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Política

CIDH: preocupa incumplimiento de fallos por parte del Estado paraguayo

El canciller nacional, Julio César Arriola, recibió en la fecha al presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), juez Ricardo Pérez Manrique con motivo de su visita académica al Paraguay. Gentileza

El canciller nacional, Julio César Arriola, recibió en la fecha al presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), juez Ricardo Pérez Manrique con motivo de su visita académica al Paraguay. Gentileza

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) manifestó su preocupación ante la falta de cumplimiento de condenas que la misma dictó contra el Estado paraguayo. El presidente de este organismo internacional, Ricardo Pérez Manrique, se encuentra en Asunción. Dialogó con autoridades del Poder Ejecutivo y Poder Judicial y anunció que el próximo año la Corte IDH enviará una comitiva para supervisar los casos de incumplimiento, especialmente, los relacionados a comunidades indígenas.

El alto magistrado internacional expresó que la Corte IDH tiene nueve condenas contra el Estado paraguayo y que, ante ello, existe preocupación por el hecho de que el Estado no cumple con la medida de restituir tierras a pueblos indígenas y construir caminos para estos pueblos originarios. “Se está demorando el cumplimiento; entonces, el próximo año vamos a insistir con este tema”, declaró Pérez Manrique.

El importante juez agregó que no tiene la fecha exacta de la constitución de los enviados de la Corte IDH a Paraguay, pero mencionó que seguro será en el primer semestre del 2023.

La Corte IDH controlará el cumplimiento de las nueve condenas contra Paraguay, entre las que se destacan casos vinculados a las comunidades indígenas Yakye Axa, Sawhoyamaxa y Xákmok Kásek, caso de Agustín Goiburú y el incendio de Panchito López. En estos casos, el Estado nunca completó el cumplimiento de la condena. Habrá audiencias e inspección in situ el próximo año, según adelantó el portal especializado en asuntos judiciales “La Tribuna”.

Para los Yakye Axa se adquirió una propiedad, pero aún faltan caminos de acceso. Para los Sawhoyamaxa, el Estado expropió tierras que ya son ocupadas por los beneficiarios, pero falta el título para que sea legal. Mientras que para Xákmok Kásek también se adquirió, pero no la totalidad de las tierras. Falta una facción de 3.000 hectáreas.

Además, la Corte obligó al Gobierno a que provea de asistencia médica a los miembros de los distintos grupos, pero esta condena no se cumple.

Caso Goiburú

Por la desaparición de Agustín Goiburú y otros, uno de los denunciantes, Rogelio Goiburú, indicó que algunos puntos se cumplieron y otros no. El Estado paraguayo reconoció la desaparición de personas durante la dictadura stronista y pidió disculpas públicas por los secuestros de su padre, junto con Carlos José Mancuello, Rodolfo Feliciano Ramírez Villalba y Benjamín De Jesús Ramírez Villalba.

También se realizó el pago por resarcimiento en el 2008, pero todavía falta condenar a todos los responsables de las torturas y desapariciones. Asimismo, queda pendiente la localización de las víctimas.

Caso Panchito López

En el caso del incendio del Instituto de Reeducación del Menor, Panchito López, ocurrido en el 2001, el Estado solamente resarció económicamente a los familiares. Falta la provisión de tratamiento médico para los afectados.

Caso Gerardo Vargas Areco

En el 2006, la Corte IDH condenó al Estado paraguayo por el asesinato del soldado Gerardo Vargas Areco, ocurrido el 30 de diciembre de 1989, en la II División de Infantería de Villarrica, departamento del Guairá. El Estado cumplió parte de la sentencia. Esto incluía modificar la ley del Servicio Militar Obligatorio (SMO), indemnizar a la familia, realizar cursos sobre derechos humanos en las Fuerzas Armadas y proveer de tratamiento médico a los afectados. Sin embargo, esto último no siempre se cumple, según habían denunciado los familiares.

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