Congreso Nacional sanciona normativa que extiende por 120 días emergencia penitenciaria en el país

La Cámara de Diputados sancionó este lunes en su sesión extraordinaria el proyecto que amplía a 120 días la vigencia de la ley de emergencia de todos los establecimientos penitenciarios del territorio de la República. El Senado había aprobado esta iniciativa la semana pasada, con modificaciones (en comparación con el pedido original del Poder Ejecutivo – Ministerio de Justicia); las cuales fueron aceptadas por la Cámara Baja. Ante esto, el proyecto de ley quedó sancionado.

“Esto nació por los hacinamientos y los clanes que ya controlan las cárceles. Estoy a favor porque no quiero que se quede un agujero, por la protección ciudadana, la gente que está afuera; pues el Estado, mínimamente, tiene que tener el control del grupo humano que está en la penitenciaría. Esta ley, de alguna manera, permitirá que se pueda controlar”, expresó el parlamentario Celso Kennedy. Sin embargo, indicó que esto es un “mal necesario”, al mencionar que no existe otra alternativa y no se puede dejar que la situación siga empeorando en las cárceles.

Durante la plenaria el diputado solicitó que se conviertan en comisión a fin de estudiar a fondo los alcances.

La modificación principal radicaba en el plazo de extensión del periodo de emergencia, ya que el documento del Poder Ejecutivo solicitaba 180 días, pero la Cámara Alta aprobó un plazo de 120 días. Esto, cabe recordar, busca la continuidad del concurso de las fuerzas públicas en la seguridad y vigilancia de los establecimientos penitenciarios de la Republica, debido a la sobrepoblación de los centros penitenciarios.

La situación obligó, incluso, a que algunos establecimientos estén con medidas de cierre administrativo para nuevos ingresos, como el caso de las penitenciarías regionales de Villarrica, Encarnación, Misiones, San Pedro y Emboscada.

Ampliar el periodo de emergencia permitiría encaminar soluciones en tal sentido, ya que se encuentran encaminadas las habilitaciones y puesta en funcionamiento de tres nuevos centros reclusorios, actualmente en fase de terminación.

En la misma línea, la congresista Kattya González, consideró que el problema mayor radica en la falta de información, al sostener que no es serio “copiar y pegar”, una solicitud de estas características.

Tampoco se mostró de acuerdo la congresista Celeste Amarilla, para quien este proyecto “surge con la sencilla intención de contratar operadores políticos”.

En cuanto al plazo, fue el titular de la Comisión de Presupuesto, diputado Arnaldo Samaniego, quien manifestó estar a favor de la versión Senado; es decir, que el plazo sea de 120 días.

970 puestos de trabajo

Por otra parte, varios diputados estuvieron a favor de ampliar la etapa de emergencia penitenciaria y otorgar más recursos para las personas que brindan seguridad en las cárceles. Pusieron énfasis en que, de no aprobar este documento, 970 funcionarios podrían quedar sin la renovación de sus contratos.

“Hay superpoblación en las cárceles y es mínima la cantidad de personas que tienen que mantener la armonía en esos establecimientos. Por supuesto que hay mucho por corregir, pero esta normativa debe ser respaldada porque la seguridad es fundamental”, dijo la diputada Jazmín Narváez.

Finalmente, por amplia mayoría, la Cámara Baja votó a favor de lo remitido por el Senado y el proyecto de ley fue sancionado y remitido al Poder Ejecutivo para la promulgación.