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EE. UU. no revelaría datos confidenciales solo por pedido de Fiscalía, reconoce experto

Hugo Velázquez. Foto: Gentileza

Hugo Velázquez. Foto: Gentileza

El pedido de la Fiscalía paraguaya al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, de colaborar con información relacionada al caso del “significativamente corrupto” Hugo Velázquez, desató un debate sobre la legalidad y la competencia que podría tener la solicitud para un trámite favorable. Desde el Ministerio Público sostienen que EE. UU. está obligado a cooperar, siempre y cuando todo se enmarque dentro de sus leyes.

Por su parte, el abogado y máster en leyes, Theodore Stimson, aclaró que la carta rogatoria jurídica se trata de una acción propia de la Fiscalía, en el marco de las posibilidades que proveen los tratados internacionales, y mencionó que no se trata de una cuestión de asuntos entre Estados, razón por la que EE. UU. no estaría obligado a proveer la información.

Incluso, -en entrevista con El Nacional– Stimson sostuvo que es muy probable que el país norteamericano deniegue o dilate el pedido de información, debido a que la investigación que lleva adelante “no es un delito común”, sino que se encuentra dentro de su ley internacional de combate a la cleptocracia, y que ellos harían prevalecer sus “intereses de seguridad nacional”.

“Lo más probable es que Estados Unidos deniegue o dilate (el pedido) porque la investigación de los Estados Unidos no es de un delito común sino de hechos que caen bajo su ley internacional de combate a la cleptocracia, y defensa de la transparencia y los derechos humanos. Hay intereses norteamericanos fundamentales en juego, intereses de seguridad nacional y geoestratégicos que van a prevalecer”, expresó.

“La información requerida a los Estados Unidos solo puede ser proporcionada si ella está autorizada por el derecho interno de los Estados Unidos, o si considera que la información pueda menoscabar su soberanía, su seguridad, su orden público o intereses fundamentales. La Ley 7031(c) sobre la base de la que Estados Unidos efectuó sus investigaciones y obtuvo su información creíble es una ley anti cleptocrática y de combate a la corrupción global en defensa de intereses de seguridad nacional, por lo que quedara totalmente a discreción de los Estados Unidos transmitir la información a la Fiscalía de Paraguay”, continuó.

“Permanecerá en reserva a criterio de EE. UU.”, expone

Agregó que todo esto supondrá previamente la coordinación entre el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia. “Por el momento esa información es clasificada y permanecerá en reserva a criterio de los EE. UU. A esto se agrega que si no hay doble incriminación. Es decir, si no es delito en los EE. UU. y son solo hechos que vulneran la ley anti cleptocratica de la Sección 7031(c), entonces la cooperación podrá denegarse”, precisó.

El abogado explicó que este pedido de cooperación por parte del Ministerio Público de Paraguay al Departamento de Justicia de los Estados Unidos se da en el marco de tratados internacionales. Reiteró que el pedido puede denegarse sobre la base de seguridad nacional, intereses fundamentales y orden público norteamericano.

En este punto, aclaró que “esto no significa que el Estado paraguayo haya elevado el caso a un asunto que está en la agenda bilateral de ambos estados”. Agregó que “simplemente significa que el Ministerio Público de Paraguay está investigando un posible hecho de corrupción en el territorio paraguayo. No es que la Cancillería haya tomado cartas en el asunto y que lo haya elevado a un asunto de los gobiernos”.

“El Ministerio Público es un órgano de investigación en Paraguay, el departamento de Justicia es un órgano de investigación en los Estados Unidos. Esto se circunscribe a la investigación de un posible hecho de corrupción en Paraguay, y de la información que pueda tener el departamento de Justicia de los Estados Unidos”, finalizó.

Antecedente

Recientemente el departamento de Justicia de Estados Unidos acuso el pedido de informe que hizo el Ministerio Público, y ya designó a un abogado litigante a fin de que este pueda indagar si corresponde o no autorizarlo.

En comunicación con Unicanal, el fiscal Manuel Doldán explicó que a fin de continuar con la investigación, la Fiscalía solicitó el informe al Departamento de Justicia del Gobierno norteamericano, a partir del convenio de cooperación internacional. El documento fue enviado el 22 de agosto pasado. Se trata de una carta rogatoria jurídica. Posteriormente el 25 del mismo mes, se dio acuse de recibo por parte de Estados Unidos.

“El Departamento de Justicia acusa recibo de la carta rogatoria paraguaya remitida por conducto de la autoridad central. Ellos comunican que están analizando la solicitud y asignando un abogado, que se va a encargar de ver qué es lo que Paraguay pide y ver a través de quién se va a cumplir, si será a través de un fiscal o un juez. Eso es de acuerdo a lo que la justicia paraguaya solicita”, explicó.

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