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Política

Alejandro Díaz Arce: “Sin instituciones sólidas, iniciativas legislativas serán vanas”

Alejandro Díaz Arce. Foto: Gentileza.

Alejandro Díaz Arce. Foto: Gentileza.

La justicia, hoy día en nuestro país, acapara el centro de atención de toda la ciudadanía. Días atrás, se ha elegido a un nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia, un profesional del ambiente político, Este hecho ha generado un torbellino de comentarios en todos los ámbitos del país. Apenas se ha acomodado el elegido en la mesa de la máxima magistratura, unos ministros se proclamaron inamovibles en sus cargos. Para algunos profesionales constitucionalistas, esta acción es inconstitucional, para otros, no.

El Nacional mantuvo una comunicación con un joven abogado Alejandro Díaz Arce, quien nos ilustra en un lenguaje claro sus reflexiones sobre algunas cuestiones puntuales que afectan al engranaje del sensible y complicado tema jurídico de Paraguay.

Hoy en día, en nuestro país, el tema central de debate es la justicia, ¿cómo ve Ud. el andamiaje jurídico actualmente?

Considero que tenemos que poner en la mesa de debate la institucionalidad, que es en definitiva, el apego a las normas y procesos. El buen funcionamiento de los organismos del estado depende de la claridad de las normas que los rigen. Cuanto más claras estén las reglas, independientemente de los vaivenes políticos, más fortalecidas estarán las instituciones. Precisamente, la debilidad es la razón por la que aún existen importantes desafíos en materia de protección jurídica. Sin justicia no hay paz, y sin instituciones sólidas no hay justicia.
La percepción de inseguridad jurídica abarca cuestiones tan divergentes como los homicidios, la invasión de la propiedad privada, la escalada de violencia de toda índole.
Tenemos buenas leyes, algunas incluso siendo antiguas siguen cumpliendo su cometido con eficacia, otras están en estudio para futuras reformas. Sin embargo, si carecemos de instituciones sólidas, cualquier iniciativa legislativa será en vano.

Hace poco se ha elegido a un nuevo miembro de la CSJ, un político, ¿se diluye la ansiada independencia de la justicia con la inclusión de profesionales con perfil altamente político?

El gobierno es ejercido por los tres Poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, en un sistema de separación, equilibrio, coordinación y recíproco control. Así lo establece la Constitución en su art. 3. El ejercicio del poder público, si lo vemos desde la perspectiva de la toma de decisiones de política institucional, nos lleva a reflexionar sobre el hecho de que existen cualidades políticas en los tomadores de decisión que les son atribuidas por las mismas facultades otorgadas dentro del ejercicio del cargo. Por otra parte, en el entendimiento de que la Corte Suprema de Justicia es un órgano colegiado y las decisiones se toman como tal, resultaría difícil que un solo miembro del cuerpo colegiado pueda decidir en forma solitaria las cuestiones planteadas en esa instancia. Hay que agregar que dentro de este ejercicio, es natural que en uso de sus atribuciones la máxima autoridad del Poder Judicial tome decisiones de política institucional, porque en definitiva, está ejerciendo la gobernanza y está limitada por las reglas de la Constitución.

La declaración de inamovilidad de algunos ministros de la CSJ inició el debate si corresponde constitucionalmente o no, ¿cuál es su lectura sobre esta problemática?

En mi opinión, los ministros de la Corte Suprema de Justicia deben estar en funciones desde su nombramiento hasta la edad de 75 años.

¿Urge la renovación de la Constitución Nacional de la República?

No, nuestra Constitución es la adecuada a nuestra sociedad. Todos los habitantes, independientemente de su raza, religión o sexo son iguales ante la ley porque así lo establece la Carta Magna.

Los profesionales del derecho que litigan en el Palacio de Justicia, los llamados pasilleros, sufren todo tipo de situaciones desagradables, ¿tiene Ud. alguna idea o estrategia para erradicar esa figura?

