El director nacional de Aduanas, Julio Fernández, presentó este jueves una denuncia penal contra el senador colorado Martín Arévalo por supuesto tráfico de influencias en su calidad de legislador.
El funcionario aduanero sostiene que Arévalo intentó intermediar en la designación de funcionarios en puestos claves de la institución y en la tramitación de sumarios administrativos y procesos administrativos de competencia de Aduanas.
"La Aduanas está obligada a velar por el cumplimiento de la legislación, así como a cooperar para esclarecimiento de causas penales, lo que implica la revelación de posibles financistas y cooperadores en hechos que podrían constituir infracciones aduaneras y/o delitos", argumentó Fernández.
En la denuncia penal, Fernández comentó que el senador se comunicó varias veces por WhatsApp con él, en su caracter de parlamentario, para solicitarle traslados y designaciones de funcionarios que prestan servicios en la institución."Una de las peticiones se refiere al funcionario Miguel Ángel Medina, quien se desempeña actualmente en carácter de Jefe de División, con rubro presupuestario correspondiente al cargo que ocupa", se indica. Supuestamente, Arévalo le solicitó que ascienda al citado funcionario al rango de Administrador de Aduana, lo que no solo implicaría un ascenso de rango sino que también una mejora económica.
"Por lo expuesto, la presión ejercida para la designación de determinados funcionarios en los cargos no resulta menor, ya que son éstos los que en una primera línea de control deben velar por la recaudación y cuidar los factores de seguridad, lo que hace más grave la petición formulada, atendiendo a que sería distinto pedir la designación de un funcionario de rango menor en un cargo similar al que detenta", afirma Fernández.
Además, se incluye en la denuncia formulada ante la Fiscalía que Arévalo también ha intermediado en el marco de sumarios administrativos, a fin de que puedan ser resueltos a favor de una u otra persona.
Por último, se le pide al Ministerio Público analizar los casos y las pruebas documentales legalizadas ante Escribanía, a fin de esclarecer los hechos denunciados.
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