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Política

Analizarán nuevamente iniciativa de ley que regulariza objeción de conciencia

El servicio militar es obligatorio en Paraguay aunque no se cumple. Foto: Gentileza.

El servicio militar es obligatorio en Paraguay aunque no se cumple. Foto: Gentileza.

El proyecto que busca modificar la Ley n.º 4.013/2010 “Que reglamenta el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia al Servicio Militar Obligatorio y establece el servicio sustitutivo al mismo, en beneficio de la población civil”, será nuevamente analizado por la Cámara de Diputados. Recordemos que los inscriptos como objetores de conciencia tienen tres opciones para acceder al carnet de objetor de conciencia al SMO, según la propuesta de los diputados.

La primera consiste en realizar un servicio sustitutivo; la segunda abonar una multa de G. 400.000 y la tercera es no hacer el servicio social y declararse insolvente para no pagar la multa.

Tras el rechazo recibido por la Cámara de Senadores esta sería su tercer trámite constitucional, en su estudio en la Cámara Baja. Los diputados deberán decidir si aceptan el rechazo o siguen adelante con la propuesta aprobada por los mismos.

Para los proyectistas Jorge A. Mariño, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y Derlis Maidana, de la Asociación Nacional Republicana (ANR), la idea de establecer reglas claras que contribuyan a que los jóvenes sean conscientes de que la democracia se trata de asumir derechos y obligaciones.

Ante esto, en el Art. 20 de la propuesta, consiste en obligar a todos los varones de 18 años de edad, a contar, indistintamente, o con un carné o certificación de cumplimiento de la objeción de conciencia; constancia de pago de la contribución establecida en la ley; certificación de insolvencia o constancia de exoneración del pago por insolvencia, para la realización de determinados trámites públicos.

Por otro lado, la modificación del art. 21, se basa en la creación de un fondo con las contribuciones de los jóvenes que optan, en vez de prestar el servicio sustitutivo, al pago de una multa equivalente a cinco jornales mínimos para actividades diversas no especificadas.

“Los fondos de la contribución percibidos se destinarán al financiamiento de las políticas públicas de objeción de conciencia, y a acciones sociales en el ámbito de la niñez y adolescencia en situación de pobreza dentro del presupuesto de la Defensoría del Pueblo”, dice, expresamente el escrito publicado por la página de comunicación del Estamento.

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