Por unanimidad, la Cámara Alta aprobó en general el proyecto de resolución que encomienda a la Contraloría General de la República auditar de forma contable y financiera los recursos socio-ambientales de la binacionales.
“No existe ningún ente del Estado que este exceptuado a estos controles”, dijo el proyectista, el legislador Blas Llano en sus exposición de motivos. En ese contexto, explicó que la propuesta es para los que se resisten con argumentos falaces y contradictorios que las binacionales son un Estado dentro de otro Estado.
En su intervención, el senador Salyn Buzarquis indicó que este proyecto bastante oportuno e importante para que los fondos de las binacionales sean de conocimiento público, “pero de verdad. Una cosa es que se publiquen fondos y otra saber a qué instituciones fueron destinados esos recursos”, aseveró.
Mencionó que desde el 2017 al 2020 se transfirieron a ONGs, empresas, gremios, sectores deportivos, asociaciones fiscales, e instituciones unos US$ 474 millones. Cree que ese dinero pudo haberse invertido en 2.600 aulas o 600 kilómetros de caminos. Mencionó que en honor a la Justicia no solo se trata trasparentar los recursos utilizado durante este Gobierno, porque esto viene desde hace siempre.
“No podemos hablar de discrecionalidad habiendo tantas necesidades. Esperó que esta auditoría sea profunda y no con ánimos de represalia alguna hacia nadie, sino para entiendan que Itaipu y Yacyreta no es un Estado dentro del Estado”, apuntó.
Por su parte, Stephan Rasmuseen consideró que es importante saber cómo se gasta ese dinero público que históricamente se utilizó para beneficiar a ciertos sectores del poder. Destacó que ningún Gobierno abrió las puertas de las binacionales nunca porque siempre utilizaron esos fondos como la caja chica para los amigos políticos del turno.
A su turno, el senador Martín Arévalo pidió introducir una modificación a la propuesta original y que se agreguen la auditoria de la gestión de gastos del periodo presidencial de Horacio Cartes, Mario Abdo, Fernando Lugo y Federico Franco para que la ciudadanía sepa cómo se condujeron esos partidos políticos, en el marco de la trasparencia, para sacar una conclusión de las actuaciones de estos actores. En tanto que Rodolfo Friedmann propuso que se audite las binacionales, pero desde la creación de los gastos sociales que fueron habilitados en el 2005 para tener un panorama completo en que se viene gastando.
Igualmente, el proyectista Llano respondió a ambos colegas que ese no es el espíritu de esta normativa. Dijo que la idea es que se audite desde el 15 de agosto del 2018, a los efectos de desmentir y clarificar que después de haber sancionado la ley del uso de los fondos sociales de Itaipu y Yayretá, dicen que esos recursos ya están comprometidos a otros proyectos.
"Pretenden convencernos de que hoy día ya no existen esos fondos y nos quieren dar recursos residuales, lo que quiero saber con esta auditoría y lo antes posible es en que se uso ese dinero. En que se gastó en estos 4 meses. De lo contrario la ley sancionada sobre uso de los recursos de las binacionales es letra muerta”, sentenció.
Aclaro que si se les agrega las modificaciones sugeridas por sus colegas tardaría muchos meses en saberse el resultado y que el objetivo es saber de inmediato la ejecución de ese dinero, porque urge paliar las necesidades económicas generadas por la pandemia. Les propuso a sus colegas Arévalo y Friedmann preparar juntos otro proyecto para auditar la gestión de los expresidentes.
El proyecto
Un grupo de senadores de distintas bancadas presentó un proyecto de resolución para que la Contraloría sea la encargada de auditar los gastos sociales de las Binacionales en el periodo de tiempo comprendido entre el 15 de agosto de 2018 a la fecha de aprobación de esta normativa.
El proyecto de resolución encomienda a la Contraloría General de la República a efectuar auditorías financieras y de gestión sobre el uso de los recursos en concepto de responsabilidad social empresarial, socioambiental y cualquier otro fondo social, sea cual fuese su denominación, ejecutados por las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá.