El Poder Judicial tiene que tener un programa de control de gestión y resultado para las cuestiones de mero trámite y que esto se traduzca en un sistema de evaluación permanente de la calidad de los servicios prestados a los justiciables.

Hay rumores que la justicia del país está cooptada por fuerzas externas, ¿cómo se podría visibilizar eso?

La Constitución en su art. 248 garantiza la independencia del Poder Judicial y en su art. 249 se establece que no menos del 3% del presupuesto general de la administración central le será asignado. Retomando la idea del ejercicio del gobierno, creo que el eje de esta discusión se da precisamente porque hoy se carece de la asignación garantizada constitucionalmente.

Diariamente, en los medios de prensa, aparecen denuncias graves contra referentes políticos, ¿quién debería tomar esas denuncias?, ¿la Fiscalía General del Estado?

La noticia criminal debe ser formalmente presentada ante el Ministerio Público quien es el representante de la sociedad. De la misma forma, el propio Ministerio Público puede de oficio tomar intervención cuando los hechos sean públicamente notorios.
Las presentaciones deben cumplir con las formalidades prescritas en la ley procesal, deben ser ciertas, el denunciante debe asumir la responsabilidad, las investigaciones deben ser llevadas en el marco del debido proceso para evitar nulidades posteriores y dilaciones excesivas que conduzcan a la prescripción de las conductas penales.

¿En qué área de la justicia se debería iniciar reformas sustanciales?

La Corte Suprema de Justicia se ha comprometido, conforme lo establece el Plan Estratégico Institucional 2021 – 2025 disponible en www.pj.gov.py, en trabajar sobre cinco grandes objetivos: 1. Mejorar los servicios de justicia, 2. Mejorar el talento humano, 3. Fortalecer la aplicación de la tecnología 4. Optimizar los servicios administrativos y, 5. Optimizar la prestación de los servicios registrales.
Celebro que la institución, en primer lugar reconozca las falencias estructurales y de gestión; y que a partir de ese reconocimiento tome acciones concretas. El avance del expediente electrónico, la utilización de los mecanismos de concurso para acceder a cargos, los distintos procesos de simplificación y gestión de despachos judiciales se perciben, en algunos fueros más que en otros, pero hay una percepción de que los cambios se están dando, por pequeños que sean, lo que nos da esperanza tanto a nosotros los profesionales como a los justiciables. Todas estas cuestiones se acompañan además, de propuestas de reformas en materia legislativa, como la ley de autarquía presupuestaria y la carrera judicial.

En cuanto a la formación de los fiscales, ¿necesitan capacitarse más?

Sin ninguna duda. Las personas que acuden al Ministerio Público lo hacen porque es la institución responsable de representar a la sociedad en los hechos punibles de acción penal pública. Falta capacitación, pero sobre todo, creo que falta un serio compromiso con el pueblo, en especial para la protección ante la comisión de hechos punibles tan graves como los homicidios, los perjuicios patrimoniales, la invasión de inmuebles privados, que deben tener una respuesta inmediata.
Sin embargo, esa no es la percepción del ciudadano en estos momentos; porque una institución en huelga es una institución que finalmente niega sistemáticamente el acceso a la justicia, dejando a las personas desprotegidas y evidenciando el divorcio entre la institución y la sociedad.

Si Ud. fuera un ministro de la CSJ, ¿qué cambiaría en la actual administración de la justicia?

Antes de responder a esta pregunta, quiero compartir la siguiente reflexión: el que no sirve para servir, no sirve. En este orden de ideas, hoy mi lugar está al servicio de las personas desde los pasillos de los tribunales. Admiro profundamente a los servidores públicos que honran la toga y administran justicia con probidad y competencia, de momento, mi contribución a la sociedad prefiero hacerla desde el ejercicio privado de la profesión.

 

*Dr. en Lingüística, Lengua, Educación y Didáctica.
Universidad de Kiel, Alemania.

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