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Política

Milciades Ovelar: “El caso del presidente de la CSJ afecta mucho la imagen del país”

Milciades Ovelar. Gentileza

Milciades Ovelar. Gentileza

POR Martín Ramírez Machuca
Dr. en Lingüística, Lenguas, Filosofía, Educación y Didáctica. Universidad de Kiel, Alemania.

Uno de los poderes más sensibles y esenciales del Estado es, sin lugar a dudas, el Poder Judicial, pues es la institución rectora que orienta y dirige los designios jurídicos para el logro de una correcta y armónica convivencia en una sociedad.

En estos últimos tiempos, el Poder Judicial de nuestro país está constantemente en el ojo de la tormenta, y parece ser que no puede ver la luz a raíz de tantos conflictos y problemas que carga a sus espaldas por décadas, y aparentemente sin ninguna intención de iniciar verdaderamente una reforma real y efectiva en ese ámbito.

Es más que importante entender el engranaje que implica el sistema judicial del país, y para ello, se deben analizar los problemas con los que actualmente está en confrontación esta institución.

En esta línea, El Nacional ha mantenido una didáctica charla con Milciades Ovelar Escobar, juez penal de sentencia del Alto Paraná, profesional con vasta experienccia en su área, quien con acertadas palabras nos ilustra algunos aspectos vitales del sistema judicial de nuestro país.

Graves acusaciones contra el presidente de la CSJ, ¿cuál es su reflexión hacia este hecho?

Es una situación que afecta mucho la imagen del Poder Judicial, pese a que las acusaciones apuntan directamente al hijo del ministro Fretes, pero la mediatización hace que las suspicacias disparen considerablemente, como sucede normalmente en estos casos. Cada figura pública está expuesta a esto, y para evitarlo uno debe cuidarse hasta de la conducta de los parientes, lo cual es muy difícil, pues cada persona mayor debe ser individualmente responsable de sus actos. Creo que debemos ser prudentes y no adelantarse a los hechos, todos merecemos, al menos, el beneficio de la duda. La situación ya tuvo una salida institucional, éticamente prudente, al apartarse del cargo y ahora, que los órganos competentes se encarguen de dilucidar cualquier conducta dudosa o censurable, conforme manda la ley.

La sociedad en general le ha bajado el pulgar al sistema judicial del país, ¿qué de verdad hay en esta percepción colectiva?

Diría yo, gran parte de la sociedad y no generalizar, pues todos los días se dan respuestas a miles de compatriotas que, con sed de justicia, recurren a los tribunales. Me arriesgaría en afirmar que 80 % de los usuarios directos de la justicia se sienten mínimamente satisfechos ante la respuesta que recibe en sus respectivos casos, al menos en el ámbito y en la materia en que yo me desempeño. Muchos ciudadanos vulnerables, víctimas de hechos punibles, reciben cada día esa respuesta deseada. Lamentablemente, las producciones positivas no se visualizan, mientras que sucede todo lo contario con los errores, de los cuales, otra vez, muchos no son reales. Es así porque muchas veces se dan, en el Poder Judicial, decisiones impopulares, que técnicamente son correctas y así se reducen los verdaderos errores, sobre los cuales, por mínimos que sean, finalmente surge esa percepción negativa, por lo que esta no siempre tiene un fundamento verídico o legítimo.

Se habla mucho de reformar el sistema judicial del país, ¿cómo se debe encarar para iniciar esta reforma?

Cuando hablamos de sistema, como tal, lo que debemos consolidar es la independencia del Poder Judicial, y para ello necesitamos una reforma constitucional, de modo que los poderes políticos no tengan injerencia alguna en la designación de los operadores de justicia, ni en el control de sus actuaciones. Los ministros de Corte y el fiscal general son designados por los parlamentarios y el presidente de la República, los jueces y agentes fiscales por un Consejo de la Magistratura, integrado por los mismos actores políticos; así como el Jurado de Enjuiciamiento que se encarga de enjuiciar a los magistrados; entonces, ¿de qué independencia podemos hablar?

