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Congreso vota por la impunidad y legaliza ocultamiento de bienes

Cámara de Diputados. Foto: Gentileza

Cámara de Diputados. Foto: Gentileza

El pleno de la Cámara de Senadores no logró reunir los 23 votos mínimos que se necesitaban para dar marcha atrás al proyecto de ley que permite la despenalización de los “olvidos” de las autoridades nacionales, en sus respectivas declaraciones juradas de bienes y patrimonios. La propuesta inicial, muy criticada por la ciudadanía en general por significar un camino más hacia la impunidad en hechos de corrupción, nació del seno de la bancada cartista de la Cámara Baja. De esta manera, la Cámara Alta aprobó el proyecto tal cual llegó de la Cámara Baja y elevó al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

Con esta decisión, se suprime la obligación legal de la Contraloría General de la República (CGR) de informar al Ministerio Público el ocultamiento de los bienes por parte de funcionarios públicos, como un supuesto hecho punible.

El polémico proyecto de ley nació en la bancada del movimiento Honor Colorado de la Cámara de Diputados, donde los legisladores introdujeron la figura de la despenalización, propuesta que recibió el apoyo de prácticamente todo el sector de los colorados y de otros partidos políticos.

Asimismo, recibió una avalancha de críticas y generó indignación en la opinión pública nacional, por tratarse de un nuevo gesto del cartismo para contribuir con la situación de impunidad en los innumerables hechos de corrupción que salpican a los miembros de esta fila política.

“¿Cómo uno se puede olvidar de las fortunas?”

El proyecto de ley pasó, en una primera rueda, a la Cámara Alta, donde el cuerpo legislativo votó por castigar el “olvido”, en consonancia con las normativas legales vigentes. En la segunda rueda, los miembros de la Cámara de Diputados, o “Cámara de la Vergüenza” como se le conoce mediáticamente, volvieron a ratificarse en su versión original, dejando una vez más el desenlace de la historia en manos de los senadores, quienes no reunieron los votos necesarios para volver a rechazar el documento.

Durante el análisis del proyecto, en la jornada del jueves, la senadora por el Partido Demócrata Progresista (PDP), Desirée Masi, se mostró a favor de votar por la versión del Senado, tras advertir que el cartismo busca dejar sin sanción las omisiones dolosas.

“¿Cómo uno se puede ‘olvidar’ de fortunas?”, cuestionó la legisladora y citó casos recientes de políticos que no declararon una docena de cuentas millonarias y extensas propiedades.

Los “olvidos” del cartismo

El que encabezó este movimiento ya semanas atrás fue el cuestionado diputado Basilio “Bachi” Núñez, quien anunció en su momento que la bancada de HC se ratificaría en la postura de despenalizar la declaración falsa, al señalar que hasta la fecha más de 1.500 funcionarios ya han procedido a la rectificación de sus declaraciones. En ese sentido, alegó que solo los colorados cartistas fueron expuestos en medios de comunicación por haberlo hecho.

Bachi Núñez realizó una modificación a su Declaración Jurada de Bienes en el 2020 y aseguró poseer un crédito “a largo plazo con la Cooperativa San Cristóbal”, de G. 1.073.400.000. Llamativamente el crédito nunca se pagó y en la rectificación el diputado reconoció que ya era del 2018.

Además de Bachi, lo mismo ocurre con Horacio Cartes, quien también habría ocultado en sus DDJJ a una empresa offshore de Panamá y que posteriormente quiso emendar rectificando su declaración jurada.

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