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Política

Cámara Baja pide informes sobre megaoperativos a la SENAD

Los diputados por el Partido Hagamos, Tito Ibarrola y Carlos Rejala, impulsaron la aprobación de dos pedidos de informes durante la pasada sesión ordinaria de la Cámara Baja.

Ambos documentos fueron remitidos a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD); el primero, para conocer detalles del operativo A ultranza Py, mientras que el segundo, indaga sobre el operativo Turf.

Los legisladores solicitan la remisión de las informaciones y los antecedentes que tengan relación con las inspecciones, procedimientos y allanamientos que se realizaron a partir del miércoles 23 de febrero del año 2022, en el marco del operativo A ultranza Py.

Entre otros ítems, requieren datos de las personas que fueron detenidas, los lugares allanados, los inmuebles embargados, los bienes comisados, sean vehículos de alta gama, embarcaciones, camiones, maquinarias agrícolas, cabezas de ganado y otros.

Por otra parte, los parlamentarios también solicitaron todas las informaciones y los antecedentes que tengan relación con el procedimiento que se llevó a cabo en la ciudad de Hernandarias, el pasado jueves 17 de febrero del corriente año, en el Complejo Habitacional Paraná Country Club, en el marco del operativo Turf.

Esta diligencia, según los intervinientes, tenía como objetivo la detención del ciudadano brasileño, Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, quien, supuestamente, formaba parte de una importante red internacional de narcotraficantes, y se desempeñaba como encargado de realizar el tráfico de la droga desde el Paraguay al Brasil.

Igualmente, se pide informes de todo lo relacionado con el presunto narcotraficante Lindomar Reges Furtado, quien vivía en una lujosa residencia en el lugar allanado.

Finalmente, si la institución tiene conocimiento y puede proveer datos acerca de si Reges Furtado contaba con un habeas corpus para circular libremente; y si el documento prohibía a los miembros de las fuerzas públicas ejercer la aprehensión del mismo, a menos que sea en flagrancia de un crimen o delito.

La Secretaria Nacional Antidrogas tiene un plazo de 15 días para remitir las respuestas.

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