Luego, debemos transformar la cultura misma, porque de tan politizada que está la estructura y, consecuentemente los latentes intereses perversos, muchas veces uno se encuentra sin la debida garantía para defender y sostener los verdaderos valores éticos y morales. Por eso, sin el coraje y suficiente valentía cuesta mucho mantener la integridad, pero yo soy muy optimista y creo en la mayoría de los colegas, que realmente demuestran esa entereza para dictar las más justas resoluciones, sin importar las consecuencias políticas o sociales que puedan generar aquellas.

Cuando hablamos de transformación cultural y de cambio de actitudes, ello debe surgir en la cabeza del Poder Judicial y lo deben hacer con prudencia y paciencia. Y esto se da en cierta medida con la nueva Corte Suprema que demuestra suficiente interés en mejorar la imagen de la justicia, aunque a veces no con los debidos criterios de sensatez, incurriendo en cierto apresuramiento, pero son cuestiones normales que se pueden ir ajustando de a poco, con la intervención de los gremios, los cuales necesariamente deben tener participación.

Ante la avanzada inseguridad jurídica existente en el país, ¿estamos técnicamente ante un Estado fallido?

Hablar de un Estado fallido es como que todo está perdido y eso no es real. El Estado paraguayo, como cualquier otro, tiene fallas y muchos errores, pero también virtudes, porque hay muchos funcionarios judiciales que hacemos patria, asumiendo con toda responsabilidad el rol respectivo, no importa que a veces debamos remar contra la corriente. Tal es así que existe la seguridad jurídica. Desde luego, hay mucho por mejorar; pero últimamente se muestra, por tenue que sea, una voluntad en la cúpula superior, para recorrer ese camino. Sin embargo, otra vez en lo mismo, si no hay una independencia real del Poder Judicial, es muy difícil que ese andar sea rápido, porque el cuerpo o la estructura que se debe reencauzar y limpiar es gigantesca, pues incluye todos los poderes, principalmente políticos (varias piezas por reparar). Sin embargo, cuando tengamos un Poder Judicial plenamente independiente trabajaríamos solamente en purificar una sola pieza, un todo que no dependa de otro; que no tenga excusa en la capacidad de autorredimirse. Por en cuanto, exhortamos que todos los poderes involucrados se reivindiquen con miras a una justicia transparente, celosa de los principios que rigen a un Estado de derecho.

Uno de los graves problemas en nuestro sistema es la mora judicial, ¿qué estrategias sugeriría usted para acelerar los casos?

De un tiempo a esta parte, se asumió el serio compromiso de luchar contra la morosidad y se logró avance importante. Una de las grandes estrategias es la utilización de los medios telemáticos en todos los fueros y luego la implementación del expediente eléctrico que agilizó bastante los trámites, principalmente en materia civil, donde se registra el mayor índice de mora judicial. En las zonas de mayor demanda, se debe incorporar más jueces y funcionarios judiciales e invertir en capacitaciones, así como en dignificar las remuneraciones; hay muchos que ni siquiera llegan al salario mínimo. Los profesionales del foro, por su parte, deben usar las herramientas procesales, no deben tener miedo para urgir y recurrir a quejas, cuando el expediente cae en mora. Ahora bien, en el Alto Paraná, en lo que respecta a las causas penales prácticamente no hay una morosidad, estamos dictando sentencias definitivas antes de un año de iniciarse el proceso; vale decir, estamos al día con la mayoría de los expedientes que llegan a juicio oral, gracias al esfuerzo extraordinario de los magistrados que se desempeñan en este fuero.

Otra problemática que lleva décadas es la superpoblación y hacinamiento del penal de Tacumbú, ¿hay visos de solución?

Todos los penales del país no son sino meros depósitos humanos y se mantienen en esas condiciones porque se cree que cualquier gastos son sencillamente pérdidas. Sin embargo, mejorar las condiciones de reclusión sería una de las más importantes inversiones, atendiendo la finalidad de reeducar a los delincuentes y nosotros hacemos lo contrario, al perfeccionarlos en esa indebida opción, por eso es una gran materia pendiente el objeto constitucional de la pena (la resocialización). Evitar hacinamiento y humanizar las condiciones de prisión (alimentación digna, ocupación sana, etc.) es lo básico, después están los equipos de profesionales interdisciplinarios que deben trabajar en la educación, reorientación conductual y formación laboral, entre otros aspectos imprescindibles. Algunos justifican con la baja presión tributaria de nuestro país, pero creo que, si hay voluntad y una correcta distribución de los bienes, tendremos los recursos necesarios; o sea, no podemos decir que somos un país pobre y por eso no nos ocupamos de los presos, porque ellos son los últimos en merecer consideración; eso es poco racional. En infraestructuras veo pequeños avances, por ejemplo aquí en Alto Paraná se construyó en Minga Guazú, por fin, un nuevo penal, pero aun no funciona, entiendo, por falta de presupuestos para el mantenimiento. Hasta el momento no veo visos de solución.

