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Política

Informe de Contraloría sobre Itaipú sugestivamente incompleto

Contraloría General de la República. (Foto: Gentileza)

Contraloría General de la República. (Foto: Gentileza)

POR Alfredo Guachiré
Ciberactivista-investigador

En los últimos días la auditoría sobre la deuda de Itaipú aportó información al debate con miras a la renegociación del tratado con el Brasil. Incluso el Senado planteó usar estos datos como base para los negociados. Sin embargo el informe tiene falencias notables y fue presentado coincidentemente poco antes de los concursos para ocupar los cargos más importantes en la Contraloría.

Cabe recordar que el Senado en fecha 22 de julio realizó el llamado a concurso para ocupar los cargos de contralor y subcontralor de la República, teniendo en cuenta que el mandato de los actuales fenece el próximo 2 de noviembre de 2021.

Existen varios puntos del informe que deben ser resaltados.

Para iniciar, el informe no es único, fue una actualización de anteriores auditorías de la Contraloría; el primer informe se publicó a principios del año 2000, concluyendo que las autoridades de itaipú aplicaban tarifas por debajo del costo y violando el tratado, pero nadie fue procesado en ese entonces.

Luego en el 2013 el contralor Oscar Velázquez volvió a presentar otro informe de avance de auditoría sobre la deuda ilegal de Itaipú, concluyendo la aplicación irregular de la tarifa por debajo del servicio de electricidad, violando el Anexo C del tratado, pero tampoco hubo procesados.

El 19 de julio de 2021, días atrás, el contralor Camilo Benítez volvió a presentar un informe con la misma estructura del anterior y una vez más concluyó que las autoridades aplicaban tarifa por debajo del costo, violando el Anexo C del tratado.

La propia Contraloría argumentó limitaciones del informe explicando no haber accedido a la totalidad de las documentaciones para estudiarlas y argumentó que la mayoría estaban en portugués. Es decir, no fueron capaces de recurrir a un traductor.

También la Contraloría argumentó otras limitaciones, por ejemplo señalaron que algunos documentos eran de antigua data, resultando ilegibles. Los auditores además afirmaron que el informe final no concluye una revisión integral de todas las operaciones y que no puede exponer todas las deficiencias.

Es un informe incompleto

Ya en el informe del 2013 mencionaban que los suministros de los informes fueron proveídos por la Comisión de Entes Binacionales ya que escasos fueron los documentos proveídos por el Ente Binacional.

Si el informe que tenemos es efectivamente incompleto y limitado, no abarca todas las eventuales deficiencias por falta de provisiones de documentos de Itaipú surge la pregunta; ¿por qué el contralor no solicitó una orden judicial para proceder al allanamiento de la Entidad Binacional Itaipú?

Lo más grave del informe de la Contraloría sobre la deuda de Itaipú es que los auditores omitieron el trámite de correr traslado de las observaciones y conclusiones, violando el manual de auditoría, en consecuencia no tenemos los descargos, documentos y la versión de la administración actual.

Otro problema del informe de la contraloría sobre la deuda de Itaipú es que no han individualizado a los responsables de los desfalcos en la Binacional y en las más de 109 páginas del informe y sus anexos, no han publicado un sólo documento auditado.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, este informe por sus limitaciones no puede servir de instrumento suficiente para marcar línea de base a la renegociación del Anexo C. En ese sentido, la contraloría deberá iniciar en forma inmediata otra auditoría completa sobre la deuda de Itaipú con el Brasil.

Hoy el gobierno paraguayo y a poco tiempo del inicio de la renegociación carece de una versión oficial para defender los intereses nacionales de Itaipú frente al Brasil.

Si bien incluso autoridades del Congreso Nacional fueron convocadas para estudiar el informe, es improbable que el mismo pueda aportar efectivamente datos para encarar la renegociación ya que está incompleto, fue hecho a las apuradas y aparentemente con el objetivo de garantizar la reelección del Contralor.

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