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Política

Proyecto que prevé cárcel por cierre de rutas no afecta derecho de manifestación

Senador Enrique Riera. Foto: Gentileza

Senador Enrique Riera. Foto: Gentileza

El senador Enrique Riera, señaló en comunicación con los medios, que el proyecto de ley que plantea aplicar penas de cárcel a quienes cierren las rutas, no afecta al derecho de manifestación, huelga y paro. “Lo que no podemos hacer es perjudicar a los demás”, dijo.

“Los jueces y fiscales en lo penal tienen un principio que ya viene del derecho romano ‘nulla poena sine lege‘. No hay pena sin ley. Entonces vos podés aplicar la norma constitucional pero ¿cuánto le das? No tienen esa discrecionalidad. Y si no está en el Código Penal para ellos no es aplicable. Así lo dijo la fiscala de Paraguarí, por eso es que le buscamos una respuesta tratando de ser los más justos posible y dejar en claro que esto no afecta ni remotamente el derecho a la manifestación, la asociación, la huelga y el paro”, expresó.

Explicó que tanto la manifestación, como huelga u otras medidas están garantizadas, pero la Constitución establece límites, horarios, derechos de terceros y el funcionamiento de servicios públicos. “Todos nos podemos reunir y reivindicar nuestros legítimos reclamos, lo que no podemos hacer es perjudicar a los demás”, señaló.

“Efectivamente hoy en el Código Penal no existe esto, aunque parezca mentira, había para interrupción de tránsito fluvial, ferroviario, que casi ya no tenemos tren y hasta aéreo. Pero curiosamente no está en el terrestre. Está enfocado lo que hay en el Código Penal más sobre la conducta del conductor, pero el cierre de rutas así como ocurre en Paraguay, no está en el Código Penal y lo vamos a incorporar. O sea bajamos la norma constitucional al Código Penal para que los jueces y fiscales no encuentren excusa para no aplicarlo, para que así las fuerzas públicas tengan el respaldo de la ley”, explicó.

Apuntó que más allá de que sea justo o no el reclamo de los camioneros en este caso, u otros sectores en otros casos, no tienen el derecho de chantajear al gobierno y obstaculizar el tránsito de los paraguayos que deben llegar a sus puestos de trabajo.

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