Por otro lado, siguen las famosas celdas VIP, ¿jurídicamente es esto legal?

A lo mejor eso es uno de los factores que favorece el descuido institucional, porque al mejorarse las condiciones generales ya no habrá forma de otorgar privilegios a los presos pudientes; lo que se constituye en un importante negocio ilegal, a todas luces. En principio podemos hablar de delitos de cohecho y soborno al mismo tiempo, y como es una práctica organizada, estructurada y que se mantiene en el tiempo, se trataría de una verdadera organización criminal.

Una leyenda urbana: el acceso a la justicia no llega a los más vulnerables. En su vasta experiencia, ¿qué nos puede relatar?

Sí, se escucha mucho, pero en el fuero penal y, en el lugar donde ejerzo la magistratura, al menos, no existe esa discriminación; todos los días hacemos justicia a los compatriotas desvalidos (víctimas de abuso sexual, de los famosos motochorros, de incumplimiento del deber alimentario, de violencia familiar, de homicidio, estafa y de cualquier otro delito); nunca miro las condiciones económicas de los sujetos procesales; a todos se les da el mismo tratamiento. Pasa que para construir aquel concepto se toman parámetros sobre casos muy mediáticos, como la corrupción pública, pero llamativamente en mi casi 7 años de hacer juicios orales, prácticamente no ha llegado semejante caso a esta instancia y, cuál es el órgano que impulsa la acción penal, el Ministerio Público. Si somos uno de los países más corruptos y, sin embargo, poco o nada tenemos juicios relacionados a corrupción es porque la institución persecutora sencillamente no impulsa y si lo hace y luego fracasa ante el órgano jurisdiccional es porque hizo mal sus investigaciones; sin desconocer que podría haber también debilidad en el Poder Judicial. Pero, en líneas generales, todos, sin distinción entre pobre y rico, acceden a la justicia de la mejor manera posible.

La Fiscalía General del Estado también está salpicada en esta nueva sacudida que dejó en estado de shock al país, ¿cuál es su análisis al respecto?

Este tipo de sacudida y desprestigio sin definición tiene mucho que ver con la falta de independencia sistémica, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público. Justamente la fiscal general es censurada por ser supuestamente condescendiente con el sector del poder político que, en su momento, la designó en el cargo. Al final todo queda en una mera disputa política porque no se ha hecho un análisis objetivo, ecuánimes y desinteresado. Es decir, sin una respuesta coherente a la ciudadanía.

Entre los corrillos judiciales, ¿percibe usted una independencia de la justicia?, ¿cómo se la puede blindar de grupos fácticos?

Como venimos reflexionando, no podemos hablar de una justicia independiente. Esto es un problema regional y por qué no, mundial. En los conversatorios, con colegas de los países de la región, se habla de la misma situación. Resulta que la independencia plena de la justicia implica una disminución de fuerza de los otros dos poderes del Estado y allí es donde surge el mayor conflicto de interés. Históricamente la justicia siempre estuvo sujeta al poder político; al patente, por ejemplo de la época de la monarquía. Es muy difícil el equilibrio que pregona la Constitución, porque tanto el Legislativo y Ejecutivo, juntos, se imponen al Judicial. Esto, hablando desde el punto de vista global y estructural; pero respecto a lo individual, en gran medida, depende del carácter y la personalidad de cada juez para que imponga su independencia personal. Y, recalco, hay muchos colegas que buscamos mantener nuestra integridad, aunque para ello tengamos que remar contra la corriente. Es así que el blindaje depende de una reforma estructural y de una revolución cultural.

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