salomón, presidente del Congreso Nacional, así como con otros senadores, a fin de analizar el proyecto de Ley de “Emergencia Sanitaria por la pandemia del Covid-19”. En la ocasión, el segundo al mando del Gobierno señaló que la intención es que el Poder Legislativo analice la propuesta y haga las correcciones que “la ciudadanía cuestiona”.

Pero, ¿Qué exactamente propone el proyecto de ley elaborado?

Desde El Nacional tuvimos acceso a los puntos claves de la iniciativa de anteproyecto, el cual busca “esclarecer” facultades y competencias de instituciones del Estado para el cumplimiento de las medidas sanitarias en el marco de la lucha contra el letal virus. Se presenta como un proyecto de “reforma” de la Ley de Emergencia Sanitaria y también establece penas privativas de libertad a funcionarios que participan de inmunizaciones irregulares.

Se dispone que las personas físicas o jurídicas que infrinjan las medidas sanitarias dispuestas por el Ejecutivo quedarán sujetas al procedimiento administrativo y a la aplicación de las sanciones previstas en esta ley, en concordancia con los regímenes sancionatorios propios de cada materia regulados bajo la normativa legal vigente.

Ejercerán facultades sancionatorias por violación a las disposiciones sanitarias dispuestas por el Poder Ejecutivo, dentro del ámbito de sus competencias legales, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Viceministerio de Transporte, Dinatran, las municipalidades y los demás organismos públicos correspondientes.

Facultades otorgadas a la Policía Nacional

La Policía Nacional, en un carácter de órgano auxiliar, tendrá las facultades de acompañar a las autoridades administrativas en el proceso de control y fiscalización de las normas sanitarias, en caso de que éstas lo requieran. Deberán constatar las violaciones a las medidas sanitarias dispuestas por el Ejecutivo en los lugares públicos y privados de uso público, siempre y cuando la intervención no pueda ser efectuada por los demás órganos administrativos de control y fiscalización e instar al infractor a que dé cumplimiento a las medidas sanitarias.

Asimismo deberá labrar acta de los incumplimientos y comunicar lo sucedido al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, para dar inicio al procedimiento administrativo sancionador, en caso de constatarse resistencia o la presunta comisión de otros hechos punibles, disponer la aprehensión del infractor y ponerlo a disposición del Ministerio Público en un plazo no mayor de seis (6) horas.

Salud Pública sancionará a ciudadanos

La atribución de nuevas facultades al Ministerio de Salud Pública es otro de los puntos muy cuestionados, más por expertos en leyes. En el título relativo al régimen disciplinario se menciona que el órgano competente para llevar adelante el sumario administrativo y aplicar las sanciones a las personas físicas o jurídicas, como consecuencia de la inobservancia de esta ley y los decretos correlativos que dispongan las medidas sanitarias, será la cartera sanitaria.

Se hace aquí la importante observación que esto será sin perjuicio de las competencias privativas que, en el marco de la normativa legal vigente, tengan otros órganos públicos.

Respecto a la orden judicial para el allanamiento de recintos privados, se propone que en aquellos casos en los que se constate la violación de las medidas sanitarias dispuestas por el Poder Ejecutivo en un lugar privado de uso público y los agentes responsables de los mismos se opongan a la intervención, la Policía Nacional o las autoridades administrativas competentes de control y fiscalización requerirán una orden judicial, de cualquier autoridad jurisdiccional de la zona, a fin de proceder al allanamiento para poder constatar las violaciones que hayan sido denunciadas o advertidas de oficio por la Policía Nacional o por las autoridades administrativas competentes.

Sanciones

En cuanto a sanciones, en la propuesta se establece que el incumplimiento de las medidas sanitarias por parte de personas físicas o jurídicas, dispuestas por el Poder Ejecutivo en los decretos correlativos a esta ley, conllevará la aplicación de las sanciones.

Las sanciones a ser aplicadas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social serán, según el caso, amonestación o multa de cinco (5) a trescientos (300) jornales mínimos. Las sanciones serán graduadas y determinadas conforme con la gravedad de las violaciones cometidas por el supuesto infractor y el eventual perjuicio a la salud pública que se hubiere causado.

El importe de las multas percibidas por el Ministerio será depositado en una cuenta especial que fiscalizará el Ministerio de Hacienda y será destinado a incrementar y fortalecer los programas relacionados con la emergencia sanitaria.

Cárcel por vacunación irregular

Un punto también muy polémico fue el que busca penalizar el acto de vacunación irregular de las dosis contra el Covid-19. En el proyecto se establece que el que siendo funcionario utilice su cargo o posición para beneficiar indebidamente a otro para recibir la vacuna, será sancionado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o multa.

Asimismo, se dispone que será aplicable igualmente la inhabilitación a ocupar cualquier cargo en la función pública, sea electivo o no, por diez años.

Para el caso de hurto agravado de vacunas e insumos, el proyecto señala que el que hurtara vacunas, insumos o medicamentos empleados en el combate a una epidemia sanitaria, será castigado con pena privativa de libertad de 2 a 6 años.

Cuando el autor actuara comercialmente en los términos del artículo 14 del Código Penal será castigado con la pena prevista en el artículo 57 del mismo cuerpo legal. Si el autor o partícipe fuese funcionario será inhabilitado a ocupar cualquier cargo en la función pública, sea electivo o no, por diez años.

¿Qué dicen los senadores?

Luego de escuchar brevemente la propuesta de Ley enviada por el Ejecutivo, la senadora Desirée Masi comentó el martes que no se han sancionado a transportistas y locales cerrados. Agregó que la propuesta debía ser analizada en las comisiones de Salud y Legislación.

Sugirió además que el capítulo referente al tema vacuna debe ser eliminado y que el proyecto debe limitarse a una ley sanitaria y económica.

Asimismo, la legisladora insistió en el uso adecuado de la ventilación, lavado de manos, distanciamiento social y uso de mascarilla, entre otras observaciones.

También el senador Stephan Rasmussen opinó sobre el documento, señalando que le parece importante, pero que se deben tomar un tiempo para discutirlo. Los líderes de otras bancadas también opinaron sobre el documento y se centraron sobre las sanciones.

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