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Editorial

La afrenta de los seguros VIP

Nuevamente esta semana nos encontramos con datos que desnudan prácticas discriminatorias y, por lo tanto, antiéticas, en la gestión pública. Cuando la mayoría de la población padece las deficiencias endémicas del sistema nacional de salud, aquejado no solo por la falta de presupuesto y recursos humanos, sino también por la corrupción rampante que se aloja en sus diferentes estamentos, vemos una casta de privilegiados que, merced a su posición en ciertas instancias de gobierno, disfrutan de seguros médicos VIP que pagamos todos los contribuyentes.

Si bien la situación no es nueva, pues en otras ocasiones el tema ya fue centro del debate e, incluso, obligó a medidas correctivas (que resultaron temporales), conocer el aumento exponencial del monto de las adjudicaciones del sector público a sanatorios privados provoca la justa indignación ciudadana: en diez años la contratación de estos servicios ascendió de un millón de dólares a setenta millones.

Este negocio de unos pocos resulta una afrenta a todas las personas que, con esfuerzo sobrehumano, sobrellevan los gastos ocasionados por esta terrible pandemia. Pero no solo eso: cualquiera sea la enfermedad -ni hablar de los casos complejos de cirugía o tratamientos especializados- el costo de la salud en el Paraguay es tan enorme que la solidaridad popular siempre aparece para paliar los daños.

¿Por qué debemos soportar esto, mientras unos pocos tienen la salud asegurada y reciben una prestación de calidad, solventada justamente por todos aquellos que a veces no encuentran una cama ni alcanzan a comprar sus remedios? En lugar de invertir en onerosos seguros cuya contratación beneficia solo a un puñado de empresas privadas, el Estado debería impulsar y fortalecer la capacidad de IPS, recurriendo a él para proteger la salud de sus funcionarios, electos y designados, en todos los poderes. Asimismo, todos los asegurados de IPS deberían poder acceder a una prestación de calidad.

Demasiada tristeza hemos vivido en este año y medio que ha pasado, y bastante nos queda aún por transitar en este periodo difícil, durante el cual la mala performance del Paraguay en materia de derechos básicos (salud, vivienda, educación) se acentuó. La salud es un derecho humano ineludible y, como tal, debe ser respetado, atendido y garantizado absolutamente para todos. Los habitantes del país, en todas las etapas de nuestra vida, deberíamos poder gozar de servicios públicos eficientes y accesibles. Es función de los administradores del Estado actuar para que así sea.

 

D.D.W-S

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